EscucharCon 46 diputados a favor y seis en contra, el plenario legislativo aprobó este lunes, en primer debate, el proyecto de ley de amnistía que permitirá a los productores agropecuarios legalizar los pozos de agua que han venido utilizando de forma irregular.
La iniciativa fue avalada luego de que la bancada del Frente Amplio (FA), que mantenía bloqueado el proyecto en comisión con cientos de mociones, acordara con el Gobierno permitir su avance a cambio de que el texto sea consultado ante la Sala IV. Sin embargo, los seis legisladores frenteamplistas votaron en contra del plan.
El proyecto se aprobó con algunos ajustes con relación al texto avalado en comisión. Por ejemplo, se redujo de seis a tres meses el tiempo para tramitar la regularización y se precisó que la amnistía aplicará solo para fuentes superficiales y subterráneas no inscritas destinadas a actividades de producción agropecuaria.
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La nueva versión también precisa que la amnistía será para los pozos perforados con maquinaria o equipo especializado. Los productores deberán inscribir cada pozo
De aprobarse la ley, se suspendería cualquier gestión administrativa de cierre definitivo de un pozo hasta tanto se resuelva definitivamente la regularización.
La amnistía permite que los productores inscriban los pozos ante el Registro Nacional de Concesiones que administra la Dirección de Agua del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae). Luego, recibirán la concesión para el aprovechamiento de agua.
Algunos requisitos de inscripción serían presentar una declaración jurada que indique la ubicación del pozo, el caudal que se extrae en litros por segundo, uso que se le da al agua y autorización de ingreso al sitio en donde se encuentra el pozo para que las autoridades puedan realizar inspecciones, entre otros.
Culminado el proceso de inscripción, el solicitante deberá cancelar ante la Dirección de Agua un canon para el aprovechamiento hídrico, cuyo cálculo tomará en cuenta el caudal de uso indicado en la declaración jurada. El cobro no aplicará en retroactivo.
La diputada frenteamplista Priscilla Vindas indicó que la consulta será presentada a la Sala IV este martes 31 de enero con el fin de garantizar un ambiente equilibrado y que el uso de recursos naturales se haga de manera adecuada para las actuales y futuras negociaciones.
Anteriormente, la legisladora criticó que la amnistía estaba planteada para que los productores de melón y sandía continuaran exportando sus productos a Estados Unidos y Europa.
Daniel Vargas, diputado del oficialista Partido Progreso Social Democrático (PPSD), dijo que de superar la etapa de consultas, la iniciativa garantizaría a los productores continuar con sus exportaciones y generar riquezas al país.
Luis Fernando Mendoza, legislador del Partido Liberación Nacional (PLN), sostuvo que el proyecto toma en cuenta las necesidades de agua en las fincas de la provincia de Guanacaste donde no existe posibilidades de extraer el líquido de forma superficial, a través de canales de riego.
“Y los pozos han sido vitales para llevar adelante producciones de las que dependen muchas familias y que, además, generan riquezas”, sostuvo Mendoza.
