MEP tardará 11 años en resolver 77.000 reclamos de docentes por pago de plus salarial

Miles de funcionarios que hasta la fecha acumulan quejas ante el MEP por el no pago de puntos de carrera profesional deberán esperar al menos 11 años para obtener una respuesta.

Lo anterior se desprende de un informe de la Contraloría General de República sobre debilidades en el control interno de la partida de remuneraciones del ejercicio económico 2018 del MEP, dado a conocer este lunes.

En ese documento se indica que en la actualidad existen 77.000 quejas administrativas sin resolver y solo hay 50 funcionarios disponibles para atenderlas en la Unidad de Gestión de Reclamos, del departamento de Recursos Humanos del MEP.

Yaxinia Díaz, jefa de Recursos Humanos del Ministerio de Educación Pública (MEP), dijo a la Contraloría que esos 50 funcionarios no son suficientes para hacer frente a todos los reclamos.

La cifra de quejas no es estática, pues se siguen sumando nuevas gestiones cada semana.

La Contraloría auditó el presupuesto de egresos del Ministerio, aprobado por la Asamblea Legislativa para el periodo 2018, que fue de ¢2,7 billones para una planilla de 84.949 funcionarios.

“En lo que respecta a la partida de remuneraciones, se evidenciaron aproximadamente 77.000 reclamos administrativos efectuados por funcionarios del MEP en materia de carrera profesional, pendientes de resolver en la Dirección de Recursos Humanos de dicho Ministerio, para puestos administrativos que forman parte de la Carrera Docente y Administrativa.

“Al respecto, la Administración manifestó que el personal con el que se cuenta en la Unidad de Gestión de Reclamos no es suficiente para hacer frente a los reclamos pendientes de atender, por lo que se estima que se tardarían aproximadamente 11 años en resolver los casos al día de hoy”, indicó la Contraloría.

El ente contralor añadió que la situación descrita obedece, principalmente, a que no existen mecanismos de control para la actualización expedita de los expedientes de carrera profesional, por parte de los funcionarios de la Dirección de Recursos Humanos.

El pago de puntos de carrera profesional es un adicional que se les da a los educadores por títulos obtenidos. El MEP tiene dos meses y medio para responder los reclamos administrativos y, si no lo hace, el funcionario puede reclamar por la vía judicial.

A la Contraloría le preocupa la situación debido a que le genera una incertidumbre sobre la ejecución real de la partida de remuneraciones para el ejercicio económico 2018, debido a que no es posible cuantificar el impacto que tiene la desactualización en la asignación de los puntos de carrera profesional que debe tener cada funcionario del Ministerio.

“Por otra parte, la no resolución oportuna de los casos provoca que los funcionarios eleven los reclamos ante las instancias judiciales correspondientes, y tomando en cuenta que en la mayoría de los casos se resuelven a favor del empleado, la situación ocasiona un perjuicio al erario público por pagos retroactivos de los componentes salariales dejados de pagar, más los intereses y costas procesales correspondientes”, explicó el ente contralor.

Cifras elevadas

De acuerdo con información del MEP dada a este medio el año pasado, solo en el 2017 los reclamos administrativos y judiciales por estos atrasos le costaron al Ministerio ¢15.358 millones.

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Tal monto se desembolsó luego de verificar la deuda y hacer los ajustes que corresponden al pago del aguinaldo y las cuotas obrero-patronales. También, contempla el pago de honorarios de abogados, intereses legales y costas, en el caso de los procesos judiciales.

La CGR evidenció debilidades de control “significativas” en la actualización de los expedientes de personal para la asignación de los puntos de carrera profesional, por eso es que se genera una cantidad importante de reclamos administrativos por parte de los funcionarios perjudicados.

Luego de conocer el informe, Yaxinia Díaz dijo a este medio que desmentía que vayan a durar 11 años en atender estos reclamos, aunque al mismo tiempo explicó que de las 77.000 quejas, algunas datan del año 2000.

Añadió que a falta de personal están recurriendo a la tecnología para agilizar la respuesta de esos reclamos.

“Nosotros hemos trabajado fuertemente en identificar los casos. Justamente, por eso es que estamos buscando soluciones tecnológicas para incrementar la solución de esos reclamos y honrarles el pago a esas personas, pero eso no significa que vamos a durar 11 años.

"Efectivamente son 77.000 reclamos, 20.000 están en demanda judicial. El MEP está en la obligación de honrarles el pago, pero se requiere de hacer todo un estudio para determinar si corresponde o no. De pronto se volvió viral hacer reclamos por si acaso me deben algo”, dijo la funcionaria.

Díaz espera que en dos o tres años se “erradique” el problema de los reclamos con los cambios tecnológicos que se están realizando.

Carrera profesional

La carrera profesional es un incentivo en el que, por medio de un estímulo económico, se premia la superación académica del docente. A ellos se les otorgan puntos de acuerdo con los títulos obtenidos; cada punto tiene un costo aproximado de ¢1.900.

Por ejemplo, por tener bachillerato y licenciatura, se le otorgan nueve puntos por año, lo cual se traduce en ¢17.100 adicionales al salario base.

Si, además, el docente saca una maestría, se le otorgan 13 puntos adicionales al salario base, o sea, ¢24.700; mientras que una "especialidad adicional", les otorga siete puntos extra al sueldo.

Además, por la experiencia laboral le dan a cada docente un punto por año. También le dan puntos por capacitaciones o experiencia en organismos internacionales.

Según Ballestero, en promedio, los docentes reciben 30 puntos por año por carrera profesional, pero hay algunos que reciben 60 puntos.

Actualmente, cerca de 55.000 de los 60.000 docentes perciben el pago por carrera profesional.

El estudio y resolución de las solicitudes de ingreso o ajuste del incentivo de carrera profesional está a cargo de la Oficina de Recursos Humanos de cada institución; dichas oficinas tienen la obligación de otorgar ese incentivo.

La Contraloría solicitó al ministro de Educación, Edgar Mora, definir e implementar mecanismos de control que permitan una revisión oportuna de los reclamos administrativos en materia de carrera profesional de los funcionarios del Ministerio.

Para acreditar el cumplimiento de la disposición, la Contraloría solicitó que, a más tardar el 31 de octubre de 2019, se le envíe una certificación que acredite que dichos mecanismos de control han sido definidos, y a más tardar el 31 de enero de 2020, una certificación que haga constar su implementación.