El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) decidió finalizar la relación contractual que mantenía con Hidrotárcoles S. A. para realizar el Proyecto Hidroeléctrico Capulín–San Pablo, el cual se pretendía construir en San Pablo de Turrubares.
La decisión fue tomada el pasado 15 de enero, mediante el procedimiento administrativo oficio 5201-10-2018, indicó la entidad este lunes.
El ICE resolvió el contrato debido al incumplimiento del plazo máximo otorgado contractualmente al contratista para iniciar la operación comercial de la planta hidroeléctrica.
Los procedimientos en la vía administrativa y judicial se habían iniciado en el año 2015. La firma del contrato con el ICE había sido de $107 millones.
El Instituto pretendía comprarle a Hidrotárcoles S. A. bloques de energía de hasta 50 megavatios. Un megavatio-hora (MWh) es una unidad de medida de energía eléctrica, equivalente a un millón de vatios-hora.
El contrato fue firmado el 24 de abril de 2012 con P. H. Hidrotárcoles y la orden de inicio oficial de las obras se dio el 1 de agosto del 2012. La oferta había sido presentada por el Consorcio compuesto por las empresas Constructora Sánchez Carvajal e Hidrobrujo S. A.
El contratista debió iniciar la operación comercial el 1 de agosto del 2015, pero Hidrotárcoles S. A. pretendió que el ICE admitiera el retraso; sin embargo, el contrato de compra de energía y el refrendo contralor son claros en establecer que la fecha garantizada de inicio de operación comercial solo podía adelantarse.
La decisión tomada está basada en la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones, y su Reglamento al Título II; la Ley de Contratación Administrativa, y su Reglamento; la Ley General de Administración Pública, y el Reglamento Interno de Contratación Administrativa; además del Contrato de Compra de Energía, entre otras normas aplicables.
Además de la resolución que pone fin a la relación contractual, el ICE emitió una sanción de apercibimiento contra Hidrotárcoles S. A., con base en el artículo 99 inciso a) de La Ley de Contracción Administrativa, la cual indica que:
"El contratista que, sin motivo suficiente, incumpla o cumpla defectuosa o tardíamente con el objeto del contrato; sin perjuicio de la ejecución de las garantías de participación o cumplimiento".
De acuerdo con la resolución, Hidrotárcoles S. A. podrá interponer los recursos ordinarios establecidos en la Ley General de la Administración Pública ante la Dirección de Proveeduría del ICE, dentro de los tres días hábiles a partir de la comunicación oficial del acto.
Mediante un comunicado, Hidrotárcoles indicó la noche de este lunes, que el ICE debe explicar por qué busca afectar la operación de la Planta Hidroeléctrica Capulín, desarrollada por la empresa Hidrotárcoles SA, cambiando las fechas acordadas para el inicio de operación comercial.
"La comparecencia de las autoridades del ICE ante la Comisión Especial del Congreso que investiga los créditos de bancos públicos, permitirá poner en evidencia el manejo que se ha hecho de este proyecto, donde se ha tratado de confundir a la.opinión pública y afectar la imagen de Hidrotárcoles SA.", indicó la companía.
Añade que tanto el presidente ejecutivo, Carlos Obregón, como su directora jurídica, Julieta Bejarano, deben explicar el por qué la institución aceptó la entrada en operaciones en junio 2017, y luego cambió la fecha, generando distorsiones y problemas de forma innecesaria, en un contrato que se ha manejado con transparencia por parte de la empresa, en procura de cumplir con plazos y compromisos.
También indica que pese a la disposición de Hidrotárcoles SA de mantener una adecuada comunicación con el ICE, sus autoridades han insistido en afectar el proyecto, que actualmente mantiene con empleo a cerca de 700 personas de forma directa, y con un avance de obra del 51%.
"En múltiples comunicaciones los representantes del ICE para la ejecución del contrato, así como en comunicaciones oficiales del ICE se sostuvo que la fecha de entrada en operación de la Planta era julio del 2017″, afirmó Jonatán Picado, representante legal de Hidrotárcoles.
