La aprobación de la Ley de Relaciones Impropias, en el 2016, consiguió frenar los matrimonios en los que uno o ambos contrayentes eran menores de edad, con el objetivo de proteger a los adolescentes de relaciones abusivas con personas mayores. No obstante, al margen de la ley y con el silencio o la complicidad de familiares y vecinos, las uniones tempranas e impropias siguen siendo una realidad.
Según un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), en Costa Rica, casi dos de cada diez jóvenes de entre 20 y 24 años convivían con una pareja antes de cumplir los 18 años.
La investigación Los matrimonios y uniones infantiles, tempranos y forzados —la cual fue divulgada en setiembre del 2022—, fue realizada con base en datos de la División de Estadística de la Organización de Naciones Unidas (ONU), y especifica que en el 2018, un 17% de las ticas en ese grupo de edad mantenía una unión equivalente a un matrimonio.
Estas uniones, por lo general, tienen lugar “con hombres que suelen ser mayores, más experimentados, poseen más educación y tienen mejores perspectivas económicas, lo que puede tender a que las niñas vivan una vida de desigualdad conyugal e incluso puedan sufrir violencia”, alertó la Cepal.
De acuerdo con las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) y del Centro Centroamericano de Población, para el 2015, en el país había 209.601 mujeres de entre 20 y 24 años. Las estimaciones de la Cepal indican que de ese grupo, unas 35.600 habrían empezado a convivir con una pareja antes de alcanzar la mayoría de edad.
Se trata de una realidad preocupante, según la Cepal, pues “el matrimonio y la unión de niñas y adolescentes compiten con su escolarización, su entrada al mercado laboral y su desarrollo físico, psicológico y emocional”.
“Son causa y consecuencia de una limitada autonomía física, económica y en la toma de decisiones para las mujeres y afectan de manera desproporcionada a niñas y adolescentes de zonas rurales, hogares en situación de pobreza y con menos acceso a la educación”, dice el informe.
La Comisión hace la salvedad, eso sí, de que los cálculos son conservadores, dada la posibilidad de que exista un subregistro importante, por tratarse de una situación controversial y difícil de medir.
Cantones prioritarios
La Ley de Relaciones Impropias, que entró a regir en el país en enero del 2017, prohibió la inscripción de matrimonios en los que una o las dos personas sean menores de edad.
La legislación, además, castiga con hasta tres años de cárcel a los hombres que tengan relaciones sexuales con adolescentes de entre 15 y 17 años, si la diferencia de edad entre ambos es de siete años o más. Mientras que los vínculos con menores de entre 13 y 15 años se penalizan con hasta seis años en prisión, cuando la diferencia supere los cinco años.
Darcy Araya Solano, especialista del Departamento de Violencia de Género del Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu), explicó que se establecieron dichos parámetros, porque a esas edades las muchachas no han alcanzado la madurez requerida para entablar relaciones con hombres mayores y más experimentados, aunque crean estar enamoradas.
Araya añadió que si en una familia hay historial de agresión, es posible que la joven haya crecido viendo la violencia como algo normal, y no sea capaz de reconocer las señales de alerta.
Las relaciones con niñas de menos de 13 años, del todo, constituyen violación.
Para la especialista, la reforma legal propició que más personas desaprueben las uniones de jóvenes con adultos.
No obstante, afirmó que hace falta mucho trabajo por parte de instituciones como el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), el Poder Judicial y el mismo Inamu para concientizar sobre el tema. Los esfuerzos de educación del Instituto, dijo, de momento están concentrados en las comunidades y el personal de las oficinas regionales de las instituciones públicas de seis cantones prioritarios: Golfito, Garabito, Los Chiles, San Carlos, Limón y Talamanca.
“Es como un secreto a voces, ellas saben lo que está sucediendo allá, pero dicen que la Fiscalía no hace nada, y no es un tema de Fiscalía únicamente. Es un tema de PANI, que tiene una obligación directa en los procesos administrativos; obviamente la Fiscalía, sí, y hay una responsabilidad de la comunidad”, aseveró Araya.
Pocas condenas
La complicidad de las familias y las comunidades se evidencia en la baja cifra de casos que se llevan ante las autoridades
Según los registros de la Fiscalía, en el 2017, el Poder Judicial recibió 2.119 denuncias por el presunto delito de relaciones impropias. En el 2018 la cifra subió a 4.033; en el 2019 a 4.110; y en el 2020 se redujo a 2.800.
Las condenas, por otra parte, fueron 27 en el 2018, frente a 20 absolutorias. En el 2019, hubo 34 condenas y 21 absolutorias. Y en el 2020, hubo 14 condenas e igual cantidad de absoluciones.
Los casos no prosperan si no hay suficientes pruebas contra el denunciado o si la ofendida decide no participar en el proceso, por temor o porque no se considera una víctima.
Realidad compartida
Los datos también evidencian que Costa Rica no es ajena a un fenómeno que caracteriza a toda América Latina, aunque en la práctica sí parece estar menos generalizada que en otros países de la región.
El reporte indica que la incidencia de matrimonios y uniones infantiles alcanza el 34% en Honduras y el 35% en el vecino Nicaragua. Cifras similares se encontraron en República Dominicana (32%), Guyana (32%) y Suriname (36%).
En contraste, los niveles más bajos se encontraron en países como Perú (14%), Argentina (16%) y Bolivia (20%).
La investigación también midió en cada país, el porcentaje de jóvenes que se casaron o iniciaron una relación de convivencia incluso antes de los 15 años.
Para Costa Rica, se estimó en un 2% de la población de mujeres jóvenes, muy similar a Argentina, Uruguay y Perú. Por el contrario, se encontró que en Nicaragua esta fue la situación de al menos una de cada diez niñas.
En total, a nivel de América Latina y el Caribe, el informe estima una prevalencia de relaciones impropias en el 25% de las niñas, es decir, que Costa Rica se encuentra ocho puntos porcentuales por debajo de esa media.
‘Violación de los derechos humanos’
Las relaciones impropias, para la Cepal, constituyen “una violación de los derechos humanos” y son considerados una práctica nociva, que pone en riesgo el presente y futuro de niñas y adolescentes.
Cuando una muchacha establece una relación con un hombre mayor, está en mayor riesgo de abandonar sus estudios, quedar embarazada, sufrir abusos de poder y depender económicamente de su pareja.
La Cepal enfatizó que se trata de un problema que afecta específicamente a las mujeres jóvenes, pues las relaciones impropias son más frecuentes en contextos de pobreza, vulnerabilidad y violencia, donde las familias tienen pocas expectativas para el futuro de ellas y ven en un hombre mayor una aparente solución a las carencias.
El estudio de la Comisión evidenció además, que en toda la región, incluyendo a Costa Rica, las menores de edad dedican entre cinco y diez horas más que sus pares hombres a las labores domésticas no remuneradas. No obstante, la brecha se amplía mucho más si se hace la distinción entre las niñas solteras y las que conviven con una pareja.
Por ejemplo, en Colombia, las muchachas solteras dedican 15,5 horas semanales al trabajo doméstico, mientras que las casadas y las que conviven con una pareja gastan 40,8 horas por semana en dichas labores.