EscucharCon solo presentar planos, sin necesidad de demostrar que tiene la infraestructura adecuada, una universidad podría conseguir la autorización del Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria Privada (Conesup) para abrir una sede regional.
Esa flexibilización es uno de los cambios al reglamento a la ley del Consejo, que entró en vigor en julio de 2023.
El Conesup es el ente encargado de la inspección y fiscalización de las universidades privadas del país y está adscrito al Ministerio de Educación Pública (MEP). El órgano es presidido por el ministro o ministra de la cartera, en este momento, Anna Katharina Müller.
El artículo 15 del reglamento a la ley 6693 (de creación del Conesup) aprobado el 31 de enero de este año, indica que se pueden autorizar las carreras, recursos y la infraestructura de una sede regional contra diseños curriculares y planos constructivos aprobados de previo a autorizar su funcionamiento.
A partir de la aprobación, la universidad tiene un plazo mínimo de un año para construir la sede y, pasado ese tiempo, el Conesup puede constatar que los planos coinciden con la respectiva planta física construida.
En ese mismo artículo se señala que el Consejo tiene 30 días naturales para pronunciarse con respecto a la solicitud de creación de una sede regional.
Por el contrario, en el reglamento antiguo se establecía, en el artículo 34, la necesidad de aplicar las normas relativas a la planta física señaladas en el Reglamento de Seguridad e Higiene Ocupacional con el fin de asegurar las condiciones mínimas en las que iniciaría el centro educativo de enseñanza superior.
De esa manera, eran necesarios los permisos del Ministerio de Salud y la aprobación del Consejo de Salud Ocupacional como requisito indispensable para autorizar el funcionamiento de una sede.
La Nación solicitó a la oficina del MEP, desde el 2 de noviembre, gestionar una entrevista con autoridades del Conesup para conocer el motivo de los cambios, sin embargo, al cierre de esta nota no habían aceptado la solicitud.
Universidades cobran a estudiantes por TCU
Otro cambio importante en el nuevo reglamento se relaciona con el trabajo comunal universitario (TCU) o servicio social. En la normativa anterior se establecía que el objetivo era contribuir al estudio de los problemas nacionales, gratuita, solidariamente y sin fines de lucro.
Por esa razón el Conesup no aprobaba tarifas para esos efectos. No obstante, la reforma estableció que las universidades privadas pueden cobrar al estudiante por el TCU.
“Los objetivos del trabajo comunal o servicio social deben ir orientados a contribuir con el estudio y solución de los problemas nacionales, de forma gratuita, solidariamente y sin fines de lucro, sin perjuicio de los costos administrativos asociados que deberán ser presentados ante el Conesup para su autorización”, se lee en el documento.
Por ejemplo, la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología (Ulacit) ya anunció que a partir de 2024, cobrará ¢50.000 a cada alumno para que pueda realizar el TCU, que es requisito para graduarse.
“Se ha notificado a los estudiantes con un tiempo prudencial. Entendemos y lamentamos las molestias que esto pueda generar a nuestra comunidad universitaria, no obstante, insistimos en que nos estamos apegando a lo aprobado por el Conesup”, explicó la Ulacit a este medio.
Este lunes, el diputado Ariel Robles, del Frente Amplio, solicitó explicaciones a la ministra de Educación sobre estos cobros.
Educación virtual
La educación virtual también fue integrada en el nuevo reglamento. Ahora, el plan de estudios de una carrera puede impartirse en las siguientes modalidades:
- Modalidad mixta (presencialidad obligatoria): combina actividades en presencialidad remota con algunas sesiones presenciales en laboratorios, giras, estaciones experimentales, etc.
- Modalidad mixta (híbrido flexible): combina sesiones presenciales con virtuales pero llevando a cabo las sesiones planeadas como presenciales con la posibilidad de que el estudiantado pueda estar presencial cara a cara o conectarse de forma virtual sincrónica.
Una variación más se da en temas de financiamiento, pues en el reglamento anterior se establecía que el Conesup se mantenía con los recursos resultantes del pago de tarifas que hicieran las universidades privadas por concepto de autorización de funcionamiento de nuevas centros, apertura de carreras, creación de sedes regionales o modificación de currículo previamente aprobados.
Ahora, se indica que el presupuesto que se asigne deberá sustentarse en un plan estratégico y su correspondiente plan operativo anual aprobados por el mismo Consejo.
Falta de información en educación privada
La reforma al reglamento, sin embargo, no llena las necesidades normativas de la educación superior privada, sector que está integrado por al menos 53 universidades, según datos del 2019 del Programa Estado de la Nación (PEN).
Precisamente, el IX Informe del Estado de la Educación, del PEN, divulgado en agosto, insistió en que Costa Rica requiere un marco regulatorio moderno y eficiente que garantice los niveles de calidad en la educación universitaria privada.
Para lograrlo, se requiere una reforma a la Ley de Creación de Conesup, para darle verdadero músculo para fiscalizar la universidades privadas, señaló Isabel Román, investigadora y coordinadora del Estado de la Educación.
Según dijo, ellos estarán atentos de que los cambios que se realizaron al reglamento no debiliten esa potestad fiscalizadora del Conesup que, ya de por sí, era débil. Recordó que los cambios no están por encima de la ley.
Asimismo, señaló la necesidad de que las universidades privadas den más información sobre su funcionamiento ya que, actualmente, no ofrecen datos sobre matrícula, docentes, cuánto aportan al proceso productivo nacional, gestión interna, actualización de programas y números de estudiantes.
Se estima, por ejemplo, que la ‘U’ privadas gradúan al 80% de los profesionales en Educación. Entretanto, de los graduados en Medicina que realizaron el examen de conocimientos en agosto para incorporase al Colegio de Médicos, solo 2 de 323 eran de universidad pública; del total solo 84 aprobaron.
