Gerardo Ruiz R.. 22 febrero

Mientras Bancrédito fenece por falta de dinero, los 7 diputados de la Comisión Especial de Cartago firmaron un proyecto de ley que obligaría al banco a darles ¢3.000 millones a sus empleados y exempleados como bonificación adicional, equivalente a cuatro salarios mensuales, aparte de las prestaciones legales.

Aprobar la propuesta sería "ruinoso" para Bancrédito, advirtió el interventor de la entidad financiera, Marco Hernández, pues ese dinero nunca se contempló dentro de la reserva creada para cubrir la cesantía de los trabajadores.

La idea fue incluida en el artículo 5 del proyecto de ley que estudian los diputados de Cartago para ayudar y proteger a los casi 800 funcionarios del banco.

Los firmantes son Paulina Ramírez y Julio Rojas, del PLN; Marco Redondo y Emilia Molina, del PAC, Jorge Rodríguez, del PUSC; Francisco Camacho, del FA; y Mario Redondo, de Alianza Demócrata Cristiana (ADC).

En el proyecto, se estipula que los funcionarios que cesaron o que cesen su relación con Bancrédito tendrán derecho a "la bonificación establecida en el artículo 25 inciso b) de la Ley para el Equilibrio Financiero del Sector Público (N°. 6955)".

Ese numeral dice que la Administración Pública podrá ofrecer el pago de prestaciones más una bonificación a los servidores que estimen conveniente, si estos están de acuerdo y renuncian para salir del sector público.

El artículo detalla que esa bonificación, que define como un incentivo adicional al reconocimiento por los años de servicio, podrá ser de hasta cuatro mensualidades del salario promedio de los últimos seis meses laborados.

Consultado por La Nación, el interventor Hernández estimó que pagarles el incentivo de cuatro salarios a los 769 funcionarios de Bancrédito equivaldría a un gasto adicional de ¢3.000 millones, que el banco no puede costear en este momento.

"Si bien la entidad bancaria había hecho las reservas del caso para cumplir con sus obligaciones como patrono, lo cierto es que esta bonificación nunca ha estado contemplada, y de llegarse a la aprobación de este proyecto de ley, implicaría una carga que elevaría de sobremanera el pasivo laboral y para lo cual el banco no tendría la liquidez para su pago oportuno".

"Además, resulta evidente que el cargar a la entidad esa bonificación, también impactaría de manera significativa el patrimonio de la entidad bancaria intervenida y aumentaría los niveles de pérdida ya registrados", afirmó el interventor.

"Teniendo en cuenta lo señalado, es nuestra opinión que la bonificación prevista en el proyecto de ley es ruinosa para el Banco y no corresponde a la realidad financiera de una institución financiera ilíquida y que se encuentra intervenida", zanjó el funcionario.

El calculo de los ¢3.000 millones que costaría la bonificación a Bancrédito lo hizo el interventor con base en el salario promedio de los 769 empleados que serían los posibles beneficiarios.

El salario bruto mensual de esos colaboradores, a diciembre del 2016, equivalía a ¢750.000. En promedio, a cada uno de los trabajadores le correspondería una bonificación de ¢3 millones.

Bancrédito cerró su operación comercial el 25 de mayo del 2017 por acuerdo del Consejo de Gobierno, luego de que la institución afrontara un progresivo deterioro financiero por tres créditos millonarios que enfrentaron problemas de pago.

Según el interventor, a finales del año pasado, el Banco presentó pérdidas por ¢27.551 millones. En enero pasado, los pasivos sumaron otros ¢2.859 millones adicionales.

Marco Hernández, interventor de Bancrédito. Fotografía: Alejandro Gamboa
Marco Hernández, interventor de Bancrédito. Fotografía: Alejandro Gamboa

Al momento de anunciar el cierre de Bancrédito, el gobierno de Luis Guillermo Solís indicó que haría una movilidad laboral paulatina de los empleados del intermediario financiero, acompañándolos para que se lograran colocar en nuevos empleos.

Según Marco Hernández, el eventual pago de la bonificación sumaría más pérdidas a la institución: "Esa bonificación solo vendría a incrementar los resultados negativos que se están obteniendo", recalcó a este diario.

