EscucharUn grupo de diputados busca que los miembros de los supremos poderes (el presidente y sus ministros, diputados y magistrados judiciales) sean juzgados en tribunales ordinarios cuando se les impute un delito, en vez de que hacerlo en la Sala III de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), como ocurre en la actualidad.
Con ese fin, el diputado socialcristiano Pedro Muñoz y el frenteamplista José María Villalta, alcanzaron un acuerdo, el miércoles 2 de marzo, en la Comisión Legislativa de Asuntos Jurídicos.
El acuerdo permitió dictaminar afirmativamente un proyecto de ley de Muñoz para hacer ajustes al Código Penal, la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley Orgánica del Ministerio Público, a fin de cambiar el articulado que ordena a la Sala de Casación Penal juzgar los hechos acusados por el Ministerio Público, o querellantes, en contra de los miembros de los supremos poderes.
A la vez, según la negociación, se impulsará una reforma constitucional presentada por Villalta para cambiar el inciso 9 del artículo 121 de la Carta Magna, el cual establece que, cuando la Asamblea Legislativa considera que hay méritos para que un miembro de un supremo poder sea juzgado, pone el caso “a disposición de la Corte Suprema de Justicia”. La idea es cambiar la frase final para que diga “a disposición del Poder Judicial”.
El acuerdo surgió luego de que ambos diputados discreparan durante el debate por el fondo del proyecto del socialcristiano para que altos funcionarios, con fueros especiales, puedan ser procesados en tribunales ordinarios una vez que el Congreso les levanta la inmunidad.
Con ello, se cambiaría el sistema actual que otorga a la Sala III la potestad de desarrollar esos procesos en primera instancia, con la posibilidad del imputado de recurrir ante el pleno de la Corte Suprema de Justicia.
Muñoz alegó que mediante su reforma se cumpliría con los principios constitucionales de igualdad y de juez natural que ahora no existen, en razón de que el artículo 33 de la Constitución Política establece que todas las personas son iguales ante la ley y que no habrá discriminación alguna.
En tanto, el numeral 35 establece que “nadie puede ser juzgado por comisión, tribunal o juez especialmente nombrado para el caso, sino exclusivamente por los tribunales establecidos de acuerdo con esta Constitución”.
Villalta aseguró que comparte el espíritu de la iniciativa, pero alegó que sería inconstitucional dado que el inciso 9 del artículo 121 de la Constitución, define que le corresponde a la Corte Suprema de Justicia el juzgamiento de los integrantes de los supremos poderes.
“Por el fondo yo creo en lo que aquí se plantea, creo que hay que cambiar el mecanismo de juzgamiento de los miembros de los supremos poderes. En general, creo que no debería de existir un trámite privilegiado y diferenciado como existe actualmente.
“Lo que pasa es que, para poder cambiar eso, tiene que cambiarse la Constitución Política que dice que será la Corte Suprema de Justicia (CSJ) la que juzgará a los miembros de los supremos poderes. Incluso, hemos presentado una reforma constitucional en esa dirección”, expuso Villalta.
El frenteamplista citó el artículo 156 constitucional que define a la CSJ como el tribunal superior del Poder Judicial, “y de ella dependen los tribunales, funcionarios y empleados en el ramo judicial, sin perjuicio de lo que dispone esta Constitución sobre servicio civil”.
Para Villalta, la Sala III es parte de la Corte, mientras que Muñoz sostuvo que el inciso 9 del artículo 121 constitucional no indica claramente que deba ser dicha Sala la encargada de enjuiciar a los miembros de los supremos poderes.
“Habla de que el juzgamiento debe hacerse por la Corte Suprema de Justicia. No dice, por ejemplo, que debe ser por la Sala Tercera, verdad. La Sala Tercera es tan parte de la CSJ como lo son los juzgados penales. Además, no podemos leer la Constitución Política en pedacitos.
“Hay otros dos artículos fundamentales en la Constitución como la igualdad ante la ley del artículo 33 y el derecho al juez natural del 35″, apuntó Muñoz.
A la discusión se sumó la diputada oficialista Carolina Hernández. Ella dijo estar de acuerdo con la lectura de Villalta y citó algunos ejemplos sobre los errores del actual sistema.
“Hay varias dificultades en la aplicación de la administración de justicia para miembros de supremos poderes. En este mismo cuatrienio a dos diputados que llevan procesos se les ha negado la posibilidad de acudir a una segunda instancia, solo tienen la primera instancia. Uno es el caso del diputado Otto Roberto Vargas y otro doña Floria Segreda. La segunda instancia es un derecho y no por ser miembro de supremos poderes esa negación debe darse”, señaló Hidalgo.
La propuesta de no archivar el proyecto de ley provino de Muñoz. Finalmente, su proyecto se dictaminó con siete votos a favor y uno en contra. Apoyaron el dictamen Muñoz, Villalta, Hidalgo, la liberacionista Franggi Nicolás, la restauracionista Mileidy Alvarado, el integracionista Walter Muñoz y la independiente Paola Vega. En contra votó el liberacionista Wagner Jiménez.
Villalta planteó que la iniciativa del socialcristiano no se aprobaría en primer debate hasta tanto su reforma no avance.
