El proyecto de ley para crear un Consejo Nacional de Productividad y Competitividad (CNPC) significaría una carga más para el sector público, pues requeriría de un aumento del gasto y del aparato estatal. Así lo indicó la Contraloría General de la República en un criterio enviado este jueves 21 de octubre a la Comisión de Gobierno del Congreso, órgano que discute el texto.
Según la Contraloría, el proyecto demandaría la creación de nuevas estructuras administrativas, las cuales vendrían a aumentar la institucionalidad pública en momentos críticos para las finanzas públicas. Además, la propuesta legislativa no establece de dónde se tomarán los recursos para poner en funcionamiento el Consejo.
Esta iniciativa de ley plantea la creación de esa entidad, adscrita a la Presidencia, para potenciar la reactivación económica, especialmente por las afectaciones sufridas durante la pandemia de covid-19. Sin embargo, el ente contralor consideró que el proyecto no establece la ubicación que el CNPC tendría en la estructura del Ministerio de la Presidencia.
“Se ha advertido un crecimiento del aparato público desordenado, diversificado (atomización orgánica y funcional) y sin una visión coherente, clara y estratégica, lo cual ha provocado un panorama institucional complejo que dificulta la coordinación, planificación y ejecución de las políticas públicas, así como ineficiencias y duplicidades estructurales que comprometen la evaluación de resultados”, criticó la CGR.
Por otra parte, la CGR sugirió revisar las funciones que tendría el Consejo y compararlas con las de otros órganos públicos, con el fin de no incurrir en duplicidades.
El proyecto encarga al CNPC dar asesoramiento y seguimiento a nuevas políticas públicas orientadas en el desarrollo del país, así como consolidar una estrategia para mejorar la productividad, tomando como bases la innovación y el desarrollo de talento. La iniciativa de ley fue presentada por Silvia Hernández, diputada del Partido Liberación Nacional (PLN) y actual presidenta de la Asamblea Legislativa.
La propuesta pretende que el CNPC se componga de un Comité Asesor Estratégico, un Comité Ejecutivo y una Secretaría Técnica, que responderían al presidente de la República.
El Comité estratégico estaría integrado por expertos en temas como tecnología, innovación, digitalización, simplificación de trámites; trabajarían ad honorem y habría representantes de cámaras y promotoras. Por otra parte, el presidente, los vicepresidentes y el gabinete compondrían el Comité Ejecutivo; mientras que la Secretaría Técnica dependerá directamente del presidente y será dirigida por un secretario técnico.
Sobre la creación de la figura de la Secretaría Técnica, el órgano contralor estima “fundamental” que los diputados valoren con detalle la necesidad, idoneidad y conveniencia de otorgarle personalidad jurídica instrumental, ya que, en su criterio, no fue justificada en la exposición de motivos del texto.
Diputada: ‘No se crea más burocracia’
Silvia Hernández aseguró que con este consejo “no se crea más burocracia, ni una nueva estructura administrativa”. Anunció que la próxima semana enviará un oficio al órgano contralor aclarando los temas, pues está en toda la disposición de mejorar y fortalecer el proyecto.
“Me parece que quien suscribe la revisión desde la Contraloría no comprendió el propósito del proyecto de ley. La esencia de la propuesta es únicamente de articulación institucional pública y privada. No genera ningún impacto en el gasto ni en el presupuesto.
“El Consejo Asesor se conforma por expertos, nacionales e internacionales y es 100% voluntario. Son personas asesoras, tal cual lo indica amplia y explícitamente el proyecto de ley. Por ejemplo, el Comité Asesor lo integran representantes de ocho instituciones. Ellos también son ad honorem. Todo esto está en los artículos 2 y 3 del proyecto”, explicó.
Hernández insistió en que el personal de la secretaría es voluntario y lo ponen las instituciones miembros del Consejo, tal como lo indica el artículo 7 del proyecto; además, señaló que el único salario establecido es para la persona nombrada a cargo de la secretaría.
“La Secretaría sería una dependencia del despacho presidencial y, por lo tanto, el salario de quien funja como secretario o secretaria será parte del presupuesto anual de la Presidencia y puede ser incluso ejercido por algunos de los funcionarios del despacho presidencial. La orientación clara del proyecto es que no se genera ningún gasto adicional en el presupuesto ni en las finanzas”, enfatizó.
El secretario técnico cumpliría el rol de coordinación de las acciones que se tomen en el seno del Consejo y, según la legisladora, puede salir de cualquier institución. Por otra parte, recordó que un órgano similar a este funcionó en la administración Chinchilla Miranda (2010-2014), y “nunca generó ningún gasto”.
“Desde ese momento, el Banco Interamericano de Desarrollo recomendó mantener institucionalizado este Consejo. Articular el sector público con el sector privado es vital para fortalecer la competitividad elevando la productividad del país”, explicó.
Este proyecto se encuentra en su fase inicial y fue consultado a más de 20 instituciones. El Ministerio de Comercio Exterior (Comex) valoró positivamente el proyecto al señalar que promovería la formulación de estrategias y políticas en materia de competitividad, “los cuales son claves para el fortalecimiento del clima de inversión”.
