Escuchar
Luego de tres horas de debate en el plenario de la Asamblea Legislativa, 51 diputados aprobaron, de forma unánime, el informe negativo sobre la última liquidación presupuestaria del gobierno de Carlos Alvarado, es decir, la correspondiente al año 2021.
En las argumentaciones de los congresistas, reclamaron que hubo una serie de errores e inconsistencias técnicas en el plan de gastos del gobierno anterior.
La presidenta de la Comisión de Hacendarios, Paulina Ramírez, destacó el lunes los yerros en las partidas de remuneraciones, debilidades en la prevención e identificación oportuna de sobrecargos en las pensiones, instituciones que no aportaron documentación y carencia de una metodología para conocer el costo unitario de los servicios públicos, entre otros.
También, la verdiblanca mencionó el incumplimiento de los principios presupuestarios y una pésima ejecución de créditos externos para inversión pública.
De hecho, en el análisis de la Contraloría General de la República, presentado en Hacendarios y utilizado como base para el informe de liquidación presupuestaria del 2021, se señaló el incumplimiento de la regla fiscal en ¢161.000 millones.
El ente contralor señaló que el gasto corriente del Gobierno Central creció en un 6,3% alcanzando un total de ¢7.647.979 millones, aunque el tope autorizado era de ¢7.486.867 millones.
Ese crecimiento se debió, en parte, a las cláusulas de escape autorizadas por Alvarado para que varias instituciones rompieran la regla fiscal.
Paulina Ramírez enfatizó que, desde la promulgación de la Ley de la administración financiera de la República y presupuestos públicos, ley 8131, del 2001, la Contraloría solo avaló la liquidación presupuestaria en una ocasión.
Paola Nájera, del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), destacó que mientras las prioridades del Ejecutivo iban por un lado, los recursos iban por otro, con una conexión muy baja o nula entre ambos.
La oficialista enfatizó que se deben abordar los cambios en la forma de presupuestar y dijo que es “indispensable hacerlo de la mano de la planificación” e hizo un llamado a usar “responsablemente los órganos legislativo” y a darle a la administración de Chaves las herramientas “que necesita para hacer bien su trabajo”.
El socialcristiano Alejandro Pacheco enumeró igualmente los problemas encontrados por la Contraloría, entre ellos los pagos irregulares en el Ministerio de Educación Pública (MEP) y la Dirección Nacional de Pensiones, con pagos de más a jubilados o, incluso, a personas fallecidas.
“Otra vez tenemos problemas en la ejecución de los préstamos, por ineficiencia, que nos ha llevado a pagar hasta $7 millones en multas y comisiones. No es aceptable tener recursos de préstamos guardados, y a la vez pagar multas por la falta de ejecución”, indicó el rojiazul.
En el caso de los legisladores de Nueva República, se centraron en hacer una crítica más bien política que financiera, dirigiendo sus cuestionamientos a los jerarcas de la anterior administración, del Partido Acción Ciudadana (PAC).
Así lo hicieron tanto José Pablo Sibaja como Fabricio Alvarado, de esa bancada legislativa. Gloria Navas, también de Nueva República, habló incluso de delitos cometidos en el manejo presupuestario del anterior gobierno.
El jefe del Frente Amplio, Jonathan Acuña, aseguró que la administración anterior fue “absolutamente irresponsable en materia de inversión en educación” y aseguró que esos resultados se verán en años futuros. El señalamiento fue por no haber cumplido con el mandato de invertir al menos un 8% del producto interno bruto (PIB) en educación.
“Mientras se daban palmadas en la espalda diciendo: ‘miren, qué buenas cifras fiscales’, estaban incumpliendo con derechos fundamentales. Ya lo decía el diputado Sibaja que ocurría con el caso del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y la inversión en niñez y adolescencia, que hoy pone en peligro el servicio a 13.000 niños y niñas”, acotó el frenteamplista.
Acuña añadió que espera que el gobierno de Rodrigo Chaves rompa con esas lógicas, precisamente porque prometió un viraje respecto a las políticas públicas del PAC, pero el Ministerio de Hacienda -asegún el frenteamplista- no da señales de pagarle a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), a la que el Estado le debe billones de colones.
La liberal Johanna Obando hizo hincapié en su intervención en lo que consideró “manejo abusivo de la regla fiscal” del gobierno actual, en solo 90 días en el poder y recordó la medida cautelar que solicitó la Contraloría, por el decreto de Rodrigo Chaves que es “lesivo para las finanzas públicas”.
La subjefa del PLP, Kattia Cambronero, dijo que el modelo presupuestario aplicado en el país no permite determinar la inversión total del Estado en, por ejemplo, investigación y desarrollo. “El modelo está agotado y necesita una reingeniería”, dijo.
