Los hallazgos dados a conocer el pasado 15 de febrero por la Auditoría Interna de la Municipalidad de San José, entre los que figuraban facturas pagadas antes de realizar las contrataciones, extravíos de expedientes y modificaciones unilaterales en los procesos, no son una novedad en ese ayuntamiento.
Así lo afirmó este jueves el auditor de ese gobierno local, Israel Barrantes Sánchez, ante los diputados de la comisión especial que investiga irregularidades en obras viales denunciadas en los casos Cochinilla y Diamante.
Aunque el informe recién presentado abarcó el período 2017-2021, Barrantes asegura que los hechos que se detectaron se han repetido por años, incluso desde antes de su llegada a la Municipalidad, en el 2011.
“Buscando antecedentes, desde el 2008 se han venido presentando informes sobre estos temas, donde los hallazgos eran recurrentes y similares (...) desde el 2011 hemos venido realizando estudios; entre el 2011 y 2012 habíamos encontrado situaciones similares, se presentaron informes y relaciones de hecho y también se presentaron denuncias penales”, aseguró.
De acuerdo con el funcionario, desde que asumió el cargo a la fecha han presentado 44 gestiones penales ante el Ministerio Público y 61 informes de relaciones de hechos. Además, dijo, en muchos de estos informes se señala de forma recurrente a las mismas personas como responsables de las mismas labores.
Barrantes declaró que las situaciones encontradas en el más reciente análisis, lo llevaron a tomar la decisión de acudir nuevamente a la vía penal.
Tres hechos
Durante la comparecencia, los diputados procuraron esclarecer tres de los hechos más relevantes de la Auditoría: la desaparición de un expediente, el pago de las facturas a MECO antes de que se generaran las órdenes de compra y el caso de la calle 78, que figura en el expediente judicial por haber costado seis veces más de lo previsto en medio de la sospecha de dádivas al alcalde de San José, Johnny Araya.
En relación con el pago de las facturas a MECO, Barrantes detalló que dichos pagos correspondieron a procedimientos de contrataciones de mezcla asfáltica por demanda, para ser colocadas de acuerdo a la solicitud que estuviera realizando el municipio, según la programación del área de contratación de vías. Sin embargo, fueron pagadas sin que se diera el contrato por los servicios a la constructora.
También se hizo referencia a la adjudicación de una licitación de entrega por demanda de mezcla asfáltica que inicialmente se había adjudicado en el 2014, y que se procuró renovar cuatro años después.
Barrantes recordó que descubrieron, como parte de la investigación, que en el proceso para renovar hubo vicios y que en lugar de subsanarlos, se decidió ampliar la licitación existente “brincándose todos los procedimientos”. Al ser cuestionado sobre los montos, el auditor dijo no precisarlos, pero confirmó que se trató de sumas “millonarias”.
“No encontramos un criterio técnico que justifique ese acto, por eso esas son las dudas que tenemos, sobre ocurrencia de eventuales delitos funcionales”, añadió, al tiempo que sostuvo que en ese caso no existía una posible imprevisibilidad que justificara ese mecanismo.
En torno al expediente desaparecido, el funcionario aseguró que él mismo pasó por varios departamentos y fue luego de que llegó al Archivo cuando se perdió el rastro. Este correspondía también a una licitación de la empresa MECO del año 2014.
“La trazabilidad en la ubicación del expediente y el contenido nos da el indicio de que alguna situación irregular contenía ese expediente. Al dar la trazabilidad de ver quien tomó la decisión para perderlo, es lo que nos encontramos verificando, porque en el momento en que presentamos un hecho al Ministerio Público tenemos que señalar quién”, agregó el funcionario, quien se negó a brindar nombres de personas involucradas en estos hechos por tratarse de un tema que se está llevando a sede judicial.
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En el caso de la calle 78, ubicada en Rohrmoser, el funcionario municipal destacó que sobre ese proyecto se presume que podría haberse favorecido a la empresa adjudicataria al asignar la compra de agregados a la misma compañía, pues de esta forma se aseguraba eventualmente dejar los trabajos en manos de la misma constructor,a ya que le daba la ventaja al abaratar los costos.
Sobre esa misma obra que figura en el expediente judicial, el Ministerio Público asegura que el alcalde Johnny Araya Monge, del Partido Liberación Nacional (PLN), efectuó actos contrarios a sus deberes e intervino en favor de la empresa MECO, para que ganara la licitación de ¢394,2 millones para la reconstrucción de la calle, a cambio de presuntas dádivas o promesas de retribución.
Actualmente, Araya se encuentra suspendido de su cargo tras los allanamientos vinculados con esa investigación. También podría ser llamado a rendir cuentas ante la comisión legislativa.
