En la última semana, la directora Jeannette Navarro fue a diario a inspeccionar los ruinosos cubículos donde funciona la escuela que está a su cargo. Al igual que en el 2022, este año los niños de barrio Limoncito, en Limón, recibirán clases en un galerón que no reúne las condiciones idóneas para el aprendizaje.
A pesar de años de promesas de distintos gobiernos de buscar una solución, alumnos y maestros se tienen que acomodar en las instalaciones que les presta la parroquia; ahí se improvisaron espacios con paredes hechizas, en donde la voz de los docentes se escucha en sus clases y también en las de al lado.
Igual que la directora, los maestros no arrugan la cara y asistieron toda la semana para preparar los espacios para el próximo lunes, 6 de febrero, cuando comienzan las clases. Hicieron todo lo que se pudo: pintaron paredes, limpiaron, arreglaron y dejaron todo listo para que los estudiantes se sientan lo menos incómodos posible.
Pero no es fácil. Desde antes de 2005, la Escuela Barrio Limoncito llegó a sumar 14 órdenes sanitarias. En 2017, finalmente, el Ministerio de Salud obligó a desalojar el edificio y ahí fue cuando se quedaron sin lugar fijo.
“En este momento, tenemos permisos (para construcción) que ya deben estar vencidos porque se entregaron desde 2017, el Instituto Tecnológico de Costa Rica (Tec) hizo planes (para la obra), pero esta es la hora que ¡nada!”, comentó doña Jeannette a La Nación.
El drama de esta escuela es grave, pero no es único. Cientos de centros educativos en el país pasan por las mismas penurias como los niños de la Escuela Carlos J. Peralta, en Guadalupe de Cartago, cuyo edificio de 83 años ya no da.
Según la directora, Teresita Cubero, cada vez que llueve fuerte, los padres tienen que ir a recoger a los niños, pues saben que se mojan dentro de la escuela, sea porque esta se inunda o por la gran cantidad de goteras. Ese centro también espera que se cumplan promesas de incluirlos dentro de un plan de atención con un crédito que tramitaría el Gobierno.
Las complicaciones en infraestructura fueron reconocidas, el pasado jueves, por la ministra de Educación, Anna Katherina Müller, durante la conferencia de prensa para presentar su plan Ruta de la Educación.
Allí mismo aseguró que la Dirección de Infraestructura Educativa (DIE), del MEP, que estrena jefe (segundo en esta administración) trabaja en identificar cada problema y asociarlo con un proyecto. También dio a conocer que están por comenzar el inventario de escuelas y colegios, para determinar su estado y necesidades.
No obstante, las soluciones que buscarán, dijo, llegarían en el 2024, aunque según aseveró Müller, en el caso de escuelas cerradas (como el de Limoncito) están apurando procesos.
“Estamos acelerando diseño, acelerando los controles de contratación para que no pase como pasaba antes que se demoran años para construir un centro. Además estamos desatando nudos, por ejemplo que el terreno no está a nombre del MEP, o un ingeniero que falta firmar, todo eso lo estamos sacando a la velocidad del rayo”, dijo.
Actualmente, confirmó, hay 722 escuelas y colegios con órdenes sanitarias, algunos de ellos con varias acumuladas. De ese total, 68 presentan la situación más crítica, con orden de cierre, desalojo y demolición, justamente como la dictada a la Escuela Barrio Limoncito.
Las otras 654, aseguró, se asistirán con dineros en Caja Única donde hay ¢95.000 millones de las Juntas de Educación; así como mediante decretos de emergencia, y con alianzas público-privadas. Este sería el plan de acción:
- 89 centros educativos están en el programa de declaratoria de emergencias y serían atendidos en conjunto con la Comisión Nacional de Emergencias (CNE). Las mejoras se completarían en el 2024.
- 38 centros educativos cuentan con resolución de riesgo inminente; serían construidos, equipados y recibirían mantenimiento por medio de fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), en el 2024. Eso sí, ese crédito deberá recibir primero la aprobación de la Asamblea Legislativa.
- 65 terrenos que no están a nombre del MEP van a ser inscritos en el 2024, para que puedan ser intervenidos.
- 1.024 centros con “cuellos de botella” que impiden la ejecución de obras y mantenimiento por parte de las Juntas de Educación, serían resueltos, según su complejidad, entre 2023 y 2024. Implican la inversión de ¢69.000 millones, pero requieren procesos de licitación, cambios de contratos, traspaso de terrenos, entre otros.
De esta forma, como admite el MEP, muy poco llegaría este año.
El último informe de infraestructura del Ministerio de Educación Pública (MEP), emitido en 2022, da cuenta además de casi 4.000 aulas en mal estado, eso incluye, escuelas, colegios preescolar y educación especial. Son 3.926 espacios que corresponden al 11% de las 33.307 a nivel nacional, no obstante, hay zonas donde la situación es más grave, sobre todo fuera del Valle Central.
Por ejemplo, en la zona norte-norte, cerca de la frontera con Nicaragua, el porcentaje de aulas de primaria dañadas es de un 26%; en el caso de preescolar alcanza un 29%.
