EscucharLos diputados aprobaron en primer debate, este martes, el proyecto que limitaría la reelección indefinida de los alcaldes a un máximo de dos periodos consecutivos. El expediente recibió 40 votos a favor y uno en contra.
El plenario permitió el avance del plan con el compromiso de que se envíe una consulta a la Sala Constitucional para dilucidar la objeción que planteó el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), sobre la norma que impediría a los alcaldes aspirar a otro puesto tras cumplir ocho años en el cargo.
En el criterio enviado al Congreso por Eugenia Zamora, presidenta del TSE, el Tribunal reconocen el derecho de los diputados a limitar la reelección indefinida de los alcaldes y otros funcionarios municipales. Sin embargo, el órgano electoral considera una violación impedir a los alcaldes aspirar a otro puesto de elección popular municipal luego de cumplir ocho años de labor.
El proyecto les exigiría una pausa de ocho años para aspirar a cualquier otro cargo municipal. Para el TSE, eso va contra el derecho a ser electo.
El liberacionista Carlos Ricardo Benavides explicó que la propuesta de la mayoría del PLN fue seguir adelante con la aprobación de la iniciativa y enviarlo a consulta de la Sala Constitucional, para que, al regreso de la opinión consultiva, los legisladores puedan continuar con eventual corrección de la iniciativa.
Benavides refutó que haya un error de procedimiento al aprobar el expediente en periodo electoral, puesto que se trata de una reforma que afectaría las elecciones municipales y no los comicios nacionales que actualmente están en vigencia.
Mientras el expresidente legislativo hacía su explicación, estuvieron ausentes del plenario los congresistas más afines al régimen municipal, en particular los liberacionistas María José Corrales, Roberto Thompson, Daniel Ulate y Gustavo Viales. A la hora de la votación en primer debate, ellos sí estuvieron en el salón, mientras que Benavides quedó ausente.
El TSE señaló que levantaría su objeción al proyecto si se elimina la norma que impediría a los alcaldes reelectos aspirar a otros cargos.
Otros legisladores, como Luis Ramón Carranza, del PAC, también enfatizaron en que esta se trata de una reforma legal que no afecta el periodo electoral que actualmente tiene en sus manos el Tribunal. En su respuesta, el TSE recordó el artículo de la Constitución que establece que, en periodo electoral, no se puede aprobar leyes electorales contra su criterio.
En cuanto a la otra opción que tenían los legisladores para modificar el plan, que era devolverlo a la comisión dictaminadora según lo permite el artículo 154 del Reglamento de la Asamblea, Benavides planteó que eso abriría una tortuosa etapa para repetir una serie de trámites que ya se habían quemado, entre ellos las dos etapas de mociones de fondo y la reiteración de esas mociones, amén de que se podría devolver a comisión con plazo o sin plazo.
Eso podría implicar muchos días y, además, que se apruebe en primer debate después de las elecciones, cuando ya no haya presión política sobre los diputados para limitar, definitivamente, la reelección indefinida de los alcaldes.
El frenteamplista José María Villalta se mostró de acuerdo con el mecanismo de la consulta, pero sí enfatizó que se debe hacer bien, en el sentido de que los magistrados analicen procedimiento y fondo, porque en otros momentos la Sala ha evitado entrar en el fondo de un proyecto, aduciendo vicios de trámite, y no analiza el fondo, lo que hace gastar tiempo porque luego no se conoce si hay vicios de fondo en un plan.
“Les pido a los magistrados que hagan un análisis completo del proyecto, que sea analizado conjuntamente, si se puede votar o no, y si hay vicios de fondo por limitación excesiva del derecho a ser electoo, pero que no utilicen ese argumento de la economía procesal”, enfatizó.
El socialcristiano Pedro Muñoz habló en contra del proyecto y dijo que, nuevamente, lo votaría en forma negativa.
La última intervención antes de que se aprobara el proyecto fue de la independiente Shirley Díaz, quien afirmó que el riesgo de aprobar el proyecto pese a la objeción de TSE “vale la pena”.
“Yo voy a dar mi firma para que vaya a la Sala Constitucional, pero es fundamental aprobar este proyecto a la luz de los actos de corrupción que se han conocido”, enfatizó.
