Jefa del PLN culpa al PUSC por aprobación de plan que golpea al IVM

La jefa de la fracción legislativa del Partido Liberación Nacional (PLN), Karla Prendas, ahora, culpa a los legisladores del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) de presionar a los demás miembros de la Comisión Legislativa Plena Primera para que se aprobara el proyecto de ley que golpearía al régimen de pensiones del IVM.

Prendas aportó uno de los tres votos liberacionistas a favor de la iniciativa legal, que se unieron a otros tres congresistas del PUSC, tres del Frente Amplio (FA) y una del Partido Acción Ciudadana (PAC) en favor del plan.

Sin embargo, la jefa verdiblanca alega que la votación fue presionada por los socialcristianos Rosibel Ramos, William Alvarado y Jorge Rodríguez, y que ella consideraba mejor aplazar la votación.

"Al PLN nos tomó por sorpresa la presión que hubo el miércoles pasado, que no esperábamos. Quien lideró esas presiones fue el PUSC", manifestó la congresista socialdemócrata.

Ella criticó también al PAC porque dos oficialistas que integran la Plena Primera están a favor del plan (Nidia Jiménez votó a favor, Franklin Corella no estaba), pese a que el Gobierno está totalmente en contra.

Aunque Prendas alega que se les tomó por sorpresa, dijo que al final apoyaron el texto "porque ya no había ningún sentido", porque "la presión era política", pues la votación se había introducido mediante una moción.

Niega que hayan cedido a la presión. "Usted conoce el procedimiento parlamentario, es que no había opción. Con nosotros o sin nosotros, ya había una presión generada para efectos del proyecto", respondió la liberacionista ante consulta de La Nación.

Aparte del voto favorable de Prendas, también votaron afirmativamente la iniciativa Juan Marín, presidente de esa comisión, y Michael Arce.

La jefa de Liberación explicó que, en su partido, no hay línea para votar a favor o en contra del plan. Por eso, Julio Rojas y Maureen Fallas votaron en contra de la iniciativa.

"Comenzaron (los diputados del PUSC) con una moción, a hacer presión, en la misma comisión algunos diputados del PLN insistimos en que no lo hiciéramos sin tener la seriedad de las cifras, sin poder aclararlo, porque sabíamos que la situación que hoy se está dando era la que se iba a dar y que no era positivo para el sector", indicó Karla Prendas.

A raíz de la votación, el Gobierno endureció el discurso en contra de la iniciativa y los efectos negativos que advierten.

El Ministerio de Hacienda planteó, en consecuencia, cuatro escenarios, donde el peor implicaría que hasta 6.000 personas se pudieran trasladar del IVM (con pensiones menores y mayor edad de retiro) a un régimen del Magisterio (que permite mayores beneficios jubilatorios).

Ese escenario significaría un gasto para el Gobierno de ¢535.000 millones en un plazo de 40 años. El olano más optimista sería que se trasladen solamente 1.847 docentes, según los números de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), y que eso signifique un gasto de ¢159.000 millones hasta que se extinga el régimen jubilatorio.

Ello significa un gasto anual para el Ejecutivo (pues este régimen lo financia el Estado) de entre ¢11.000 millones y ¢33.000 millones.

"Nosotros habíamos hablado con el grupo sindical, con el sector del Magisterio y el director de Pensiones de Jupema para que, inclusive, el 14 de junio que estaba prevista la votación, se extendiera a un plazo de tres o cuatro semanas, porque los números que nos presentan las diferentes instancias no coinciden", comentó Prendas.

Los números de la Junta de Pensiones del Magisterio (Jupema) son más optimistas, pues este órgano alega que solamente se trasladarían 1.179 personas y que eso le costaría a Hacienda ¢205 millones el primer año, en promedio ¢1.000 millones en un lapso de cinco años.

De hecho, los legisladores que votaron a favor de la iniciativa prefirieron darle crédito a los datos de la Jupema y no a los del Gobierno ni a los de la Caja, que alega que el traslado de personas tendría un impacto en el régimen de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte de ¢52.000 millones, lo que implica el traslado de la cuotas que han recibido por 22 años, más lo que dejarían de percibir en adelante, menos las pensiones que dejarían de pagar.

Prendas alega que no se podía simplemente votar en contra el proyecto, para no afectar el sector interesado en la aprobación.

"Yo sigo insistiendo en que el Poder Ejecutivo tiene chance para tomar el liderazgo en este tema. No ha tomado ningún liderazgo, lo ha llevado de lado y trata de trasladar responsabilidad que le corresponde en un tema que tiene que ver con finanzas, con IVM, con agenda fiscal", criticó Karla Prendas.

La liberacionista reconoció que se ha recibido varias veces al ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, y que siempre ha emitido un criterio negativo hacia el proyecto. Sin embargo, alega que es necesario unificar criterios, porque el Gobierno planteaba ciertos escenarios, diferentes a los de la CCSS y de la Jupema.

-¿Por qué si la presión vino del PUSC y de otros partidos, ustedes ceden en la votación? ¿Había presión de barras y gremio?

-No creo que la presión haya sido, en ese momento, por el gremio. El gremio hubiera accedido, como ya lo habíamos conversado. Franklin Corella (PAC) genera ambiente para que se dé. La presión vino por la moción, que por más que insistimos en que esa moción no se planteara, sino que se diera un acuerdo para verlo después, la moción se presentó.