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La defensa del extesorero del PAC, Maynor Sterling, pidió el uso de un brazalete de monitoreo electrónico como medida alterna a la pena de seis años de prisión que se le impuso, en diciembre del 2016, por un delito de estafa mayor en perjuicio del Estado.
El abogado de Sterling, Milton Serrano, propuso esa alternativa en caso de que se rechace el recurso de apelación que él presentó el 22 de febrero pasado, para anular la condena del Tribunal Penal de San José.
DEL ARCHIVO: PAC condenado por estafa al TSE
Esa fue la solicitud que hizo la mañana de este jueves, ante el Tribunal de Apelación de Sentencia, en Goicoechea, donde se convocó a una audiencia oral y pública para conocer ese recurso y otros dos que presentaron el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República.
"A pesar de que don Maynor no está de acuerdo con esta parte de mis alegatos, tengo que hacerlo por un asunto de responsabilidad profesional. En el remoto caso de que este Tribunal considere que todos los alegatos que yo he dado no son admisibles y que la sentencia (condenatoria) debería mantenerse, yo encarecidamente le solicitaría al Tribunal que entonces no se envíe al señor Sterling a un centro carcelario, las condiciones de él permiten que sea beneficiario de ese mecanismo de monitoreo satelital que ya está aplicando", expresó Serrano.
La posibilidad de que Sterling sea monitoreado las 24 horas con un GPS, en lugar de ir a una prisión, fue una alternativa planteada por el Tribunal Penal de San José, el 5 de diciembre del año anterior, cuando dictó la sentencia; sin embargo, en esa oportunidad los jueces alegaron que no era posible porque, para ese momento, los dispositivos no estaban en funcionamiento.
Ahora que la realidad cambió, la defensa del rojiamarillo pide que se contemple como una posibilidad, aunque insiste en que no hay razón para que Sterling haya sido condenado con este caso.
En específico, a Maynor Sterling se le condenó por cometer una estafa de casi ¢353 millones en contra del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), a la hora de que el Partido Acción Ciudadana (PAC) cobró la deuda política de las elecciones nacionales del 2010.
A él, los jueces le impusieron seis años de cárcel y al colaborador Manuel Antonio Bolaños, tres años. Al mismo tiempo, el PAC fue condenado solidariamente a retribuir al Estado unos ¢600 millones por el daño ocasionado. Esa suma la debe desembolsar la agrupación junto con los dos militantes.
"No se debió condenar a ninguno de los dos imputados. No hay dolo de parte de ellos. Don Maynor solo firmó unos documentos en su caracter de tesorero, pero él no es el ideólogo como afirma el Ministerio Público", declaró el abogado Serrano.
Él y Sterling aprovecharon la audiencia de este jueves para culpar al Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del TSE de la situación. "Eso es producto de la mala metodología del TSE", adujó el extesorero del PAC.
El caso. La Fiscalía acusó al PAC de incluir 263 contratos por servicios especiales "falsos" dentro de la liquidación de gastos que el TSE le reembolsó, una vez concluido el proceso electoral del 2010.
Al final del juicio, los jueces determinaron la falsedad de 179 de esos contratos, los cuales ascidenden a casi ¢353 millones. En el resto, dijeron, no se logró demostrar la falsedad, mientras que otros convenios no fueron incluidos dentro de la imputación.
Por esos polémicos contratos, el PAC recibió ¢516 millones. El Ministerio Público aseguraba que la estafa fue de ¢364 millones, pues no en todos los casos se pudo comprobar algún delito.
Otras apelaciones. En la audiencia de este jueves, la Fiscalía y la Procuraduría pidieron a los jueces Rosa María Acón, Aisen Herrera y Edwin Serrano rechazar la apelación de Maynor Sterling.
Al tiempo que el Ministerio Público solicitó anular la pena de seis años de cárcel que el Tribunal Penal le impuso a Sterling, para que se convoque a una nueva audiencia, en la cual pedirán una condena mayor.
En criterio del fiscal Alexánder Valverde, los hechos cometidos por el exdirigente del PAC son merecedores de ocho años de prisión.
Por su parte, el procurador penal Rándall Aguirre solicitó que se incluyan en la condena todos los 263 contratos denunciados y no solo 179. Él considera que si la petición es aceptada, el partido terminaría pagando unos ¢800 millones, en lugar de ¢600 millones, eso incluyendo costas del proceso e intereses.
