Contraloría sancionó a 56 alcaldes y regidores en últimos 4 años

La Contraloría General de la República (CGR) impuso sanciones a 56 alcaldes, vicealcaldes y regidores, en los últimos cuatro años, al concluir que cometieron faltas en el ejercicio de sus cargos. De la aplicación de los castigos se encargan los concejos municipales, en tanto no existan procesos judiciales que lo impidan.

Los castigos van desde amonestaciones escritas hasta suspensiones sin goce de salario o dietas que parten desde ocho hasta los 30 días; estas recayeron sobre funcionarios de 23 municipalidades (28% de las existentes), en especial de San José, Golfito, Escazú, Tibás y Sarchí.

Del total de casos, 19 corresponden a alcaldes, tres a vicealcaldes y 34 a regidores. Algunos acumulan más de una sanción, de acuerdo con información suministrada por la Contraloría. Asimismo, varios casos obedecen a hechos ocurridos antes del 2020.

12 sancionados se postulan a un cargo

Doce sancionados se postularon para un nuevo cargo en las elecciones municipales del próximo domingo 4 de febrero. Siete de ellos aspiran a alcalde, cuatro buscan reelegirse como regidores y uno compite para un cargo de vicealcalde.

Al candidato a alcalde del Partido Liberación Nacional (PLN) por San José, Mario Vargas, la Contraloría lo sancionó por 30 días mientras era vicealcalde.

En el 2022, la CGR determinó que el alcalde Johnny Araya, Mario Vargas y otros servidores eran responsables “de culpa grave” por un pago ilegal de ¢253 millones a la empresa española Setex Aparki, encargada de los parquímetros de la capital.

El pago fue una indemnización solicitada por la empresa, la cual alegó que la ocupación de los parquímetros estaba por debajo de lo estimado. El gobierno local avaló la compensación y aumentó el porcentaje de comisiones en favor de la compañía. Estos hechos resultaron ilegales a la luz de la investigación de la Contraloría.

Según explicó Vargas a La Nación, él impugnó el castigo ante el Tribunal Contencioso Administrativo y está a la espera del fallo en primera instancia, bajo el expediente N. 22-004052-1027-CA-7.

A Roberto González, alcalde de Santo Domingo que busca la reelección con el partido Movimiento Avance Santo Domingo, la Contraloría también le impuso una suspensión de 30 días por incumplir las disposiciones de una auditoría de la CGR para garantizar el servicio de agua potable a las comunidades.

Patricia Bolaños Murillo, quien fue alcaldesa de Quepos en el periodo 2016-2020, aspira de nuevo a ese cargo por el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y acumuló dos sanciones de la CGR en los últimos cuatro años: una de 30 días y otra de 15 días.

La investigación CGR-PA-2020007553 concluyó que Bolaños, junto a un grupo de regidores, cometieron una infracción “importante” al no resguardar el nombre de un ciudadano que denunció un aparente caso de corrupción. Por esta causa se les suspendió 15 días.

La otra separación se deriva del expediente CGR-PA-2021007078, donde se le castigó por “grave negligencia e imprudencia”, debido a que suscribió una orden de compra a una empresa por materiales que no habían sido entregados al municipio.

Otro de los aspirantes con sanción es Fréiner Lara Blanco, actual alcalde de Golfito, Puntarenas, que busca reelegirse para el periodo 2024-2028 por el PUSC. Su castigo trascendió este mes de enero, luego de que la Contraloría recomendó separarlo por 20 días sin goce de sueldo.

El ente contralor determinó que el alcalde no hizo el análisis de las sumas giradas de más a funcionarios municipales ni acabó con las diferencias salariales, como pactó con la CGR al inicio de su administración. También, se le achacó el no recuperar las sumas pagadas indebidamente.

Lara explicó a este diario que al ingresar al puesto se le informó que debía de cumplir con una disposición derivada de una auditoría que realizó la CGR en el departamento de recursos humanos. Como parte de las disposiciones, la CGR solicitó un análisis de las sumas pagadas de más en las planillas del segundo semestre de 2017, así como en periodos anteriores y posteriores a esa fecha, que por disposición legal no estuvieran prescritas.

“Dentro de mis gestiones, estuvo realizar un estudio de mercado para verificar el costo de una auditoría externa que realizara ese estudio. Una vez que se contó con ese estudio, se incorporaron los recursos presupuestarios dentro del Presupuesto Extraordinario 2022 y se le comunicó a la CGR. Sin embargo, cierran la disposición el 8 de diciembre 2022 y aprueban el Presupuesto Extraordinario el 9 de diciembre; ocho días después se le comunicó al ente contralor que el proceso estaba adjudicado”, aseveró.

Aida Soto, actual vicealcaldesa de Golfito, también se postuló como candidata para los próximos comicios por el PUSC, solo que en esta ocasión presentó su nombre como alcaldesa del nuevo cantón de Puerto Jiménez, Puntarenas.

La CGR la sancionó por 15 días por un caso ocurrido cuando fungió como regidora propietaria, entre el 2016 y el 2020, en el municipio de Golfito. Según la investigación, la hoy vicealcaldesa junto a otros regidores realizó una “violación al deber de confidencialidad” respecto a la identidad de un denunciante que no resguardaron.

