De 1982 al 2007, Costa Rica pagó la membresía de un organismo internacional con fondos de origen desconocido y sin que la Asamblea Legislativa ratificara, previamente, el convenio que autorizaría la participación del país, como lo exige la Constitución Política.
Así lo dio a conocer este miércoles el canciller Arnoldo André Tinoco, ante los diputados de la Comisión de Relaciones Internacionales. En ese foro, se refirió a la relación que el país ha mantenido desde 1982 con la Oficina Internacional de Exposiciones, conocida como BIE por sus siglas en francés.
Según explicó el jerarca, el país consintió desde el 23 de noviembre de 1982 a las reglas del Convenio Relativo a la Exposiciones Internacionales, bajo el cual se rige el BEI, sin que dicho instrumento internacional fuera aprobado por la Asamblea Legislativa.
De acuerdo con el artículo 121 de la Constitución Política, al Congreso le compete de forma exclusiva, la aprobación o improbación de los convenios internacionales, tratados públicos y concordatos.
Desde ese momento, el país ha participado activamente en el organismo internacional, con voz y voto, para lo cual pagó una membresía por 25 años, sin que se tenga conocimiento de dónde salieron los recursos.
“Hemos investigado y descubrimos que no estaban en ninguno de los presupuestos, ni en los pagos de Tesorería”, manifestó André Tinoco.
Los pagos se hicieron desde 1982 y hasta el 2007. Después de ese periodo, el país cayó en una mora por 107.000 euros, que se mantiene hasta la actualidad.
“Puedo nada más especular de donde se pagó esto; en el pasado existió una fundación China de Taiwán, en Cancillería, con la cual se manejó un presupuesto paralelo (...). Pudo haber salido de ahí o de algún país cooperante, que pagó las cuotas, es la única explicación lógica que puedo imaginarme”, indicó.
El diputado José Pablo Sibaja, del Partido Nueva República, pidió al canciller interponer las denuncias correspondientes para determinar quién hizo los pagos, propuesta que aceptó el jerarca, pero con la advertencia de que los hechos habían prescrito.
A pesar de lo irregular del manejo de la relación con el BEI, el canciller pidió a los diputados aprobar la adhesión al Convenio con el organismo internacional, para regularizar la situación del país y continuar participando como miembro, previa cancelación de los montos adeudados.
Manifestó que se encuentra haciendo gestiones para obtener recursos de cooperación internacional no reembolsable, en aras de cubrir el monto adeudado y los costos de membresía de los próximos cinco años.
Anualmente se debe pagar una membresía de $12.000, la cual se espera sea asumida por el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) y con la eventual colaboración de la Promotora de Comercio Exterior (Procomer).
El BEI se encarga de regular las exposiciones internacionales, que no sean de naturaleza comercial. El organismo ha auspiciado más 50 eventos desde su creación en 1928; el último se realizó en 2020, en Dubái, Emiratos Árabes, en el cual Costa Rica participó.
La participación del país en estas actividades supone una inversión cercana al millón de dólares, que principalmente se financia por medio de donaciones. La próxima exposición se realizará en el 2025 en Osaka, Japón; Costa Rica estará ausente al no conseguir el patrocinio de cooperantes.