El funcionario agregó que no hay claridad de cuál sería la fuente de financiamiento de la bonificación, que equivale al 8% del patrimonio total de Bancrédito, que está en el orden de los ¢40.000 millones.

"Lo que sí tengo claro es que (la bonificación) no podría salir de las arcas del banco porque sería ruinoso, además de que no tiene capacidad para asumir ese pago", y afirmó que la comisión legislativa no le ha consultado los alcances del proyecto.

Analizarán los escenarios

Los diputados de la Comisión Especial de Cartago se reunirán este jueves a partir de las 6 de la tarde para discutir varias mociones que pretenden modificar los contenidos del proyecto de Ley de protección y defensa de las personas trabajadoras del Banco Crédito Agrícola de Cartago.

Después de que este diario los pusiera en autos sobre las advertencias del interventor, varios congresistas dijeron que analizarán los escenarios, para determinar si mantienen o eliminan del proyecto la propuesta de la bonificación.

El diputado de gobierno, Marco Redondo, afirmó que esta noche defenderá una moción para eliminar el artículo que crea el beneficio, aunque reafirmó que las víctimas del cierre del banco son los empleados.

"Justamente nos preocupa la parte fiscal, lo que va a representar, pues el Estado tendría que responder; el hecho de que sea un banco del Estado implica que el Estado es el que tendría que cubrir el pago. Es parte de lo que estamos evaluando" dijo.

Aunque la también oficialista Emilia Molina afirmó que la comisión ha estudiado "detenidamente" el proyecto de ley, reconoció que el cálculo del costo que tendría el pago de la bonificación la tomó por sorpresa.

"Ahora, lo de la bonificación me toma por sorpresa, lo que usted me está planteando. Voy a estudiarlo, con más razón vamos a ponerle atención", comentó la legisladora cartaginesa.

Julio Rojas se pronunció en contra del eventual pago de la bonificación, aunque su firma aparece en el proyecto de ley junto con las de los otros seis diputados cartagineses.

"Esta bonificación, en las condiciones de las finanzas públicas, en momentos en que analizamos darle la vía rápida al plan de fortalecimiento de las finanzas públicas, me parece que es un tema que entraría a valorar. No podría decirle que esté de acuerdo en estos momentos. Me preocupa y estaría valorando mi posición al respecto", condicionó el verdiblanco.

Su compañera de bancada, Paulina Ramírez, dijo que el proyecto no va a crear la bonificación, sino que esta ya existe y se financiaría con las cotizaciones al Fondo de Garantías y Jubilaciones al que, afirmó, cotizan los empleados de Bancrédito a razón de un 1% contra un aporte del 10% que hace el Banco.

"Se supone que deberían tener ese dinero (el Banco) porque es un fondo complementario, una reserva para el momento en que se liquiden. Esa plata no debería salir de ninguna otra parte que no sea esa", consideró, y dijo que antes de responderles a sus acreedores, el Banco debería de liquidar en todos sus extremos a sus empleados.

Mario Redondo, en tanto, afirmó que aunque está de acuerdo en proteger a los empleados de Bancrédito, la Comisión siempre fue clara con ellos en que los alcances del proyecto de ley estaban supeditados al estado de las finanzas públicas, hoy en franco deterioro.

"Siempre se les dijo que los alcances finales de la iniciativa llegarían hasta donde fuera financieramente posible", dijo.

Aunque manifestó que entiende las consideraciones "economicistas" que hizo el interventor Marco Hernández, el diputado frenteamplista Francisco Camacho dijo que la bonificación "es cualquier cosa".

"Se oye mucho dinero cuando se habla del total, pero si se habla de manera individual, es apenas un estipendio para cada trabajador para que logren colocarse en alguna otra actividad mientras tanto la situación mejora, porque no es un secreto para nadie que está difícil salir a buscar trabajo a la calle", recalcó.

No fue posible recoger la posición del diputado Jorge Rodríguez, de la Unidad Social Cristiana (PUSC), a quien se le hicieron varias llamadas y se le dejó un mensaje en su celular.

En la actualidad, ni la Casa Presidencial ni el Ministerio de Hacienda responden cómo hará el Gobierno para tapar el hueco de ¢131.000 millones que abrió, en las finanzas públicas, al invertir el dinero en Bancrédito, el año pasado, para evitar que cayera en irregularidad financiera, lo que a final de cuentas no pudo evitar.