Josué Bravo. 9 marzo
Comisión de Gobierno y Administración, foro donde se discute la reforma al empleo público. Foto: Josué Bravo
Comisión de Gobierno y Administración, foro donde se discute la reforma al empleo público. Foto: Josué Bravo

Cinco diputados de la Comisión de Gobierno y Administración aprobaron una moción que crea la figura de licencia de paternidad con goce de salario, en el sector público, por un mes.

Con votos del PLN, PAC, Nueva República e independientes, la comisión aprobó una moción en el proyecto de reforma al empleo público, que concederá la licencia al funcionario que tenga un hijo biológico o en adopción.

La propuesta es de la diputada del Partido Acción Ciudadana (PAC), Nielsen Pérez, y se aprobó durante el segundo día de mociones de revisión de ese proyecto.

La moción dice que el permiso será de un mes calendario y que se iniciará un día después del nacimiento o al momento de concretar una adopción.

La propuesta se aprobó con cinco votos a favor y tres en contra. La respaldaron los diputados liberacionistas Jorge Fonseca y David Gourzong; Víctor Morales Mora, del PAC; el fabricista Jonathan Prendas y la independiente Zoila Rosa Volio.

En contra votaron Wagner Jiménez, del PLN; Rodolfo Peña, del PUSC; y el independiente Dragos Dolanescu.

Por otra parte, la comisión aprobó otra moción de Pérez que amplía a seis meses la licencia de maternidad en el sector público para casos especiales.

El permiso de maternidad, que ahora es de cuatro meses e inicia un mes antes del parto, se ampliaría en dos meses más solo en nacimientos prematuros que acontezcan a las 37 semanas de gestación o antes, así como en nacimientos de niños con alguna discapacidad severa, enfermedad crónica y en partos múltiples.

“Esta ampliación de licencia de maternidad, para casos especiales, requiere del criterio de la persona profesional en medicina que atiende a la madre, quien definirá el plazo de su ampliación, de acuerdo a su complejidad”, reza la moción.

Esa iniciativa se aprobó con cinco votos a favor y tres en contra.

A favor se pronunciaron Dolanescu, Fonseca, Morales, Prendas y Volio. En contra votaron Gourzong, Jiménez y Peña.

Asimismo, la comisión aprobó un artículo que otorgaría permisos no remunerados, hasta de un tercio de la jornada laboral y hasta por un año, a los funcionarios que requieran cuidar a un familiar con discapacidad en situación de dependencia funcional o por razones de enfermedad terminal o accidente grave.

El permiso, también propuesto por Pérez, se otorgaría cuando existan nexos de consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado. Eso significa que se aplicaría en casos de pareja, padres, hijos, abuelos y nietos, por ejemplo.

Esos tres beneficios estaban contemplados en la versión del proyecto de empleo público que se dictaminó hace cuatro meses.

Sin embargo, la comisión los había eliminado durante el primer día de discusión de mociones de revisión, a principios del 2021.

El permiso para el cuido de familiares en condiciones especiales cambió de ser remunerado a no remunerado.

“Esta moción se recoge del texto original y se precisa aún más”, explicó Pérez.

La rojiamarilla dijo que, cada día, el país registra menos nacimientos, por lo que en su criterio el impacto económico sobre la seguridad social será bajo.

“Hay necesidades por parte de las mujeres de más tiempo en algunos casos más complejos. El caso del paladar hendido y labio leporino es una condición que requiere de mucho acompañamiento y cuidado de los bebé”, justificó.

Agregó que sus propuestas parten de un sentido de responsabilidad social y de protección a mujeres y niños durante el periodo de maternidad.

El socialcristiano Rodolfo Peña justificó su voto en contra por el impacto económico que generarían esos permisos en las remuneraciones.

No obstante, minutos antes había solicitado que 28.600 empleados del Estado que queden ganando menos del salario global, cuando este se implemente, pasen en poco tiempo al nuevo esquema.

Ese traslado provocaría un aumento salarial inmediato para esos funcionarios, lo que provocaría un incremento anual de ¢32.200 millones en el gasto público.