El Gobierno de Costa Rica canceló ayer los $16 millones unos ¢4.816 millones que un tribunal internacional le ordenó pagar, hace 14 días, por la expropiación de la hacienda Santa Elena, en Guanacaste.
La transacción, según confirmó la ministra del Ambiente y Energía y vicepresidenta de la República, Elizabeth Odio, se hizo a nombre de Joseph Hamilton, accionista de la empresa Desarrollos de Santa Elena S.A.
Esa firma figura como propietaria del terreno de 15.210 hectáreas, expropiado desde el 5 de mayo de 1978.
El Gobierno había previsto una partida por $15 millones en el presupuesto nacional de este año, por lo que debió recurrir a un préstamo puente para conseguir el millón restante.
Según explicó Odio, la Fundación Nacional de Parques concedió un empréstito con el fideicomiso que maneja el Área de Conservación Guanacaste, con el compromiso de que sea cancelado con una partida que se incluirá en el próximo presupuesto nacional. La escritura de traspaso del terreno se firmará la próxima semana y se espera que en abril el Gobierno tome posesión de la hacienda en un acto especial, según informó la Ministra.
El pago se realizó dos semanas después de que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADRI) entidad adscrita al Banco Mundial emitió en Washington un fallo que culminó con un arbitraje solicitado por Costa Rica, en marzo de 1995, para resolver sus diferencias con los propietarios.
El conflicto que duró 22 años tenía que ver con la extensión del terreno y su precio.
El Gobierno calculó la finca en 15.800 hectáreas, mientras Hamilton aseguraba que su extensión era de 21.200. El fallo del CIADRI la fijó en 15.210 hectáreas y la valoró en $16 millones.