En una decisión sin precedentes en la historia parlamentaria de Costa Rica, la Asamblea Legislativa emitió anoche un contundente voto de censura contra el ministro de Seguridad Pública, Juan Diego Castro.
A las 6:29 p.m., el presidente del Congreso, Antonio Alvarez, anunció que 51 de los 56 diputados presentes en el plenario apoyaron una moción de protesta de la fracción del PLN por los hechos ocurridos el 7 de diciembre.
Castro encabezó en aquella ocasión un contingente de policías -algunos equipados con fusiles M-1, revólveres 9 milímetros y chalecos antibalas- que desfiló hasta las puertas de la Asamblea Legislativa.
Anoche, a las 7:10 p.m., el titular de Seguridad, quien participa en la cumbre de mandatarios centroamericanos que se realiza en San Pedro Sula, Honduras, se abstuvo de referirse sobre el voto de censura.
"No tengo ningún comentario, simplemente respeto la decisión de la Asamblea", dijo al periodista de La Nación Mauricio Hererra, en el hotel Copantl Sula. Negó que esta resolución implique algún tipo de presión para abandonar su puesto.
Mientras tanto, el presidente José María Figueres emitió -desde Honduras- un comunicado en el cual aseguró que respetará la decisión de los legisladores y lamentó las circunstancias que la motivaron.
"El Gobierno de la República continuará con su invariable conducta de respeto y de cooperación provechosa con la Asamblea legislativa, siempre en busca del mayor bienestar para el pueblo costarricense", aseveró Figueres.
Sindicalistas, empresarios y ministros emitieron anoche diversos puntos de vista. Unos avalaron la medida, otros la adversaron y el resto opinó que era resultado de un choque de poderes de la República.
La resolución adoptada ayer por los diputados no es de acatamiento obligatorio para el Poder Ejecutivo. Empero, constituye la primera vez que un alto jerarca gubernamental recibe una "amonestación moral" tan categórica.
El caso más cercano se produjo en 1971 cuando 25 legisladores respaldaron una propuesta para censurar al entonces ministro de Agricultura y Ganadería, Fernando Batalla Esquivel, contra 24 que la objetaron.
Pero dicha iniciativa, aunque obtuvo mayoría, no prosperó al no alcanzar el apoyo de las dos terceras partes del Congreso.
Expectación
El escrutinio que censuró al ministro Castro estuvo rodeado de un ambiente de expectación. En la soda de la Asamblea, en los pasillos y hasta alrededor de las curules, pequeños grupos de diputados especulaban sobre el desenlace.
A las 6:00 p.m., Antonio Alvarez ordenó cerrar el acceso de fotógrafos y camarógrafos al recinto plenario para iniciar la votación. Allí estaban presentes casi todos los legisladores; solo faltaba el liberacionista Manuel Antonio Barrantes.
Esta era la tercera ocasión en que el ministro Castro enfrentaba una moción de censura. Las dos anteriores, presentadas meses atrás por la fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), no prosperaron.
Los diputados -que hoy inician su receso de fin de año- desfilaron uno a uno hasta el costado norte del plenario, en donde estaba una urna cargada con 56 esferas blancas y negras. La mayoría se cuidó para mantener en secreto su selección.
Se contabilizaron 51 votos a favor y 5 en contra. Los liberacionistas Víctor Julio Brenes, Ottón Solís y Ricardo Garrón, así como Víctor Hugo Núñez, del Partido Agrario Nacional, reconocieron haberse opuesto a la medida.
El nombre del quinto legislador, también oficialista, no pudo ser corroborado.
Brenes opinó que la fracción del PLN deberá explicar que el voto de censura es exclusivamente contra un acto de un ministro y no contra las políticas de seguridad ni contra el presidente Figueres. Una opinión similar externó Garrón.
Luis Gerardo Villanueva, jefe de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), aclaró ayer que su bancada se mantiene leal al mandatario y apoya sus programas como la reforma del Estado y otros.
Indicó que la Asamblea Legislativa llegó hasta donde constitucionalmente puede y que ahora le corresponderá al mandatario decidir sobre el futuro del Ministro de Seguridad Pública.
Antonio Alvarez se manifestó muy satisfecho por el resultado de la votación al considerar que respalda las actuaciones de la presidencia legislativa y de las jefaturas de fracción. Estos solicitaron el pasado viernes la destitución de Castro.
"Rechazamos de manera rotunda cualquier tentación castrense que se incube en el espíritu de fuerzas reaccionarias y antidemocráticas", expresó Bernal Aragón, jefe de facción del PUSC, al comentar el voto de la moción de censura.
Colaboró en esta información Mauricio Herrera, enviado de La Nación a Honduras.
Voces divididas
Las siguientes son las reacciones de dirigentes de diversos sectores ante el voto de censura aprobado por la Asamblea Legislativa contra el ministro de Seguridad Pública, Juan Diego Castro:
Albino Vargas
(Asociación Nacional de Empleados Públicos):
"Eso es un acto muy cosmético desde el punto de vista político, dado que no tendrá ningún efecto por el carácter autoritario del Presidente de la República, ante una Asamblea que cada vez pierde legitimidad. Es un voto intrascendente."
Farid Ayales
(Ministro de Trabajo):
"Yo respaldo lo dicho por el Presidente de la República. Eso significa respaldar la acción del Ministro. Tal vez no estoy de acuerdo con el medio con que procedió, pero él actuó como creía y no podría entrar a censurar esas cosas. En esto debemos enfrentar responsablemente las acciones y si él consideró que debía decir y actuar de esa manera, mi colega goza de todo mi respaldo."
Miguel Schyfter,
presidente de la Cámara de Industrias:
"Desgraciadamente yo creo que el Ministro de Seguridad se excedió al llevar a los policías a la Asamblea Legislativa; su intención no era hacer ofensa, pero creo que los diputados están justificados en su decisión de hoy (ayer)".
Wílliam Bogantes:
secretario general de APSE:
"Creo que se trata de un conflicto entre poderes. El apoyo de la opinión pública que ha recibido Juan Diego Castro significa que aunque cometió un error al llevar la policía a la Asamblea, la gente lo minimiza y entiende que lo que se dio fue una protesta por la lentitud de la aprobación de las reformas legales que deben de hacerse para que los tribunales tengan más armas para combatir la delincuencia."