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Un órgano especializado del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) recomendó quitarles las credenciales a tres regidores de Limón por desempeñar un doble papel en la municipalidad caribeña: como miembros del Consejo y como funcionarios del ayuntamiento.
Jorge Calvo Villarreal, regidor propietario, y los suplentes Jeffry Pritchard Sharpe y Dasaeth Chaves Vindas, quedarían destituidos si el pleno del ente electoral determina que esa duplicidad de funciones es “incompatible” con el Código Electoral y el Código Municipal.
Ese fue el argumento del órgano especializado para aconsejar el retiro de las credenciales a los regidores, todos militantes del Partido Auténtico Limonense (PAL), al cual pertenece el alcalde local, Néstor Mattis.
Ese foro del TSE encontró que sería una incompatibilidad con la ley que dichos funcionarios ostenten dos cargos; uno en el que reciben un promedio de ¢310.000 mensuales por dietas, y otro en el que devengan un salario pagado por el ayuntamiento.
De hecho, el órgano especializado del Tribunal se basó en el artículo 253 del Código Electoral, el cual prohíbe que un funcionario ocupe, simultáneamente, un puesto administrativo y un cargo de elección popular en un mismo municipio.
“El TSE acordará la cancelación o anulación de las credenciales de los funcionarios municipales de elección popular en los supuestos contemplados expresamente en la ley. Estas disposiciones serán aplicables también a síndicos, intendentes, concejales de distrito y miembros de los concejos municipales de distrito”, reza esa normativa.
En su pronunciamiento, el órgano especializado también consideró el numeral 25, inciso “b” del Código Municipal, que establece la potestad del TSE de “cancelar o declarar la nulidad de las credenciales conferidas al alcalde municipal y de los regidores”.
Además, en sus artículos 31 (inciso b) y 58, esa misma normativa señala la prohibición a los alcaldes, a los regidores y a los síndicos de:
“…ligarse a la municipalidad o depender de ella en razón de cargo distinto, comisión, trabajo o contrato que cause obligación de pago o retribución a su favor y, en general, percibir dinero o bienes del patrimonio municipal, excepto salario o dietas según el caso, viáticos y gastos de representación”.
Consultado por La Nación, Jorge Calvo dijo que él y sus dos compañeros tienen hasta el próximo 1° de marzo para presentar ante el TSE un recurso de reconsideración con el cual se van a defender.
“Estoy contratando dos abogados, porque vamos a hacer un descargo sobre eso. Es explicarle a esa sección especializada (del TSE) que por esto, esto y esto deben reconsiderar la decisión que han tomado”, comentó.
Agregó: “Si hay que renunciar a la dieta, lo hacemos y seguimos como regidores. Esa sería una reconsideración por presentar”.
Los cuatro miembros del Consejo Municipal fueron electos para el período comprendido entre el 1° de mayo de 2016 y el 30 de abril de 2020.
De ser destituidos, el relevo para Calvo Villarreal sería Jeffry Alvarado Reyes.
Por otra parte, el puesto de Pritchard Sharpe lo ocuparía Yanin Morales Castro, mientras que el cargo de Chaves Vindas lo asumiría Mariano Zúñiga Centeno.
Dos denuncias
El caso de los tres regidores fue presentado en el 2017, por dos vías distintas, ante la Contraloría General de la República (CGR).
Sin embargo, este órgano lo remitió al TSE, pues el tema no era de su competencia.
Los demandantes fueron Rafael Ortiz –entonces diputado por el Partido Unidad Socialcristiana (PUSC) y actual embajado ante el Reino Unido– y Mario Hidalgo, expresidente del Consejo Municipal de Limón (1998-2001).
“La actuación (de los regidores) va contra lo establecido en el Código Electoral y en el Código Municipal porque tienen doble ingreso, como funcionarios y como regidores”, comentó Hidalgo.
Jorge Villarreal ocupa el cargo de técnico profesional 1 en el municipio desde el 16 de setiembre de 2014.
Por su parte, Jeffry Pritchard Sharpe funge como inspector 1 en esa misma institución desde el 6 de abril de 2015.
En tanto, Dasaeth Chaves Vindas se desempeña como trabajadora miscelánea 1 en el municipio desde el 12 de junio de 2015.
Las denuncias de Ortiz e Hidalgo incluían a una cuarta regidora. Se trata de Ana María Smith Barton, quien ejercía el puesto de técnico profesional 2.
No obstante, el órgano especializado del TSE desestimó su caso, pues ella se acogió a la pensión el 16 de enero del 2018.
