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El fiscal general, Carlo Díaz, rechazó frente a frente los argumentos de la diputada Carolina Delgado del Partido Liberación Nacional (PLN), para bloquear el avance del proyecto de reforma a la Ley contra el crimen organizado.
En una sesión de trabajo realizada este miércoles, en el plenario de la Asamblea Legislativa, fuera de la sesión oficial, la legisladora insistió en sus argumentos de supuesta ilegalidad e inconstitucionalidad de la reforma que Díaz está urgiendo a los congresistas.
No obstante, cuando el fiscal general le respondió, enfatizó que ni siquiera puede entenderle los argumentos que ella esgrimió.
“Me cuesta entender sus argumentos, porque usted mezcla muchas cosas y definitivamente, se lo digo con el mayor de los respetos, no es un argumento jurídico válido”, alegó Díaz.
El jerarca le expresó a Delgado que ella mezcla fechas que no existen en torno a la discusión y presume que existen 43 meses de prisión preventiva “cuando eso no existe”.
También cuestionó que, porque alguna persona dice que hay un vicio de inconstitucionalidad en el proyecto, ya esa reforma legal es inconstitucional, según la diputada.
“Ya la Sala Constitucional lo ha manifestado, yo mismo se lo he indicado, le puedo dar los votos de la Sala, donde dice que es una mera cuestión de legalidad. Referirme a su posición se me hace sumamente difícil, desde el punto de vista legal”, agregó el fiscal.
Díaz apuntó que no se trata de casos ordinarios, no es por robo de un atún, ni agresión con arma ni robos de celular, sino con bandas organizadas que tienen muchos recursos, más que el Estado, y “los utilizan para obtener ganancias, para comprar funcionarios públicos”.
En su argumentación, la verdiblanca precisamente adujo que Díaz reconocía una supuesta derogatoria de varios artículos de la Ley contra la delincuencia organizada que ella ha alegado.
Mientras la liberacionista decía en su intervención que el fiscal general había señalado un vacío legal en la normativa sobre delincuencia organizada, Díaz negaba con su cabeza y la legisladora insistió y le reclamó: “Usted lo dijo, aunque ahora no quiera reconocerlo”.
“No entiendo por qué vamos a liberar a cabecillas del narcotráfico y otros más si existe un plazo suficiente (ella alega que de 43 meses) para hacer la acusación. Es más, vienen liberando a cabecillas del narco aún antes de que fuéramos diputados y diputadas.
“Nada tiene que ver este proyecto de ley, de que haya mora fiscal, de que no puedan aplicar los 43 meses para hacer una acusación, porque las cosas no se están haciendo bien desde la Fiscalía”,adujo la parlamentaria.
Delgado señaló que “hay muchos jueces que han liberado gente porque el artículo 2 (de la Ley de combate al crimen organizado) está derogado y hay abogados constitucionalistas que han reafirmado el tema”.
En apoyo al fiscal general y su argumento, la presidenta de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea, la diputada Gloria Navas, criticó las acciones de Delgado para bloquear el expediente 23.090.
“Doña Carolina plantea un problema, pero estoy de acuerdo con sus expresiones, don Carlo, es muy difícil entenderla a ella. Lo que ella no ha dicho al país, ni explicado claramente, es que plantearon 600 mociones para retrasar el trámite de este proyecto. Si no hubieran hecho eso, no estaríamos en esta carrera”, subrayó.
Navas agregó que, además, presentaron sus respectivas mociones de revisión, lo que implicó casi 1.200 mociones. Como Delgado estaba ausente cuando Navas empezó su referencia, celebró que llegara durante su discurso.
La vicepresidenta del Congreso declaró que ella habló como abogada penalista, como litigante, como exjefa de la Defensa Pública, como exfiscal del Ministerio Público y como exjueza de la República.
“Sé exactamente cuál es el camino correcto que debemos seguir en esta posición. La Sala Constitucional ya se pronunció y dijo que esa derogatoria era asunto de legalidad y no constitucionalidad”, aseveró Navas.
Apuntó que la declaración de derogatoria de artículos de la Ley de combate al crimen organizado, que alegó Delgado, no los resuelve la Sala Constitucional, sino varios tribunales y, según lo que estos resuelvan, será finalmente la Sala Tercera, como tribunal de casación, el que defina la interpretación.
Por lo demás, la Asamblea resolverá este jueves el futuro de la reforma sobre crimen organizado, luego de aprobar el martes una dispensa de los trámites, para que el expediente llegue de forma acelerada al plenario y se pueda decidir si se aplica una vía rápida que permita aprobar la iniciativa antes del 7 de junio.
