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La Cámara de Comercio de Costa Rica lanzó duras críticas al proyecto de ley que crearía un mecanismo de control y monitoreo de las bebidas alcohólicas como mecanismo de trazabilidad fiscal.
Este miércoles, en la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa, el director ejecutivo de la Cámara, Alonso Elizondo, aseguró que el combate al contrabando, a la adulteración y la falsificación de licores no se resuelve con colocarle un dispositivo a cada botella, tal como lo plantea la iniciativa de ley.
Ante los diputados de ese foro, añadió que la iniciativa legal necesita muchos cambios antes de avanzar en el Congreso. En particular, consideró que colocar los mecanismos de etiquetado en botellas de licores importados, en las fronteras, podría estar legitimando productos “falsos o adulterados”.
“Según el proyecto, el sistema de trazabilidad es después de las fronteras, pero eso genera un riesgo, porque si se coloca en la frontera podría estar legitimando los productos”, dijo Elizondo.
El vocero de la Cámara de Comercio añadió que el consumidor podría quedar vulnerable ante cualquier tipo de emulación del sistema y que el proyecto no presenta un valor agregado para combatir el problema de la detección de productos adulterados o falsificados.
“Ojalá fuera tan sencillo como poner un dispositivo en el producto y que se acabe el contrabando. Con o sin dispositivo, el problema es el exceso de carga tributaria, tampoco es que con esto vayamos a recaudar más impuestos”, dijo el vocero de los comerciantes.
La opinión de Elizondo coincidió con el criterio de la ministra de Economía, Victoria Fernández, en que se deben dividir y separar claramente los conceptos de contrabando, adulteración y falsificación en la iniciativa legal, por tratarse de cosas totalmente distintas.
El martes, además, el viceministro de Hacienda, Nogui Acosta, aseguró que la implementación de un sistema de etiquetado a cada una de las botellas podría ser mucho más caro de lo que se lograría rescatar por la reducción del contrabando.
MEIC sin recursos
La ministra de Economía enfatizó, ante los legisladores, que quien se encargue de ejecutar las disposiciones del proyecto, que son la de implementar un etiquetado y un monitoreo de los licores, debe contar con los recursos necesarios para hacerlo.
Fernández comentó que, en el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), por ejemplo, solo cuentan con seis funcionarios para el área de vigilancia de mercados, con responsabilidades tan amplias como la fiscalización del mercado de la carne, por ejemplo.
Apuntó que Economía bien podría coayudvar al Ministerio de Salud en las actividades de vigilancia, pero con recursos para hacerlo.
Además, la jerarca del MEIC recomendó a los congresista considerar la posibilidad de establecer un mecanismo de trazabilidad flexible y basado en el riesgo de las bebidas con contenido alcohólico destiladas.
El diputado Daniel Ulate, uno de los más interesados en el avance del proyecto, aseguró ante las palabras de la ministra que él y Pablo Abarca, de la Unidad Social Cristiana, tienen entre manos una moción para eliminar toda competencia del MEIC de la iniciativa legal.
