Varias familias que aceptaron la oferta de Punta Dominical aseguran que lo hicieron bajo presión.
“Todo el tiempo había amenazas de la Municipalidad y la empresa. Llegaban con guardas y con gente a dejarnos órdenes de desalojo, incluso no era ni la Municipalidad, eran ellos, funcionarios de la empresa”, dijo Gerardo Pérez, uno de los líderes comunales que negociaron por parte de las familias.
“(Una concesión) vale como 100 veces más de lo que estoy recibiendo (el bono). Esto realmente lo recibimos bajo presión, así es la verdad”, agregó.
Manuel Núñez, también miembro del grupo negociador, comentó que Olivier Pérez les pidió renunciar a las solicitudes de concesión porque la empresa que representaba tenía interés en la zona marítimo-terrestre. “Nos dijo: El lote que tienen en la playa por el lote del residencial. Pero el Estado fue el que pagó todo eso”, recordó Núñez.
Ramón Pérez, un pescador de 60 años que creció en la zona, comentó que aceptó el bono porque una funcionaria municipal, cuyo nombre no recuerda, lo “atacó”.
“Yo no pensaba salir; jamás, más de 48 años de vivir ahí, y esa señora me atacó feamente. Entonces dije a mi familia: ahora sí estamos fritos pues esa señora dijo que si no, nos ponía de patitas en la calle. Es mejor del ahogado el sombrero y me pasé (a Poza Azul)”, agregó.
“Yo no conozco nada de leyes, pero yo no creo que un gringo tenga más derecho que todos nosotros, que estos muchachos, que nacieron aquí”, manifestó.
Flor Fallas, quien renunció a su solicitud y ahora vive en una casa de Punta Dominical, dijo que Pérez la presionaba. “El primero que me llegaba a molestar era este señor, Olivier. Me decía ‘usted, si no negocia, la pongo en la plaza de Dominical’. Durante mucho tiempo me paré. Al final estaba cansada”.
Este año, solicitantes que aceptaron el convenio y el bono pidieron reactivar sus solicitudes. Es el caso de Omar Morera. “Este terreno (en Poza Azul) no vale lo que vale allá en la playa. Hay unos que sí se han llenado la bolsa y nosotros seguimos pobres”, explicó Morera.
Otras familias rechazaron la oferta y continúan viviendo ilegalmente en la zona marítimo-terrestre y solicitando la concesión.
Marielena Méndez, ama de casa, recordó que ella y su esposo rechazaron la “casilla en Poza Azul” porque “muy poco le estaban dando a la gente”. Agregó: “Mucha gente se fue porque ellos (la empresa) empezaron a asustar, a decir que tenían que negociar, que si no venían y les demolían la casa”.
Recientemente, el municipio aprobó concesiones a familias que se negaron a desocupar. En unos casos, Punta Dominical apeló, y en otros llegó a un acuerdo con las familias para desarrollar sus lotes.
