Abogados podrían dar servicios gratuitos a personas con ingresos inferiores a ¢924.000

El expediente 21.791, que recibió cinco votos a favor y uno en contra, restablecería en la legislación el “beneficio a la pobreza”, una figura que estaba contemplada en el Código Procesal Civil antes del 2016.

Esta figura consistía en que una persona con pocos recursos, según un parámetro determinado por la Corte Plena, podía solicitar asistencia legal gratuita en litigios civiles o en materia sucesoria.

En este proyecto, la figura implicaría que los profesionales en Derecho no sean sancionados por el Colegio de Abogados por no cobrar honorarios a personas con ingresos por debajo de ¢924.000 mensuales.

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Para determinar los ingresos de la persona, los jueces civiles tendrían que descontar lo que el interesado gaste en “la casa de habitación familiar, las acciones judiciales, los créditos de cobro difícil, las pensiones alimenticias, los beneficios sociales, ni las herramientas, instrumentos o útiles indispensables para el ejercicio de la profesión u oficio de quien solicita esta gracia”.

El monto equivale a dos salarios base. José María Villalta, impulsor de la reforma, reconoció que el tope “es muy alto”, pero afirmó que existe un acuerdo en la Comisión de Jurídicos para bajarlo vía moción de ajuste.

Por otra parte, así como lo estipulaba la norma derogada, la propuesta actual dice que el beneficio solo podrá pedirse para procesos determinados, antes de su inicio o dentro de él y que la persona que lo obtenga no estará obligado a hacer depósitos de dinero en los casos en que la ley lo exige, excepto en los embargos preventivos.

“No podrá obligarse al litigante pobre a garantizar las costas del proceso, pero tampoco podrá éste exigir que lo haga la parte o partes contrarias”, añade la iniciativa.

El proyecto es diferente al concepto procesal propio de la figura, advirtió a los diputados la Procuraduría General de la República (PGR).

El abogado del Estado dice que la propuesta cambia el concepto de obtener el beneficio de pobreza, como ocurría anteriormente, a establecer el derecho a obtener servicios gratuitos de abogacía y notariado.

“El objetivo de ese beneficio nunca fue la obtención de servicios gratuitos de abogacía y notariado, como al parecer lo conceptualiza la propuesta legislativa, sino, solamente, la posibilidad del litigante pobre de no estar obligado a hacer depósitos de dinero en los casos en que la ley lo exige, excepto el caso de embargo preventivo, ni obligársele a garantizar las costas del proceso”, criticó el abogado del Estado.

También, señaló que “el no obligar al litigante pobre a garantizar las costas del proceso, tiene como consecuencia que tampoco se podrá exigir que lo haga la parte o partes”.

Villalta, en tanto, aseguró que su idea es que, con la autorización de un juez, un abogado de manera voluntaria pueda llevar gratuitamente los procesos civiles de personas de escasos recursos que soliciten ser declarada en esa condición de pobreza.

“Implica que se le exime de costas o fianzas en los procesos civiles. En materia civil, en general, no existe una defensa pública gratuita, no existe una abogacía gratuita costeada por el Estado. Hay personas de escasos recursos que no pueden pagar abogados, eso se da mucho en procesos sucesorios, que es el ejemplo más claro, pero también puede darse en procesos civiles donde no exista defensa pública”, argumentó el diputado.

Empero, el socialcristiano Pedro Muñoz, quien votó en contra del dictamen, recomendó cambiar la redacción.

“El verbo usado en el proyecto es ‘tendrán’. ‘Tendrán’ pareciera que las personas sí tienen derecho recibirlo y alguien tendrán obligación que darlo”, subrayó Muñoz.

En la versión inicial del proyecto se contemplaba eximir a los abogados y notarios de la obligación de acatar las tarifas de honorarios que dicte el Colegio.

No obstante, el Colegio se opuso. Ante la queja, Villalta optó por eliminar esa parte de la iniciativa hasta que se pueda redactar una propuesta más ajustada que se pueda introducir en la etapa de revisión.

El dictamen afirmativo lo votaron los congresistas Franggi Nicolás y Wagner Jiménez, del Partido Liberación Nacional (PLN); Carolina Hidalgo, del Partido Acción Ciudadana (PAC); Villalta y la independiente Paola Vega.