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Los diputados de la Comisión Investigadora de Créditos Bancarios del Congreso concluyeron que la empresa Hidrotárcoles incumplió con los compromisos de financiamiento que había adquirido para desarrollar el proyecto hidroeléctrico Capulín San Pablo, en Turrubares, hoy en abandono.
En su informe final del caso, los legisladores consignaron que el desarrollador debía aportar un 30% del costo total de la obra, mientras que el otro 70% correspondía al préstamo otorgado por el Banco Nacional.
Ese 30% equivalía a unos $35 millones, pero el aporte de la compañía fue de solo $4,8 millones.
Asimismo, la Comisión dio por probado que la participación accionaria de la empresa Hidrotárcoles era distinta a la original cuando el Banco Nacional le aprobó el préstamo por $117 millones para financiar el proyecto.
Es decir, los dueños eran distintos a los que participaron en la adjudicación de ese proyecto por parte del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
También, determinaron que la fecha del inicio de las operaciones en la construcción del proyecto solo se podía modificar por acuerdo de las partes y que el ICE nunca aceptó trasladar esa fecha al 2017 ni al 2019, como lo alegó la empresa.
De igual manera, los diputados dieron por probado que Hidrotárcoles aceptó la orden de inicio sin objeciones sobre la fecha y que la empresa mostró “reiteradamente” su incapacidad de cumplimiento con las obligaciones financieras del proyecto, al no conseguir en “tiempo prudente” el cierre financiero.
Asimismo, concluyeron que la empresa consiguió el crédito después de que la constructora Sánchez Carvajal dejó su participación en el proyecto.
En cuanto a las recomendaciones sobre este caso, los diputados acordaron pedirle al plenario legislativo que remita a la Fiscalía y a la Procuraduría General de la Ética sus actas para que se valoren los hechos y determine si los comparecientes que el panel convocó incurrieron en algún delito o alguna violación al deber de probidad.
Los diputados también instaron a la Presidencia de la República a “intervenir y mediar” en el proyecto, que fue declarado de interés nacional, pues afirman que “corre el riesgo de convertirse en una catástrofe”, por no tener las condiciones para resistir el deterioro provocado por el tiempo y el avance de la naturaleza.
Al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), en tanto, le recomendaron revisar el cartel de licitación en cuanto al plazo de firma del contrato.
