El Consejo Nacional de Rectores (Conare) rechazó “categóricamente” el proyecto de ley que presentó el presidente Rodrigo Chaves para regular el Fondo Especial para la Educación Superior Pública (FEES), con el cual se pretende mayor injerencia del Poder Ejecutivo en la gestión de las universidades públicas.
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“Una vez más y de manera sistemática, el Gobierno irrespeta el orden constitucional y el Estado Social de Derecho al condicionar el funcionamiento de las universidades públicas a los intereses de los gobiernos de turno”, manifestó el Conare tras analizar la iniciativa de ley.
El proyecto, anunciado este miércoles por el mandatario, propone incorporar a los ministros en el plan de trabajo de las universidades públicas mediante la creación de una comisión. Además, establece que los recursos serán administrados por el Banco Central y que cualquier excedente que quede al finalizar el año pase a la caja única del Estado.
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De acuerdo con los rectores, el FEES está garantizado en la Constitución Política, en los artículos 78 y 85, en cuanto a su monto e indexación; y en el artículo 84, en cuanto a la autonomía e independencia del gobierno universitario que planifica su aplicación y destino.
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De derecha a izquierda, Luis Paulino Méndez, rector del Tec; Rodrigo Arias, rector de la UNED; Francisco González, jerarca de la UNA; Gustavo Gutiérrez, rector de la UCR y Emanuel González, de la UTN.
Afirmaron que tiene como destino constitucional único, atender al financiamiento del quehacer sustantivo de las universidades públicas y sus distintos programas, desarrollados de conformidad con el Plan Nacional para la Educación Superior Universitaria Estatal (Planes).
Fiscalización establecida
Los jerarcas universitarios señalaron además que el Planes 2021-2025 ya define 43 indicadores y 171 desagregaciones de la actividad sustantiva: docencia, investigación, extensión y acción social y gestión; y 41 metas que incluyen 90 indicadores para los ejes de regionalización, calidad y pertinencia, cobertura y equidad, internacionalización y sostenibilidad, tomando como referencia los índices e “instrumentos mundialmente reconocidos”.
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Asimismo, recordaron que el Conare, en conjunto con representantes del Gobierno que conforman la Comisión de Enlace, definieron desde hace más de ocho años, una estructura de indicadores homologados del sistema de educación superior universitaria estatal para el seguimiento de los acuerdos de financiamiento del FEES.
“Lo anterior demuestra que la correcta aplicación e inversión del FEES está determinada y medida por una gran cantidad de indicadores, asociados con acciones y metas, que permiten evaluar el desempeño de las universidades públicas y también medir la eficiencia y eficacia de la ejecución del presupuesto universitario”, declararon los rectores.
De acuerdo con el Conare, en la última negociación del financiamiento universitario fueron incorporados en el Anexo del Acuerdo de Financiamiento, índices específicos de desempeño asociados con este financiamiento, derivados del Planes vigente.
“Tal y como lo establecen los artículos 84 y 85 de nuestra Carta Magna, le corresponde al Conare elaborar el Planes y definir la distribución del FEES”, detallaron.
Manifestaron que las universidades ya someten a aprobación de la Contraloría General de la República (CGR), los programas anuales operativos y sus respectivos presupuestos, los informes de ejecución presupuestaria y su liquidación final.
“Asimismo, hemos cumplido ante la Autoridad Presupuestaria y la propia Contraloría con la Regla Fiscal. El Conare reprueba la intención del Gobierno para intervenir en materias constitucionalmente asignadas al gobierno autónomo universitario”, dijeron.
De esta manera, hicieron un llamado de alerta a las comunidades universitarias a manifestarse en defensa del Estado Social de Derecho, al tiempo que expresaron su confianza en que la Asamblea Legislativa, al analizar el proyecto, actúe conforme a la observancia de los principios y normas constitucionales vigentes.