Ese es, precisamente, el alegato al que se opuso la Procuraduría General, la cual concluyó que estas designaciones deben ajustarse a los requisitos que establece el Estatuto de Servicio Exterior.

Ante el criterio de acatamiento obligatorio de la PGR, Campbell confirmó la separación de las funcionarias la semana pasada.

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Los documentos con la firma del presidente son los nombramientos de Adriana Murillo Ruin y Carolina Fernández Álvarez como directora y directora alterna de Política Exterior de la Cancillería, ambos del 9 de julio de este año.

Fernández fue viceministra de Relaciones Exteriores durante unas horas al principio del gobierno de Alvarado. Ella renunció un día después de que el medio digital crhoy.com publicó que, durante el gobierno de Laura Chinchilla, fue sancionada por abandonar su trabajo durante varias semanas cuando se desempeñaba como ministra consejera y encargada de negocios de la embajada de Costa Rica en Brasil.

Por otra parte, en el punto V de los acuerdos ejecutivos, se argumenta que “los cargos de directores son considerados puestos de confianza por ser cercanos al jerarca del Ministerio, forman parte del personal de apoyo para cumplir con su proyecto político, por ende son de libre nombramiento y remoción”.

"Forman parte del personal de apoyo para cumplir con su proyecto político, por ende, son de libre nombramiento y remoción", dicen los documentos, los cuales se fundamentan en el voto 1119-90 del 18 de setiembre de 1990 de la Sala IV.

En los acuerdos ejecutivos, el presidente y la canciller alegaron que ambas funcionarias cumplían con los requisitos para desempeñarse en el rango de embajador interno, por lo que procedieron a ascenderlas y a colocarlas en las plazas de directora y directora alterna.

Este medio consultó a Casa Presidencial por qué el presidente firmó los acuerdos y si lo ha hecho con los directores o cargos equivalentes de otros ministerios.

Esta fue la respuesta de la Presidencia: “Los nombramientos de embajadores internos, en cuya categoría caben las diferentes direcciones de la Cancillería, son cargos del Régimen de Servicio Exterior, razón por la cual corresponde al Poder Ejecutivo su nombramiento, tal y como se ha hecho históricamente".

"Estos acuerdos pasaron por revisión y cuentan con el visto bueno de las instancias técnicas de la Cancillería y del Departamento de Leyes y Decretos de la Presidencia”.

Y añade: “Reconocemos que, a partir de los recientes criterios externados por la Procuraduría General de la República, el procedimiento empleado para realizar esos nombramientos (y el que se ha seguido por décadas) es erróneo. Es por ello que se han adoptado las acciones necesarias para evitar que se repitan”.

Casa Presidencial adjuntó siete documentos con designaciones de direcciones en la Cancillería durante varios gobiernos, a modo de ejemplo.

Cuatro son nombramientos similares a los realizados por Alvarado y Campbell: ascensos de funcionarios diplomáticos a plazas de embajadores para que asumieran como directores; firmados por el canciller y el presidente de la República de turno en los años 2012, 2015 y 2017 (dos de ellos en este último año).

Otros tres, por el contrario, corresponden a nombramientos de funcionarios que ya tenían el rango de embajadores y cuyas designaciones como directores no fueron acompañadas por las firmas del mandatario de turno.

En uno de los documentos inclusive consta cómo, en el año 2013, la funcionaria Xinia Vargas Morera fue designada como directora alterna de Cooperación por recomendación de una comisión calificadora, en vez de haberse realizado un nombramiento discrecional como los que objeta el ente procurador.

Los acuerdos con los que el gobierno actual designó a Adriana Murillo Ruin y Carolina Fernández Álvarez son los primeros que especifican que las direcciones de la Cancillería se consideran puestos de confianza.

Consultados dos excancilleres sobre si es común que los puestos de directores sean firmados en conjunto con el presidente de la República, Manuel González y Fernando Naranjo aseguraron que, en sus casos, las designaciones las hicieron por sí mismos por tratarse de actos internos administrativos, sin la firma del presidente.

“Normalmente es un tema que tiene un contenido bastante administrativo”, dijo González. “No es algo en lo que el presidente vaya a meterse, normalmente”, añadió el excanciller.

Alegatos del Ejecutivo sobre los nombramientos

Cuando firmaron el nombramoento de Murillo Ruin, Alvarado y Campbell destacaron los 17 años de experiencia laboral de la funcionaria en el Ministerio, en distintos puestos, incluido el de Encargada de la División de Derechos Humanos en la Dirección de Política Exterior y el de Coordinadora del Sistema de Naciones Unidas en Costa Rica.

“Por su trayectoria y perfil, la Administración considera que la señora Murillo Ruin, resulta idónea para ocupar el cargo de Directora de Política Exterior. Igualmente, cumple con todos los requisitos que establece el ordenamiento jurídico para desempeñarse en el cargo de Embajador Interino en promoción, tal y como consta en ele xpediente de personal que se encuentra en el Proceso de Recursos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto”, dice el acuerdo.

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La conclusión fue idéntica en el caso de Fernández, cuando se le nombró como directora alterna. En el caso de dicha funcionaria, se resaltaron sus doce años de experiencia en la Cancillería, incluidas sus gestiones como ministra consejera y cónsul general en Brasil, así como en la Comisión Presidencia Pro Témpore de la Celac.

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El 30 de noviembre, cuando se le consultó sobre los cuestionamientos a la canciller Campbell, Alvarado respondió: “En este momento cuenta con mi confianza y, en este momento, necesitamos aclarar este punto”.

Ese día, el mandatario aseguró que existía confusión sobre el procedimiento correcto para el nombrar las direcciones de la Cancillería.

“Es una situación que es un área gris en materia de puestos de direcciones generales, existe esta confusión, es un tema que viene de tiempo atrás. Un medio lo comunicó, son más de una docena de nombramientos que se han hecho en varias administraciones porque es la costumbre y la costumbre no hace derecho, por eso estamos haciendo la consulta, para que sea vinculante y tener certeza jurídica”, dijo el mandatario.

Nota del redactor: Información actualizada a las 8 p. m. con la respuesta de Casa Presidencial a las consultas realizadas por este medio.