También los colegios presentan dificultades. En San José Norte, un 38% de los salones de clase está en mal estado. En Sulá, Limón, la afectación es de un 33%.
También en los colegios de Sulá, lo mismo que en los de Guápiles, los servicios sanitarios están en mal estado en el 25% de las instituciones, señala el informe. En Limón, más de uno de cada cuatro pupitres están en mal estado, mientras que Pérez Zeledón el 19% de los pupitres están en esa misma condición.
Mientras las soluciones llegan, los docentes de la Escuela Barrio Limoncito seguirán viendo él éxodo de sus alumnos a otros centros. Luego de albergar a más de 1.000 niños, la matrícula para este 2023 es de solo 350 menores. Esta situación también satura las instituciones que están alrededor.
“Yo como mamá los entiendo, buscan lo mejor para sus hijos”, expresó Navarro.
Deudas con población con discapacidad
Según el informe del MEP, cuando se habla de adaptaciones para personas con discapacidad, el país está en mayor deuda, ya que el 29,1% de los centros educativos de I y II ciclos no cuentan con facilidades para esa población.
Así, por ejemplo, en la dirección educativa Sulá, en Bribri, el 45% de las instalaciones educativas no cuentan con estas adaptaciones; lo mismo ocurre en el 50% de la zona norte-norte.
En secundaria, sí se ofrecen más adaptaciones a esta población, con un 76% a nivel nacional. Pero existen casos de rezago como Sarapiquí y Limón, los cuales registran un 62% y 63% de cumplimiento, respectivamente.
Precisamente, en Limón se encuentra la escuela de Barrio Limoncito, cuyos encargados no solo se lamentan por no contar con facilidades para las personas con alguna discapacidad, sino que también sufren por no contar con instalaciones del todo.
La Dirección de Infraestructura Educativa les prometió unas aulas móviles que pudieran utilizar mientras se construye un nuevo edificio. El dinero para estas instalaciones temporales ya está depositado, pero docentes y niños siguen sin ver las obras.
“Para todo ponen un pero, me dijeron que estaban listas para comenzar el segundo semestre, pero ya me han dicho tantas veces cosas así”, manifestó Navarro.
Además, en forma reciente se enteraron de que, aunque la Iglesia católica usa los terrenos donde están los estudiantes, no es su propietaria y, por ende, no pueden colocarse las aulas móviles. El sitio pertenece a la Municipalidad de Limón, que primero debe donar el terreno a la Iglesia, para que luego esta autorice a colocar las aulas móviles.
El proyecto de construcción está a más largo plazo. En noviembre pasado, recibieron la visita de asesores de la ministra y estos le explicaron que la escuela está dentro de las prioridades y que entraría dentro de un préstamo con una entidad financiera internacional.
Se le dijo que en abril próximo comenzaban las contrataciones administrativas, con la esperanza de iniciar las obras en agosto y entregarlas en un año. “Pero aquí estamos, seguimos en la misma situación, las clases ya van a entrar y no tenemos nada”, se lamentó la directora.
En octubre del año anterior, la Contraloría General de la República (CGR) determinó tras una auditoría, que el MEP es incapaz de atender las necesidades de construcción y mantenimiento de sus centros educativos.
Por ejemplo, indicó que el MEP construye centros educativos en zonas donde no hay matrícula y que ese ministerio no tiene la capacidad para atender todas las necesidades de infraestructura del sistema educativo, o bien, que estas se atienden de forma inoportuna, particularmente en lo que respecta a la atención de órdenes sanitarias.
Dicho informe hace alusión a que el tema de la ineficiencia no tiene que ver con recursos, pues entre el 2017 y el 2021 se transfirieron ¢179.723 millones a las juntas de educación y administrativas para infraestructura.
Preocupan ‘los dos tiempos’
Para Jeannette Navarro la situación de infraestructura los obliga a improvisar, pero hay otras cosas en contra: “los dos tiempos”; ella se refiere al tiempo que transcurre sin soluciones y el estado del tiempo, ya que las condiciones climatológicas los exponen o a mucho sol y altas temperaturas o a lluvias e inundaciones.
“Con las lluvias e inundaciones se mete el agua a los cubículos, o cuando hace sol y se calientan demasiado y esto también afecta a los pupitres, sillas y útiles. El calor es tanto a veces, que se sacan los pupitres al aire libre y se dan clases bajo el sol, porque el calor dentro de los cubículos es demasiado”, explicó la directora.
“Si están ‘adentro’, son cubículos que no tienen ni la mitad de las dimensiones de un aula. Es fácil que el espacio se sature, y así vendrán los estudiantes la semana entrante, porque nada ha cambiado”, añadió la funcionaria.
Las tres instituciones aledañas que han recibido el grueso de los alumnos que han dejado esa “escuela” también enfrentan saturación de estudiantes y hacinamiento, pero no pueden rechazar la matrícula.
Colaboró con esta información la periodista Patricia Recio