Colegios y escuelas detectan 7.000 estudiantes consumidores de drogas cada año

Esta información se desprende de un informe del Departamento de Análisis Estadístico del MEP sobre el Consumo de Drogas no Medicadas entre la población estudiantil del país, que es de un millón de alumnos. Esa dependencia recopiló la información con datos enviados por los directores de cada centro educativo obtenidos mediante un censo anual.

Para el periodo 2014-2019, las bebidas alcohólicas y la marihuana fueron las drogas no medicadas con más consumidores. En el caso del alcohol, en 2014 se registraron 6.991 estudiantes y en 2019, 6.588. Los datos también se recopilaron para el 2020 y 2021, sin embargo, muestran una distorsión, pues los estudiantes no estuvieron en las aulas por la pandemia, por lo que no se pudo registrar en su totalidad.

Con respecto al consumo de marihuana, en 2014 se identificaron 6.506 estudiantes consumidores y para el 2019, 5.995.

El tabaco ocupa el tercer lugar de consumo entre los menores: en 2014 los directores reportaron 4.919 alumnos fumadores y en el 2019, 2.989.

El consumo de drogas, según las estadísticas del MEP, se da, principalmente, entre alumnos de colegio, pero también se reportan estudiantes de primaria.

Además de alcohol, tabaco o marihuana, el Ministerio detectó otro tipo de drogas, aunque en menor proporción. Por ejemplo, en 2014, se registró que 67 alumnos consumían cocaína; en 2016 la cifra aumentó a 327 y en 2019 se ubicó en 235.

Otro tipo de droga que registra aumento en consumo son las benzodiacepinas (medicamentos psicotrópicos que se utilizan ampliamente en Medicina con efectos sedantes, hipnóticos, ansiolíticos, anticonvulsivos, amnésicos y miorrelajantes). En 2018 se registraron 102 consumidores y en 2019, 239.

Denuncias que no llegan

Tanto consumo de drogas significa que hay vendedores que les surten, pero, la Fiscalía Penal Juvenil informó de estos hechos prácticamente no se denuncian, lo cual impide dar con los traficantes que incentivan la adicción en niños y adolescentes.

Debby Garay, fiscala adjunta penal juvenil, declaró que cuando analizan las estadísticas de denuncias que atienden, no corresponden con la realidad que reportan instituciones como el MEP o el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) sobre el consumo, tenencia o tráfico de drogas en menores de edad.

“El suministro es un delito que debe denunciarse. No necesariamente el proceder del MEP implica una apertura de una causa judicial, el suministro de droga a un menor de edad es delito según la ley de psicotrópicos. Un menor de edad está siendo víctima de un delito, debemos preguntarnos quién le suministra la sustancia. Las denuncias que llegan a la Fiscalía son apenas una pequeña parte de la realidad. Si una persona detecta que un menor consume droga, debe interponer la denuncia”, advirtió Garay.

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Agregó que van a tocar la puerta de la nueva administración del MEP para hacer una revisión de los protocolos que manejan ante la tenencia, consumo, hallazgo y tráfico de droga en menores y que exista una línea de trabajo para el sector docente y administrativo de cómo proceder y dónde denunciar el suministro de drogas.

Según el artículo 77 del La Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso No Autorizado, actividades Conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, se impone una pena de prisión de 8 a 20 años a quienes faciliten a menores de 18 años drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas.

Programas preventivos

Según el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA) los programas de prevención en niños y jóvenes “se han constituido en importantes herramientas para retrasar y/o disminuir el consumo”.

Sin embargo, cada vez disminuye más la puesta en práctica de estos programas en los centros educativos.

En 2014, el 91% (3.678) de las escuelas diurnas aplicó al menos un programa preventivo de drogas; en el 2019 (antes de la pandemia) bajó a 86% (3.478) y en 2020 (durante la pandemia) cayó al 29% (1.181).

En los colegios, en 2014, el 54% (518) de los centros contaban con los programas, en 2019 era el 60% (584), pero en 2020 bajó al 36% (352).

La situación no solo ocurre en el sector público.

“En el periodo 2014-2019 entre el 37% y el 20% de las escuelas privadas aplicaron al menos un programa preventivo, y entre el 55,6% y el 22% de las subvencionadas. En el año 2020, se presentan las cifras más bajas, con participaciones, del 2% de privadas y de 6% de subvencionadas”, dice el informe.

Lilliana Rojas, jefa del departamento de Convivencia Estudiantil del MEP, explicó que estos datos del Departamento de Análisis Estadístico del MEP se revisan y se valoran por direcciones regionales para generar procesos de asesoramiento, capacitación y seguimiento por parte de una comisión interinstitucional, conformada por el ICD, IAFA y MEP, a los centros educativos con el fin de que se apliquen los programas de prevención.

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“A partir del diagnóstico se debe identificar la problemática mayor que se enfrenta, se da seguimiento y acompañamiento más a los colegios de mayor riesgo y una coordinación interinstitucional también con la Fiscalía Penal juvenil”, dijo.

Explicó que existe un protocolo de seis pasos que deben acatar los centros educativos en una situación de hallazgo, tenencia, consumo y tráfico de drogas entre su población estudiantil que les señala la ruta de actuación y abordaje.

Si son menores de edad, se debe comunicar a la familia, al Patronato Nacional de la Infancia (PANI) o se hacen las denuncias al Ministerio Público.