32 diputados evitan que proyecto sobre jornadas 4-3 vaya al archivo

Los diputados aprobaron este jueves, en el plenario del Congreso, una moción de orden que mantendrá vivo el proyecto de ley de jornadas laborales extendidas, conocido popularmente como jornadas 4-3, por un plazo de cuatro años más.

Se trata de una moción de ampliación del plazo al expediente legislativo 21.182, el cual propone reformar varios artículos del Código de Trabajo con la intención de “actualizar las jornadas excepcionales y resguardar los derechos de las personas trabajadoras”.

La iniciativa se presentó el 12 de diciembre del 2018, por lo que estaba por vencer el periodo reglamentario de cuatro años para su trámite ordinario.

En vista de que el plan no llegó a votación durante ese lapso, pero existe interés en aprobarlo, era necesario ampliar el plazo original. De lo contrario, se habría tenido que enviar al archivo del Congreso.

La ampliación recibió el aval de 32 congresistas: seis del Partido Liberación Nacional (PLN), ocho de Progreso Social Democrático (PPSD), ocho del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), cuatro del Partido Nueva República y seis del Partido Liberal Progresista (PLP).

En contra votaron los seis miembros de la bancada del Frente Amplio y seis congresistas del PLN. Actualmente, la iniciativa sigue su trámite de mociones de fondo en la Comisión de Hacendarios, donde hay más de 400 mociones de fondo presentadas, principalmente, por el Frente Amplio.

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La discusión de la ampliación del plazo generó discusión en el plenario, porque los frenteamplistas reclamaron que se trata de una propuesta que afecta a los trabajadores.

“Es un proyecto regresivo en materia de derechos laborales y viene a quebrantar avances fundamentales en materia de derechos de las personas trabajadoras, logrados mediante luchas e inteligencia”, sostuvo Jonathan Acuña, jefe de dicha agrupación.

El proyecto pretende que los trabajadores laboren cuatro días en jornadas de 12 horas, y tengan tres días libres seguidos, a diferencia del modelo europeo, que aplica cuatro jornadas laborales de ocho horas; es decir, los empleados laboran menos días por el mismo salario.

La también frenteamplista Sofía Guillén recordó que, durante la campaña electoral, consultada por esta iniciativa, ella la calificó como legalización de la esclavitud moderna y fue duramente criticada.

Añadió que ahora, en el contexto actual que revelaron polémicas como la de las tiendas SYR y el informe del relator de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre formas contemporáneas de esclavitud, Tomoya Obokata, se le ha dado la razón.

“Ya hoy se violentan los derechos laborales en nuestro país, no se respetan salarios mínimos, ni jornadas, hay discriminación laboral por sexo, por geografía, y ya hoy el Ministerio de Trabajo es incapaz de determinar que existen esas violaciones y de hacer algo respecto. Las tiendas SYR es uno de muchos casos”, apuntó Guillén.

En la otra acera de la discusión, las jefas del PUSC, Daniela Rojas, y del PPSD, Pilar Cisneros, defendieron la iniciativa bajo el argumento de que hay importantes inversiones económicas esperando que se aplique esa reforma laboral.

Rojas alegó que las críticas al proyecto se dan desde el “privilegio del Área Metropolitana, donde las condiciones de empleo son otras” y enfatizó que hay industrias e inversión extranjera que esperan la iniciativa “por seguridad jurídica” porque hay industrias que necesitan operar las 24 horas del días.

Por su lado, Cisneros atacó lo dicho por los frenteamplistas: “Nunca he escuchado tantas mentiras como lo que se ha dicho hoy aquí. Jornadas flexibles está muy lejos de ser esclavitud. Significa oportunidad para los costarricenses”, manifestó.

Adujo que las empresas que ofrecen esa alternativa dan entrenamiento y no ofrecen salario mínimo, sino “salarios mucho más altos del mínimo y posibilidad de ascenso laboral”.