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Los diputados de la Comisión de Asuntos Económicos llegaron a un acuerdo para desentrabar el proyecto de ley que permitiría a autobuseros prestar el servicio de transporte público con unidades cuya antigüedad máxima venció desde el 2021, por el plazo adicional de un año.
Una nueva moción, consensuada con los diputados de las seis fracciones, incluido el Frente Amplio, daría esta opción a los micro, pequeños y medianos autobuseros.
Esa clasificación se haría según los parámetros que utiliza la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), la cual determina que las empresas grandes son las que cuentan con más de 35 unidades.
Con ese acuerdo, se descarta la primera intención de los diputados de incluir a empresas de mayor tamaño, con excepción de las que operan la figura de cooperativa. A estas últimas sí se les concede el beneficio, sin importar su tamaño.
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De acuerdo con la moción, las autobuseras que operen bajo esos criterios, podrán circular unidades modelos 2006, 2007 y 2008. Las primeras salieron de circulación desde el 2021, mientras que las del 2008 cumplirán los 15 años de vida útil a finales de este 2023, pero las podrán usar hasta el 2024, un año después de haber sido aprobada la ley, si esta prospera en el plenario.
Sofía Guillén, diputada el Frente Amplio, aclaró que el acuerdo incluye el criterio de que solo podrán usarse buses viejos que cumplan con la Ley 7.600 y su reglamento.
La fracción que representa Guillén tenía entrabada la discusión de este proyecto de ley con más de 100 mociones. Como parte del acuerdo, estas propuestas fueron sometidas a votación sin discusión y resultaron rechazadas, en la sesión de este martes.
Luego, vendrá otro periodo de discusión de mociones en la que se aprobará el acuerdo político alcanzado, aunque los diputados siempre tendrán la posibilidad de presentar otras alternativas de enmiendas.
Guillén afirmó que el proyecto de ley será sometido a consulta constitucional, ante las inquietudes de grupos como las personas con discapacidad que sostienen que la iniciativa no cumple con la Constitución Política al no haber sido consultados previamente, pese a que se trata de una reforma a la Ley 7.600.
El expediente 20.530 es una iniciativa del exdiputado Erwen Masís, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC). En junio del 2021, entró el plan original, el cual no incluía criterios para seleccionar beneficiarios y pretendía subir la antigüedad de los buses de 15 a 20 años.
La propuesta fue respaldada por los diputados de los partidos Liberación Nacional (PLN), Progreso Social Democrático (PPSD), Liberal Progresista (PLP) y Nueva República (PNR), además del PUSC.
Además, el Gobierno mantuvo convocado el proyecto de ley en las sesiones extraordinarias del Congreso, con respaldo del ministro de Transportes, Luis Amador.