En Matina, el actual alcalde Walter Céspedes, del PUSC, aspira a la reelección. A él la Contraloría le impuso ocho días de suspensión por no responder en tiempo y forma órdenes de requerimiento solicitadas al jerarca municipal por el ente contralor.

El último candidato a alcalde con una sanción es Francisco González Madrigal, actual regidor y aspirante por Pueblo Garabito. En su caso, la sanción se debe a un ocultamiento de información en la declaración jurada de situación patrimonial del 2020 y la declaración jurada del 2021.

Según se señala en el expediente de la Contraloría, González reconoció que los hechos eran ciertos, pero indicó que, por un error involuntario y por desconocimiento, no reportó las sociedades en las que era representante legal.

Alejandra Valverde, regidora de Sarchí, Alajuela, explicó que en su caso la penalización fue una amonestación escrita y no requirió una suspensión. En su caso la CGR aplicó la sanción debido a que el concejo municipal no resguardó la identidad de un denunciante.

“Este hecho ocurrió en un momento en que no contábamos con una persona abogada que nos orientara mejor y que nos previniera de una posible falta. Tras lo ocurrido, desde el Concejo Municipal se tomaron acciones para mejorar la forma en que se maneja información sensible, para proteger datos y para asegurar el tratamiento adecuado de cada situación que enfrentamos. Este evento definitivamente marcó un precedente que vino a mejorar la forma en que trabajamos como órgano colegiado”, expresó Valverde.

Por su parte, Carolina Araya, candidata a regidora por Palmares, indicó que durante el periodo 2016-2020 no realizó en tiempo y forma su rendición de cuentas ante el ente contralor, por lo que produjo su sanción. “Fue por no hacer la rendición de cuentas en su debido tiempo, equivocarme en trámite no me hace corrupta”, aseguró.

La Nación buscó la versión de los alcaldes de Santo Domingo y Matina, así como de la exalcaldesa de Quepos, la vicealcaldesa de Golfito y el regidor de Garabito que aspira a ser alcalde.

Además, se buscó la versión de los regidores que registran sanciones y aspiran a reelegirse.

Funcionarios acumulan suspensiones

En estos últimos cuatro años, el alcalde que más sanciones acumuló es Johnny Araya, de la Municipalidad de San José, con un total de tres. La última trascendió este mes de enero, cuando, mediante la investigación CGR-PA-2021007218, la Contraloría ordenó suspender al alcalde por 20 días por la contratación de un bufete, sin concurso.

Las otras dos suspensiones de Araya se produjeron en 2022. Debido a la investigación CGR-PA-2020004537, el ente contralor resolvió sancionar al alcalde por 25 días por “culpa grave” por supuesto uso indebido de un automóvil municipal. La resolución del caso CGR-PA-2020002501 ordenó 30 días fuera del municipio por el caso de la indemnización ilegal pagada a la empresa encargada de los parquímetros del cantón.

Araya afirmó que le parece improcedente que la CGR destituya o imponga suspensiones a funcionarios municipales electos popularmente.

“Existe jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al respecto. He presentado mi caso ante la Comisión IDH, aun cuando ya las suspensiones se hayan ejecutado o estén en proceso de ejecución.

“Además, considero que en ninguno de los tres casos que yo he sido sancionado lleva razón la Contraloría, y por eso los he elevado al Tribunal Contencioso Administrativo. Me parece que mis apelaciones fueron resueltas desconociendo el fondo, pruebas y hasta jurisprudencia de la Sala I en algún caso”, expresó.

Rafael Tobías Murillo Rodríguez, alcalde del PLN en Garabito, Puntarenas, es otro de los jerarcas municipales con más de una sanción. Recibió dos suspensiones, de ocho días cada una, durante su actual administración. Este medio solicitó una reacción del funcionario.

Murillo indicó que las dos amonestaciones de la Contraloría se originaron por dos procedimientos realizados por diferentes funcionarios a los que les acató sus respectivos criterios técnicos.

“Se trata de dos procedimientos de dos funcionarios sobre un mismo caso, donde acaté la directriz de una jefatura de departamento al indicarme que sí procedía. Para mí es muy difícil porque confío en el criterio técnico y profesional de las jefaturas y por eso acepté la recomendación del Departamento correspondiente. Sin embargo, estoy tranquilo porque no es una infracción o un delito que yo haya cometido”, expresó el jerarca municipal de Garabito.

Arnoldo Barahona Cortés, jerarca del gobierno local de Escazú por el Partido Nueva Generación (PNG), también cuenta con dos sanciones de la CGR en estos cuatro años, ambas fueron interpuestas en 2022. En la investigación CGR-PA-2021005602, la Contraloría recomendó 30 días de suspensión por “culpa grave”.

Esta sanción que se aplicó contra el escazuceño se relaciona a un reconocimiento irregular de un incentivo salarial denominado “riesgo policial” que le fue pagado a un comunicador institucional de la Municipalidad de Escazú.

“Creo que la Contraloría se puede equivocar en algunas de sus acciones, son seres humanos. Siempre respetaré lo que decidan las autoridades. El tema de la justicia es algo que corresponde solo a los jueces de la República”, expresó Barahona.

Nota: Esta publicación fue actualizada a las 11:00 a.m. con la reacción de Alejandra Valverde, regidora de Sarchí y a la 1:00 p.m. con la versión de Carolina Araya, candidata a regidora por Palmares.