Silvia Artavia. 3 marzo
La iniciativa de Yorleny León propone la liquidación de estos sistemas, respetando los derechos adquiridos de los beneficiarios. Foto: John Durán
La iniciativa de Yorleny León propone la liquidación de estos sistemas, respetando los derechos adquiridos de los beneficiarios. Foto: John Durán

La diputada liberacionista Yorleny León presentó este martes un proyecto de ley para eliminar los regímenes de pensiones complementarias que seis instituciones públicas crearon para sus funcionarios y que implican el uso de fondos públicos.

Se trata de sistemas para otorgar a los funcionarios una tercera jubilación aparte de la pensión básica (del IVM, de Gobierno o del Poder Judicial) y de la del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP).

Las entidades que dan este beneficio a sus funcionarios son el Banco Nacional (BN), el Banco de Costa Rica (BCR), la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) y la Junta de Protección Social (JPS).

Estas terceras pensiones responden a regímenes creados por leyes especiales o por reglamentos internos. Los aportes patronales son costeados con los presupuestos de las mismas instituciones, es decir, con fondos públicos.

Estos regímenes complementarios tienen actualmente más de 81.000 afiliados activos y más de 23.000 pensionados.

La iniciativa de León propone la liquidación de estos sistemas, respetando los derechos adquiridos de los beneficiarios. Es decir, al cerrarlos, se les paga el dinero acumulado a los afiliados y jubilados actuales y no se permitirá que más personas ingresen a ellos.

Según la legisladora verdiblanca, el objetivo es acabar con esos privilegios, los cuales cataloga de “irracionales”.

“El proyecto de ley que hoy proponemos al resto de diputados permite eliminar la inequidad que existe entre los distintos funcionarios públicos, así como entre funcionarios públicos y privados, ya que se elimina un privilegio que, hoy, es disfrutado solamente por cuatro instituciones y las entidades bancarias del Estado, aliviando las finanzas públicas”, comentó la diputada en un comunicado.

Asimismo, aseveró León, el propósito es reducir el gasto que hace el Estado en esos sistemas jubilatorios, en momentos en que el país necesita "ir ordenando el tema de pensiones”.

Regímenes desiguales

De acuerdo con datos de la Superintendencia de Pensiones (Supén), la pensión máxima otorgada en esos sistemas complementarios es de ¢7,1 millones en el régimen especial del Banco Nacional, al tiempo que, en el ICE, es de ¢1,6 millones y, en la CCSS, de ¢419.000.

La pensión promedio es de ¢937.000 en el BN, ¢325.000 en el ICE y ¢160.000 en la CCSS.

La desigualdad de estos regímenes en comparación con el resto reside, principalmente, en la forma en la que se distribuye el aporte tripartito (trabajador-patrono-Estado).

Sobre todo, en la cantidad aportada por el Estado, en su doble condición de Estado y de patrono cuando se trata de funcionarios públicos, como en este caso.

Aunque en la mayoría de estos sistemas el trabajador hace un aporte, estos son insuficientes y, por lo tanto, las pensiones se financian con el presupuesto de las instituciones a las que pertenecen.

Por ejemplo, en los regímenes especiales del ICT y de la CCSS, los empleados no hacen aporte alguno para esta pensión complementaria.

En tanto, los trabajadores del BCR entregan el 0,5% del salario, mientras que los del ICE dan el 1%, y los del BN, el 5,5%.

Como patrono, el BN y el BCR contribuyen, con fondos públicos, con el equivalente a un 10% de cada salario mensual; mientras que el ICT destina un 5% y el ICE, un 4,5%.

Por su parte, los funcionarios de la CCSS aportan un 2%, mientras que los vendedores de lotería de la JPS, un 1%.

Además del ICT y de la CCSS, en donde el empleado no cotiza nada, la relación más desigual es la del BCR. Este banco público aporta ¢20 por cada ¢1 que cotiza el empleado.

Los aportes para estas pensiones son adicionales a las cotizaciones que hace el sector público, en su doble condición de patrono y Estado, para las jubilaciones del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja (IVM) y del ROP de estos mismos funcionarios.

Para la pensión del IVM, las entidades aportan un 5,25% como patrono, y el Estado, un 1,41%.

En tanto, para la pensión complementaria del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP), las instituciones entregan un 4,25% como patronos.

Eso significa que en el BCR, por ejemplo, el Estado aporta el equivalente a casi un 21% del salario para las tres pensiones de cada empleado, mensualmente.

Según León, entre los agravantes de estas jubilaciones, destaca que, a pesar de haber sido creadas como un complemento a la pensión básica, “se han vuelto mucho más robustas que las pensiones obligatorias dadas por la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (Jupema) el Poder Judicial y el IVM de la Caja”.

Asimismo, destacó la diputada, muchas de esas pensiones vigentes en la actualidad carecen de una personería jurídica, lo que genera una situación de incertidumbre con respecto a cuál órgano asumiría la deuda con los jubilados, en caso de que una de estas instituciones se declare insolvente.