Funcionarios judiciales se presentaron este jueves a las instalaciones del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), en Montes de Oca, para recolectar documentos relacionados con el proyecto de ampliación de la ruta 32, entre el cruce hacia Río Frío y el centro de Limón.
La Dirección Ejecutiva del Conavi confirmó, ante la consulta de La Nación, que la diligencia se realizó luego de que la misma entidad informara al Ministerio Público de un posible mal manejo de fondos públicos en esa obra.
Las sospechas surgieron de una auditoría externa que, según la Dirección Ejecutiva, se contrató tras revisar los contratos existentes y detectar presuntas irregularidades. Los resultados se entregaron a la Fiscalía de Probidad.
Este diario consultó a la oficina de prensa del Ministerio Público si la diligencia de este jueves consistió en un allanamiento o un secuestro de documentos, y si aparte del Conavi se llevó a cabo en otros sitios, pero al cierre de la publicación aún no se había recibido respuesta.
La diligencia realizada por la Fiscalía se dio tras la denuncia que presentaron autoridades del Conavi, luego de contratar una auditoría externa. (Rafael Pacheco Granados)
Desde inicios de agosto, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) anunció su decisión de no ampliar el contrato con la empresa a cargo de la supervisión del proyecto vial debido a las supuestas irregularidades que se investigaban, por lo que se inició un nuevo proceso de licitación para esa labor específica.
Según la última prórroga otorgada a la constructora a cargo de la ampliación de la ruta, la obra debería estar lista en marzo del próximo año, sin embargo, las mismas autoridades del MOPT han indicado que ese plazo podría extenderse una vez más.
Periodista de Infraestructura y Transportes, trabaja en La Nación desde el 2012. Bachiller en periodismo de la Universidad Internacional de las Américas, estudió Comunicación y Mercadeo en la Universidad Latina y completó el programa sobre Cobertura inclusiva y perspectiva de género del Knight Center.
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