Juan Diego Córdoba. 10 agosto
Japdeva puso a operar sus grúas pórticas en febrero de 2018, luego de superar una serie de problemas técnicos. Un año después, la Terminal de Contenedores de Moín (TCM) inauguró el megapuerto especializado en buques portacontenedores. Fotografía: Albert Marín.
Japdeva puso a operar sus grúas pórticas en febrero de 2018, luego de superar una serie de problemas técnicos. Un año después, la Terminal de Contenedores de Moín (TCM) inauguró el megapuerto especializado en buques portacontenedores. Fotografía: Albert Marín.

Quienes administraron Japdeva en los últimos años, compraron en 2015 dos grúas de $16 millones para cargar y descargar barcos portacontenedores, a sabiendas de que la atención de esas naves quedaría, a partir del 2018, en manos de la Terminal de Contenedores de Moín (TCM).

Desde el 2012, cuando se dio la concesión de la TCM al gigante holandés APM Terminals, estaba claro que Japdeva debía reconvertirse, pero más bien invirtió en atención de barcos portacontenedores y rehusó reducir la planilla, algo que también se le indicó desde 2012.

Hoy, por esa razón, las dos grúas, bautizadas Luisa y Glenda, están subutilizadas en el puerto Gastón Kogan, en Moín, y solo operan cuando llegan buques de carga mixta, es decir, que transportan mercancías a granel o líquidas en un sector, y contenedores, en otro.

Los aparatos llegaron de China a Limón en agosto del 2017, pero se estrenaron hasta febrero del 2018 por fallas eléctricas. Ocho meses más tarde, en octubre, abrió el primer puerto de atraque de la TCM, al frente del Gastón Kogan, en el cual APM invirtió más de $1.000 millones.

Andrea Centeno, actual presidenta de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva), reconoció que la institución no le puede sacar máximo provecho al equipo, no solo porque el muelle perdió el 79% de la carga con la entrada en operación del megapuerto, sino también porque las grúas que se compraron son especializadas para contenedores.

“Desde mi criterio técnico es un equipo valioso para el movimiento de carga mixta, que eso es lo que está atendiendo Japdeva, lo que nos permite cobrar más por el servicio. Ciertamente, no están siendo utilizadas en su totalidad... Soy muy clara, no tengo ningún otro criterio más que el técnico, claramente es un equipo que va a haber que utilizar y sacarle el máximo rendimiento, que ahora no lo está teniendo”, dijo Centeno.

Para utilizarlo más, sin embargo, se deben comprar complementos que permitan adaptar las grúas a los otros tipos de carga que atiende la empresa estatal.

“Tendríamos que buscar otras cargas con otros implementos donde las grúas funcionen. Las que tenemos en Moín son especializadas para contenedores (...)”, expresó.

Antes de las grúas pórticas, Japdeva atendía los portacontenedores con los equipos de los propios buques y con grúas viejas.

La Junta Directiva de Japdeva autorizó la compra el 23 de octubre del 2015, en el gobierno de Luis Guillermo Solís, pese a que desde febrero del 2012 estaba previsto que entrara a operar, en 2018, la megaterminal exclusiva para contenedores.

Los directivos de Japdeva pagaron los $16 millones con la reserva de ¢15.000 millones que había hecho el gobierno de Laura Chinchilla, antes del 2014, para liquidar 800 empleados una vez que Japdeva comenzara a reducir operaciones por la llegada de APM. Hoy, la entidad pide a los diputados un presupuesto extraordinario para afrontar ese pago pues tiene 1.180 plazas pero ingresos insuficientes para afrontar la planilla.

La falta de planificación fue tanta que hace dos años, cuando llegaron las grúas, la entonces presidenta de la entidad, Ann McKinley Meza, que lideró la compra, afirmó a La Nación que, en un año, en 2018, podrían tener ingresos suficientes para recuperar $10 millones de los $16 millones. E incluso agregó que para el próximo presupuesto, también el del 2018, comenzarían a hacer reserva para las liquidaciones. Nada de eso ocurrió.

También, fallaron en los estudios sobre el impacto que tendría la entrada en operación de la TCM.

El 23 de julio, ante los diputados, McKinley afirmó que la plata se gastó porque no previeron una afectación tan grave. Luego, tuvo que admitir: "Sí se hizo un estudio. En un primer momento la proyección era de 60% (de pérdida de carga), en un segundo momento la estimación pasó a 70% en 2017. Hoy es de 79%.

El Gobierno de Solís suma responsabilidad pues el 18 de diciembre del 2014 se comprometió con el Sindicato de Trabajadores de Japdeva (Sintrajap) a comprar cuatro grúas pórticas para poner fin a la huelga que afectó la operación de los muelles. Al final, se compraron dos.

Según McKinley, la “instrucción” de Solís fue “modernizar” el puerto y, por eso, se compraron.

Esta compra es cuestionada por diputados de Limón como David Gourzong y Yorleny León, del Partido Liberación Nacional (PLN), y Eduardo Cruickshank, del Partido Restauración Nacional (PRN).

“Definitivamente la compra de las grúas no fue la mejor opción, porque aún no se tenía claridad del rol que asumiría la institución con la entrada en operaciones de la TCM. Fue una inversión arriesgada y que aún a hoy no ha dado el rédito esperado”, dijo León.

Andrea Centeno, la actual presidenta de Japdeva no se atreve a calificar.

"Es muy difícil ser entrenadora del día después. Cuando uno llega ya tiene la data, ya vio lo que sucedió y es más fácil hacer valoraciones. Yo creo que es una decisión que se tomó mucha dificultad en aquel momento, que se tomó con una mira de generación de nuevos negocios y que hoy tiempo adelante vemos para atrás y vemos un poco diferente”, dijo Centeno.

Como se gastó el dinero en las grúas subutilizadas, ahora el Estado deberá endeudarse y acudir a superávits de otras instituciones públicas para hacerle frente a prestaciones de los empleados de Japdeva.

Este martes fue dictaminado en la Comisión Legislativa de Gobierno y Administración el proyecto de ley para la reestructuración de la entidad. Deberá ser aprobado por el plenario y firmado por el presidente. Por reestructuración se entiende reducir la planilla de 1.200 empleados a 400 para ajustar la entidad a su nivel de trabajo.

Si supera el trámite legislativo, se desembolsarán en total ¢23.700 millones, de los cuales, ¢5.700 ya fueron avalados para pagar salarios para tres meses.

Ese dinero no contempla los ¢15.000 millones que el Estado pagará en prejubilaciones a lo largo de los próximos 10 años a los empleados que cesará.