EscucharUn largo capítulo de disputas se cerró ayer con un fallo internacional que ordenó al país el pago de $16 millones unos ¢4.816 millones por la hacienda Santa Elena en Guanacaste, expropiada desde el 5 de mayo de 1978.
La resolución, emitida ayer en Washington por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADRI) --entidad adscrita al Banco Mundial-- es producto de un arbitraje internacional que solicitó Costa Rica en marzo de 1995 para resolver sus diferencias con la firma Desarrollos de Santa Elena S.A., dueña de la hacienda.
Joseph Hamilton, principal accionista de la empresa, se mostró ayer decepcionado, minutos después de conocer la noticia. El estadounidense dijo telefónicamente que esperaba un monto mayor, pero que aceptará la decisión. "Me siento triste, voy a extrañar este lugar, tendré que buscar otro lugar para mí y para mis caballos".
En vez de nostalgia, en el gobierno reinaba ayer la incertidumbre, pues solo se presupuestaron $15 millones unos ¢4.515 millones para responder a esa obligación. El millón restante tendrá que conseguirse antes de los próximos 21 días, pues el fallo establece que luego de ese plazo empezarán a correr intereses del 6 por ciento anual.
Pese al faltante, la segunda vicepresidenta de la República y ministra del Ambiente y Energía, Elizabeth Odio, se mostró satisfecha por la decisión. "Para el Gobierno es positivo porque se liquida de esta manera una situación que ha durado demasiado tiempo y nos ha causado muchísimos perjuicios en muchos sentidos".
Minutos después de conocer el fallo, el ministro de Hacienda, Leonel Baruch, explicó que tendrá que analizar varias opciones para buscar los fondos necesarios. "Le ofrecí al presidente Miguel Ángel Rodríguez darle una respuesta mañana (hoy para los lectores) o en cuanto tenga la información completa. Podemos valorar la posibilidad de acudir a gobiernos amigos".
Cuatro veces más
En 1978, el Gobierno fijó el precio de la hacienda en $1,9 millones --¢16,4 millones de ese tiempo--, pero Hamilton rechazó el monto porque consideró errónea la medición de la propiedad, estimada por el Ejecutivo en 15.800 hectáreas. Para el estadounidense, la finca tenía una extensión de 21.200 hectáreas.
Después de realizar varios estudios y mediciones y de escuchar el criterio de peritos independientes y otros propuestos por ambas partes, el CIADRI estimó la extensión del terreno en 15.210 hectáreas.
De acuerdo con cálculos realizados por este diario, aún si el Gobierno hubiera aceptado la medición que Hamilton pretendía en 1978, el valor presente de ese avalúo sería de $4,65 millones unos ¢1.400 millones, casi cuatro veces menos que el costo total que deberá cancelar ahora el país.
Y es que además del dinero de la expropiación, el país debió asumir $4 millones unos ¢1.204 millones más por el costo del litigio internacional, según lo confirmó ayer la ministra Odio.
Ese monto incluye los honorarios de los abogados contratados en Washington, Estados Unidos, para la defensa y la mitad de los costos en los que incurrió el CIADRI para el proceso, entre ellos el pago de los tres jueces que estudiaron el caso.
El fallo fue suscrito por los árbitros internacionales L. Yves Fortier, de Canadá; Sir Elihu Lauterpacht, de Gran Bretaña y por el profesor Prosper Weil, de Francia.
Piedra recurrente
El pago pendiente de la hacienda Santa Elena ha sido una piedra en el zapato en las relaciones de Costa Rica con Estados Unidos. En diciembre de 1992, a raíz de este caso y de otras expropiaciones pendientes, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) frenó dos créditos para el país por $170 millones y en febrero de 1995 volvió a aplazar un giro por $80 millones del Tercer Programa de Ajuste Estructural (PAE III).
Los gobiernos de esas épocas Calderón Fournier y Figueres Olsen tuvieron que emprender acciones urgentes de negociación para conseguir esos fondos.
Detrás de todas esas presiones estuvo siempre la sombra del senador republicano estadounidense Jesse Helms, quien además es amigo personal de Hamilton. El político norteamericano dirigió varias cartas a entidades internacionales para que condicionaran la entrega de los recursos a Costa Rica porque, según su criterio, el país no garantizaba la seguridad de las inversiones de sus coterráneos.
La hacienda, ubicada en la Península de Santa Elena, Guanacaste, también fue un punto crítico durante el conflicto bélico en Nicaragua durante los años ochentas, pues en 1985 la Agencia Central de Inteligencia estadounidense (CIA) construyó allí una pista de aterrizaje para abastecer a los aviones que suministraban ayuda a los contras en su lucha contra el régimen sandinista.
Colaboraron Alejandro Vargas y Carlos Villalobos, periodistas de La Nación.
