EscucharUn proyecto que pretende impedir que el mandatario de turno pueda nombrar en forma discrecional a la persona que ocupa el cargo de procurador general de la República, fue aprobado por los diputados este jueves en primer debate.
Dicha iniciativa obtuvo el apoyo unánime de los 42 legisladores que estaban presentes en el plenario del Congreso en el momento de la votación, la cual se realizó luego de que se aprobara una moción de fondo para ajustar el texto.
La reforma aprobada a la Ley orgánica de la Procuraduría General de la República (PGR) modifica el sistema actual de elección, el cual permite a la Presidencia de la República designar al procurador en caso de que los diputados rechacen dos veces los nombres propuestos.
El proyecto fue presentado por los legisladores Eliécer Feinzaig, jefe de la fracción del Partido Liberal Progresista (PLP), y Danny Vargas, del Partido Liberación Nacional (PLN), con el fin de armonizar la legislación de la Procuraduría con los otros mecanismos de ratificación de jerarcas, como el caso de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).
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Pilar Cisneros, jefa del partido de gobierno, y Eliécer Feinzaig, del Liberal Progresista, expresaron criterios diferentes sobre el plazo límite que debe tener la Asamblea Legislativa para ratificar o no al candidato a procurador general que postule el Ejecutivo. Foto: Asamblea Legislativa.
Gracias a un acuerdo con el jefe del Frente Amplio, Jonathan Acuña, previo a la votación en primer debate se construyó una moción de fondo para fijarle un plazo de 30 días hábiles a la Asamblea Legislativa para que se pronuncie sobre las candidaturas que proponga el Consejo de Gobierno.
El ajuste se hizo para evitar, como lo alegaba Pilar Cisneros, jefa del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), que los diputados “patearan la bola” sin tomar una decisión.
Para aprobar la iniciativa, los congresistas tomaron en cuenta un criterio de la PGR que ratificó la potestad de los diputados de cambiar el modelo de elección de ese jerarca.
La Procuraduría les solicitó poner explícitamente en la reforma que, en caso de ausencia del procurador general y del general adjunto, será el procurador con más años de servicio el que asumirá la dirección de esa institución.
Se trata de una “salvaguarda de continuidad del servicio público o del funcionario de la PGR ante situaciones anormales de ausencia temporal o definitiva de los jerarcas institucionales”.
También acató la Asamblea la recomendación de ajustar al texto para que no diga que el procurador general adjunto tendrá las mismas inmunidades y prerrogativas que los miembros de los supremos poderes, pues ya un fallo de la Sala Constitucional estableció que no las puede tener.
“Ha habido una gran apertura para conversar un tema fundamental como este. Esta es una forma de construir patria, y para próximas ratificaciones ya tendremos reglas más claras”, comentó el liberacionista Danny Vargas.
La reforma legislativa se aprueba pocos días antes de que la Asamblea realice la votación para ratificar o no al candidato a procurador escogido por Rodrigo Chaves. Se trata del abogado y exprocurador administrativo Iván Vincenti Rojas, de 55 años.
De hecho, este jueves los jefes de las fracciones políticas acordaron realizar la discusión sobre la postulación de Vincenti el próximo jueves 30 de marzo.
Antes de la votación, se rechazó una moción de la oficialista Pilar Cisneros que pretendía que, si en un plazo de 30 días el Congreso no se pronunciaba sobre el candidato a procurador, este quedara ratificado automáticamente.
Al respecto, Eliécer Feinzaig destacó que era inadmisible permitir el silencio positivo en ese nombramiento. “Es un mecanismo erróneo, porque la Asamblea debe asumir su responsabilidad y votar, sea cual sea la decisión”, enfatizó.
Sostuvo que el criterio expresado por Cisneros en el sentido de que el Congreso podría patear la bola es errónea, porque ahora se fija un límite y se obliga a los diputados a votar, en caso de que no quieran votar por el candidato del Ejecutivo, y que se aplique con transparencia.
El frenteamplista Jonathan Acuña coincidió con el liberal en cuanto a la falta de legitimidad que significa el silencio positivo, y destacó que el proyecto busca la manera adecuada de proteger la división de poderes, los pesos y contrapesos en democracia y un avance en materia de transparencia.
“La legislación actual provoca que ese contrapeso de la Asamblea se vea limitado a partir de la tercera designación. Cerrar ese espacio es fortalecer los contrapesos necesarios y eso es armonioso con la defensa de principios republicanos”, enfatizó Acuña.
