Cinco instituciones utilizan dinero público para financiarle a sus funcionarios una tercera pensión complementaria, aparte de la corrrespondiente al IVM y de la del ROP.
Para ello, estas entidades destinan, mes a mes, un monto adicional al salario de cada empleado, el cual equivale hasta un 10% del sueldo.
Las instituciones son el Banco Nacional (BN), el Banco de Costa Rica (BCR), la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y el Instituto Costarricense de Turismo (ICT).
Estas terceras pensiones responden a regímenes creados por leyes especiales o por reglamentos internos. Los aportes patronales son costeados con los presupuestos de las mismas instituciones; finalmente, con fondos públicos.
En los casos del ICT y de la CCSS, los empleados no hacen aporte alguno para esta pensión complementaria, mientras que los trabajadores del BCR entregan el 0,5% del salario; los del ICE dan el 1% y los del BN, el 5,5%.
En cambio, el resto de la ciudadanía aporta mucho más dinero para las jubilaciones de estos funcionarios, por medio del presupuesto de las instituciones.
El BN y el BCR contribuyen con el equivalente a un 10% de cada salario mensual; mientras que el ICT destina un 5%. En tanto, el ICE aporta un 4,5% y la CCSS un 2%.
Además del ICT y de la CCSS, en donde el funcionario no cotiza nada, la relación más desigual es la del BCR. Este banco público aporta ¢20 por cada ¢1 que cotiza el empleado.
Los aportes para estas pensiones son adicionales a las cotizaciones que hace el sector público, en su doble condición de patrono y Estado, para las jubilaciones del IVM y del ROP de estos mismos funcionarios.
Para la pensión de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la CCSS, las entidades aportan un 5,25% como patrono y el Estado, un 1,41%.
En tanto, para la pensión complementaria del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP), las instituciones entregan un 4,25% como patronos.
Eso significa que en el BCR, por ejemplo, el Estado aporta el equivalente a casi un 21% del salario para las tres pensiones de cada empleado, mensualmente.
Jubilaciones hasta de ¢7 millones
De acuerdo con datos de la Superintendencia de Pensiones (Supén), la pensión máxima es de ¢7,1 millones en el régimen especial del Banco Nacional, al tiempo que, en el ICE, es de ¢1,6 millones y, en la CCSS, de ¢419.000.
La pensión promedio es de ¢937.000 en el BN, ¢325.000 en el ICE y ¢160.000 en la CCSS.
Estos regímenes complementarios tienen actualmente más de 81.000 afiliados activos y más de 23.000 pensionados.
En el BN, el BCR y la CCSS, el cálculo de estas pensiones oscila entre un 5% y un 25% de un promedio salarial, aunque en el Banco Nacional el monto puede superar el 25% si la persona aplaza el retiro más allá de la edad requerida.
En el ICT y el BCR, los regímenes son de capitalización individual, por lo que el monto depende de los ahorros del funcionario, expone información de la Supén.
Sistemas deficitarios
Estudios ya revelaron la insostenibilidad de dos de estos regímenes.
En el caso del régimen del ICE, en el 2017 reportó un déficit actuarial de ¢24.065 millones debido al crecimiento de los salarios y a la estructura del pago de pluses.
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Para devolverle el equilibrio al sistema, un estudio recomendó subir la contribución bipartita de un 5,5% a un 6,58%.
De lo contrario, la reserva de ese fondo, de unos ¢304.330 millones, comenzará a decrecer a partir del 2041 y se agotará en el 2057, advirtió el informe.
El caso de la CCSS
En el caso del Fondo de Retiro de Empleados de la Caja (FRE), el departamento de Auditoría Interna de la CCSS le pidió a la Junta Directiva "tomar acciones inmediatas” para evitar la debacle de estas pensiones.
Esa instancia de la Caja prevé que el fondo se desfinanciará a partir del 2022 y que la reserva se agotará en el 2032.
El estudio reveló que dicho sistema, creado en 1983, tiene un déficit de casi ¢600.000 millones.
Por lo tanto, el informe recomendó aumentar la contribución al sistema de un 2% a 3,5%, así como recortar los beneficios. Hoy, estas pensiones oscilan entre un 5% y un 15% del promedio de los últimos 12 salarios.
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Jaime Barrantes, gerente de Pensiones de la Caja, argumentó que el aporte del 2% que hace la institución, para estas pensiones, se rebaja del 4,25% que, por ley, deben hacer los patronos para el ROP.
No obstante, aun así, el sistema es deficitario.
“Los trabajadores de la Caja tienen menos que el resto de los trabajadores de otras empresas en las operadoras de pensiones complementarias, porque una parte del aporte patronal que debería ir al ROP, se destina al FREE.
“En este sentido, los empleados de la Caja tenemos un 2,25%, y el resto de asalariados tiene un 4,25% (en el ROP). De esa diferencia se financia el fondo de retiro (complementario)", defendió Barrantes.
Sistemas creados en el siglo pasado
El director de Regímenes Colectivos de la Supén, Mauricio Soto, asegura que todos estos regímenes complementarios fueron creados en el siglo pasado.
“Hay que ubicar la mayoría de estos regímenes en un contexto histórico muy particular, que fue a finales de los años 40 y a principios de los 50 del siglo pasado. Básicamente, nacieron como beneficios para los empleados de estas instituciones”, comentó.
Lo cierto, reconoce Soto, es que todos estos sistemas de jubilaciones obedecen a la aprobación de leyes, las cuales, si es voluntad de los diputados, pueden ser reformados o derogadas.
“A como nacieron, los legisladores los pueden quitar. Eso no es potestad de Supén”, concluyó.
Otros dos regímenes ya extintos
Como en esas cinco instituciones, en el Banco Central y en la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE) existieron regímenes complementarios. Sin embargo, estos fueron cerrados.
Ante una consulta hecha por La Nación, el Banco Central contestó que había abolido este sistema desde hace más de 20 años.
Para marzo del 2019, la entidad reportó 40 jubilados, los cuales desembolsa poco más de ¢4 millones mensuales.
Por su parte, según Supén, en Recope el régimen existió por muy poco tiempo y se cerró en el 2002, versión que fue confirmada por la oficina de prensa de la Refinadora.
De este solo hay cinco pensionados, entre quienes el flujo de caja mensual es de ¢160.000, confirmó la Superintendencia.