Carlos Alvarado: Si aumentamos presupuesto para educación, no cumpliríamos la regla fiscal

“Si lleváramos el presupuesto para educación, de la noche a la mañana, sin más, de donde está hoy hasta el 8%, pues cumpliríamos con la disposición constitucional, pero no cumpliríamos con la regla fiscal.”

Así respondió el presidente de la República, Carlos Alvarado, ante la sentencia de la Sala Constitucional que determinó que el Presupuesto Nacional de la República para el 2020 incumple, en dos rubros, con los preceptos de la Constitución Política.

Durante una conferencia de prensa, en medio del Consejo de Gobierno, este viernes, el mandatario alegó que es necesario ver el plan de gastos para el Gobierno con una “dosis de realismo y entendimiento”.

Pero, además, alegó que no siempre el meterle mucho dinero a un sector como el educativo ha asegurado resultados exitosos.

“En educación -y es el mismo caso en el PANI-, que nosotros pongamos esa plata presupuestariamente ahí no garantiza, como pasó en los últimos 10 años en Costa Rica, que incrementar la inversión mejore la educación. Eso no pasó”, manifestó Alvarado.

En particular, recordó que el país aprobó y puso en vigencia la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que impuso las normas de la regla fiscal y fijó límites al gasto corriente.

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Alvarado reconoció que, paralelamente, existen normas constitucionales que asignan montos fijos para la educación (8% del producto interno bruto) y para el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), por ejemplo.

“Todo eso hay que ponerlo en la balanza. El Presupuesto de la República que sometimos a consideración de la Asamblea cumple con la regla fiscal y lo hace porque es lo responsable, que el país siga por una ruta de saneamiento de las finanzas públicas”, manifestó ante los medios.

El mandatario agregó que esa regla fiscal evita que el Gobierno, “alegremente”, incremente el gasto o genere inversiones que no son oportunas.

El presidente reaccionó, en su atención semanal a la prensa, a la sentencia anunciada esta semana por la Sala Constitucional, donde avaló los topes a los gastos fijados por el Gobierno a las universidades y el Poder Judicial, pero cuestionó lo presupuestado para educación y el PANI.

En la respuesta a una consulta planteada por varios diputados, ese tribunal resolvió que el dinero asignado para la educación no alcanza al 8% del PIB establecido en la Carta Magna y que tampoco se cumple con el 7% de lo recaudado por el impuesto de la renta que, por ley, debe dársele al Patronato.

Carlos Alvarado recordó lo que con frecuencia decía la exministra de Hacienda, Rocío Aguilar, en torno al riesgo de que para cumplir con la regla fiscal, sin limitar los gastos y las inversiones responsablemente, “tendríamos que cerrar ministerios, para compensar”.

Además, el mandatario aseguró que, tanto en educación como en el PANI, aumentar el presupuesto que por ley les corresponde, no garantiza que se mejore la calidad del gasto o de la inversión.

“En educación, eso no pasó. Es similar en el PANI, que este año va a estar ejecutando el mayor monto en su historia, pero ciertamente falta una brecha para llegar al monto que por ley se le atribuye”, expuso el presidente.

“Uno podría decir que, para cumplir con la ley tal cual, en su espíritu y palabra, métale la plata al PANI, pero no tiene capacidad de ejecutarlo, porque históricamente no lo ha hecho. Similar pasa con el Ministerio de Educación Pública”, agregó Alvarado.

A pesar de lo resuelto por los magistrados constitucionales, el mandatario defendió el Presupuesto Ordinario para el Ejercicio 2020 que presentó el Ministerio de Hacienda al Congreso y que fue aprobado en noviembre.

“Estoy seguro de que fue el mejor presupuesto que se podía presentar. Tengo gran tranquilidad y mucho optimismo y esperanza de lo que podamos hacer con ese presupuesto el próximo año", manifestó Alvarado.

También, añadió que es austero y se acomodó de tal forma que permitió generar aumentos salariales a los policías y al sector público, “mesurados pero positivos”, así como avanzar en los parques para zonas de bajo desarrollo humano.