Política

Contraloría teme que proyecto de ‘lobby’ abra portillo a tráfico de influencias

Criterio sugiere dejar claros los límites en relación con materias o funciones sobre las que puede resultar ilegítimo o inconveniente permitir el cabildeo

La Contraloría General de la República (CGR) advirtió a los diputados de que el proyecto para regular el cabildeo o lobby tendría vacíos que legalizarían acercamientos o reuniones mediante las cuales se incurra en tráfico de influencias.

En específico, la CGR teme que se abran portillos que permitan acercamientos irregulares, pues el proyecto de ley solo entra a regular el lobby entre un grupo de funcionarios, dejando por fuera funciones o situaciones que podrían representar un conflicto de interés.

Además, insistió en que se deben ampliar las prohibiciones para ese grupo de funcionarios, pues la iniciativa solo prohíbe que se ejerza el lobby con familiares.

“Es esencial que se profundice sobre la figura del lobby, más allá de una simple definición conceptual, por ejemplo, que se definan claramente las circunstancias en las cuales es posible que se ejerza".

"También, debe considerarse la prohibición que tienen los funcionarios de quedar incursos en conflictos de interés que no solo se solventa o elude con impedimentos asociados a relaciones de parentesco por consanguinidad o afinidad”, señaló la CGR en un criterio del pasado 4 de diciembre.

Este proyecto de ley crearía los mecanismos de publicidad para las reuniones que se gesten entre un grupo de funcionarios públicos y lobistas o defensores de intereses privados. Además de que se generaría una agenda pública que registre estas actividades, los gestores de los intereses privados deberán constar en un registro público también.

El proyecto de ley solo regula este cabildeo con un grupo de funcionarios públicos entre los que están el presidente de la República, los vicepresidentes, diputados, magistrados, ministros, presidentes ejecutivos, procuradores y contralores generales, entre otros jerarcas.

“Se observa que se incluyó una prohibición para el ejercicio del lobby, asociada exclusivamente a un tema de parentesco por afinidad o consanguinidad con el respectivo funcionario público. Sin embargo, se sigue echando de menos que existan límites claros relacionados con, por ejemplo, materias o funciones sobre las que puede resultar ilegítimo o inconveniente permitir que exista un acercamiento tal, por parte de quienes pretendan ejercer la influencia que regula la norma”, insiste la CGR.

“El legislador deberá tener especial cuidado al momento de regular las actividades de lobby, verificar que no se esté regulando normativamente y, en consecuencia, regularizando o legitimando jurídicamente, conductas expresamente tipificadas como tráfico de influencias (o alguna otra conducta irregular) o que, por vía de esta regulación, se vacíe de contenido, de forma inadecuada, el señalado delito, pues podría provocarse un efecto contrario al deseado”, continuó.

Adicionalmente, la CGR exhortó a los diputados a crear un marco ético en el que se den las relaciones del cabildeo.

La propuesta contempla multas económicas y sanciones para quienes incumplan las medidas y restricciones contempladas en la propuesta de ley.

Confusión

La diputada proponente del proyecto, la socialcristiana María Inés Solís, considera que la CGR confunde el concepto de lobby con el de tráfico de influencias.

“Esta ley no tiene absolutamente nada que ver con tráfico de influencias. Tráfico de influencias es una figura completamente diferente al lobby y es una figura que ya está inclusive regulada y ya existe legislación al respecto”, manifestó.

Estas mismas observaciones habían sido comunicadas a los diputados en un criterio de agosto de este año, sin embargo, no fueron incorporadas en el texto sustitutivo aprobado por los diputados de la Comisión de Asuntos Jurídicos.

El expediente 21.346 fue dictaminado por ese foro el pasado 19 de noviembre y está listo que para ser discutido en plenario. En noviembre, superó el criterio de la Corte Plena, máximo órgano del Poder Judicial, que acordó que la propuesta no afectaba la función del Poder Judicial, por lo que requiere solo mayoría simple para su aprobación.

El proyecto fue dictaminado en la Comisión por los diputados Floria Segreda y Mileidy Alvarado de Restauración Nacional; Silvia Hernández y Franggi Nicolás de Liberación; Carolina Hidalgo y Enrique Sánchez del Partido Acción Ciudadana; José María Villalta del Frente Amplio y María Inés Solís.

La iniciativa no fue convocada en la agenda de sesiones extraordinarias que fija el Gobierno desde el pasado 1.° de diciembre hasta el 30 de abril del próximo año.

Rebeca Madrigal Q.

Rebeca Madrigal Q.

Periodista de asuntos políticos y de gobierno. Graduada en Periodismo de la Universidad Latina de Costa Rica.