43 diputados aprobaron, de forma unánime este miércoles, el informe de la comisión investigadora que, entre 2016 y 2017, estudió el caso conocido como los Papeles de Panamá, sobre la utilización de sociedades en paraísos fiscales para ocultar capitales de personas físicas y jurídicas.

Entre las recomendaciones aprobadas por los legisladores de todas las fracciones políticas está la sugerencia de avanzar hacia el esquema de renta global en el país, a diferencia del actual sistema de renta cedular.

Cuatro años después de que se incluyera esa sugerencia en ese informe, la Comisión de Hacendarios de la Asamblea Legislativa estudia, precisamente, una reforma legal que plantea un sistema de renta global dual.

“En el caso de renta global, Costa Rica deberá pasar en algún momento a tener un sistema de este tipo, no solo porque es la tendencia internacional, sino porque es más simple el pago del impuesto para el contribuyente”, dice el documento.

LEA MÁS: Del Archivo: Dos informes legislativos piden reformas para cerrar portillos a evasión fiscal

En el caso de renta mundial, los diputados que entonces firmaron las recomendaciones, reconocen que no es un mecanismo de fácil administración y podría complejizar la estructura tributaria del país.

Como recomendación adicional, ese informe plantea que se establezca en el país un sistema de territorialidad reforzada, para que todos los contribuyentes que generen renta en el país estén obligados a declarar sus ingresos percibidos aquí, aunque no necesariamente estén gravadas.

El informe fue debatido durante dos horas en el plenario, cuatro años después de su emisión en el foro investigador, donde se analizó la información derivada de la filtración internacional de miles de expedientes del bufete panameño Mossack Fonseca.

Aunque la investigación legislativa dio a luz dos informes, el plenario aprobó el de mayoría, lo que derivó en que el segundo texto se archivara.

El aprobado lleva las firmas de los entonces diputados Ronny Monge, Karla Prendas y Juan Marín (qdDg), del Partido Liberación Nacional (PLN), y de Rafael Ortiz, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC). También lo apoyó Otto Guevara, en aquel momento legislador del Movimiento Libertario.

Por su parte, el informe de minoría tenía las firmas de Marcela Guerrero y Marco Vinicio Redondo, del Partido Acción Ciudadana (PAC); Patricia Mora, del Frente Amplio, y la independiente Carmen Quesada.

Reforma fiscal y empleo público

Aparte de sus recomendaciones sobre renta global, el informe también recomendó, un año y medio antes del plan fiscal, que se hiciera una reforma tributaria “comprensiva, integral, suficiente, inclusiva y progresiva, que atienda gasto e ingreso”.

Dentro de esa recomendación, también aprobada de forma unánime por el plenario, este miércoles, se sugiere ajustar los “temas de empleo público y pensiones con cargo al presupuesto”.

Asímismo, se recomendó implementar las normas antievasión fiscal de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y reforzar la legislación en materia de remesas.

Aunque poco se habla de proyectos de ley específicos en el informe sobre los Papeles de Panamá aprobado, hay diversas sugerencias, como la de implementar la responsabilidad solidaria de los socios de personas jurídicas, en los casos en que haya una sentencia en firme sobre un acto ilícito que respalde el cobro a los accionistas de una compañía.

La proliferación de sociedades anónimas ociosas, o sea que no responden a una actividad productiva, sino que se dedican a la mera tenencia de bienes, debe ser también regulada, según la recomendación del informe.

Esto se debe a que, en muchas ocasiones, según informe sobre la actividad del bufete Mossack Fonseca, se trata de sociedades que solo existen en papel y se emplean para disimular ganancias, para disminuir las responsabilidades tributarias o, incluso, disimular ingresos de origen ilícito.

En ese sentido, la recomendación fue crear mecanismos para eliminar la mayor cantidad de sociedades ociosas, como ya se ha venido haciendo en el país, pero también obligar a las sociedades a inscribirse ante la Dirección General de Tributación y recargarles obligaciones tributarias.

Los discursos en el plenario estuvieron plagados de referencias a los escándalos actuales de corrupción que afronta el país, sobre todo el de la supuesta red de corrupción entre grandes empresas constructoras, como MECO y H. Solís, que a través de presuntos sobornos a funcionarios del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) buscaron tener beneficios indebidos en contratos públicos.

Si bien el informe de mayoría fue aprobado, diputados como Paola Vega, del PAC, y José María Villalta, del Frente Amplio, reclamaron que no se tomaran en cuenta recomendaciones del otro informe, como la de prohibirles a los funcionarios públicos que tengan cuentas bancarias en el exterior.