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El Gobierno pretende contener el aumento del 72% en el precio del gas licuado que tramita la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).
Para lograrlo, el Poder Ejecutivo propondrá que el incremento se haga de forma escalonada a partir de febrero.
“Pensamos en que se pueda escalonar o darse de forma más gradual, si es que se aprobara realmente ese aumento”, expresó Mariano Segura, comisionado del Consejo Presidencial Económico.
Segura afirmó que el objetivo es evitar el encarecimiento de productos que utilizan gas en su proceso de elaboración.
Por medio de un comunicado de prensa, Casa Presidencial mostró su inconformidad con la modificación y pidió al Ministerio de Economía Industria y Comercio (MEIC) y al Ministerio de Ambiente y Energía pronunciarse sobre este tema.
Carolina Mora, vocera de la Aresep, declaró que cualquier persona o entidad puede presentar sus argumentos de oposición el próximo 14 de enero durante la audiencia pública en la que se discutirá la aplicación de las nuevos importes.
Motivo. El alza del gas se debe a un cambio en la metodología con la que se calculan los precios de los combustibles.
La nueva fórmula, aprobada por la Aresep en octubre, elevaría la tarifa del gas de cocina hasta en ¢2.000 por cilindro. Además, alteraría el costo del búnker y el asfalto hasta en un 45%.
No obstante, la variación bajaría el valor de la gasolina y el diésel entre ¢9 y ¢10 por litro.
Los cambios se deben a que la Aresep eliminó el subsidio oculto pagado por los consumidores de gasolina y diésel entre 2009 y 2015, el cual abarataba el precio del gas, el búnker y el asfalto.
Esta subvención se conoció tras una investigación de La Nación, publicada en 2014.
La propuesta de la Aresep es que, a partir de febrero, el precio del litro de gas LPG pase de ¢133 a ¢229. A este monto se le deben sumar ¢54 por el envasado, ¢52 por la distribución y ¢59 por la venta al detalle.
Por ejemplo, el cilindro de 25 libras –el más común en las casas– pasará de ¢6.410 a ¢8.470.
Según la Autoridad Reguladora, en más de 651.000 viviendas (55% de las que hay en el país) utilizan gas para cocinar.
Salidas. Mario Montero, representante de la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria y de Bebidas (Cacia), aseguró al menos tres empresas están valorando trasladar operaciones a otro país en caso de que se concrete el aumento de los derivados del petróleo.
Se le consultaron los nombres de la compañías que mencionaron esta posibilidad, pero dijo no estar autorizado para darlos.
Según Cacia, para mitigar el impacto de la medida se tendrían que recortar, en algunas empresas, hasta 225 empleos.
Montero añadió que se debe replantear el cálculo de tarifas de combustibles, pues se establecen en función de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope).
“Esa institución está obsoleta”, concluyó el empresario.
Segura agregó que no han hecho valoraciones sobre eventuales salidas de empresas del país o repercusiones en el desempleo por el cambio en las tarifas propuesto por Aresep
