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Los diputados de la Comisión Especial Investigadora de los Créditos Bancarios le cuestionaron a Alberto Raven Odio, director del Banco de Costa Rica, que no informara explícitamente a la junta directiva bancaria de la que forma parte, de sus vínculos con la empresa que le vendió una planta hidroeléctrica a la Cooperativa de Electrificación de San Carlos (Coopelesca).
Raven era fiscal en la junta directiva de la cementera Holcim hasta marzo pasado, compañía que le vendió la Hidroeléctrica Aguas Zarcas a Coopelesca en $35 millones.
Además de ser miembro de la junta directiva del BCR, Raven es propietario del 100% de las acciones de una empresa que participó en la venta de la hidroeléctrica a la Cooperativa, que es cliente del Banco en un préstamo de $32,7 millones que obtuvo para esa operación y de otros créditos.
Entre los legisladores que más le cuestionaron al director bancario su silencio estuvo Ottón Solís, del Partido Acción Ciudadana (PAC), a quien se le unieron William Alvarado, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); Julio Rojas, del Partido Liberación Nacional (PLN), y Patricia Mora, del Frente Amplio.
Además, se le criticó por no haber informado del valor en libros que Holcim reportaba para la Hidroeléctrica Aguas Zarcas, que llegaba si acaso a los $12 millones, cuando la transacción de compraventa ascendía a los $35 millones.
"El silencio de Raven no se valía, se materializa el conflicto de interés. ¿Cómo le pagaban como fiscal si usted no sabía nada, supuestamente, de la empresa para la cual trabajaba como fiscal?", comentó Ottón Solís.
El exgerente general del BCR, Mario Rivera Turcios, indicó que la normativa exigía que los informes de créditos se entregaran a la junta directiva dos días hábiles antes de las sesiones, que durante su gestión se realizaban los días lunes.
Eso significa que la directiva accedió al informe que se refería al crédito para Coopelesca desde el jueves anterior al día en que se discutiría, cuatro días naturales antes. Por eso, precisamente, los legisladores también le reclamaron a Raven que no informara nada sobre un crédito para un cliente que haría negocios con la empresa Holcim.
Las críticas de Solís fueron apoyadas por Gustavo Arias, otro de los miembros de la directiva del BCR, quien aseguró: "Yo sí creo que faltó transparencia", en referencia al silencio de Raven.
El libertario Otto Guevara dejó en evidencia que Raven conocía de al menos una de las contingencias que rodeaban al crédito de Coopelesca. Esa contingencia es el conflicto existente desde hace varios años entre la compañía Ticofrut y Holcim, donde la primera reclama como suyos terrenos que hoy ocupa parte de la planta hidroeléctrica.
De nuevo, Alvarado, Rojas y Solís le cuestionaron que no hubiera informado esto a la junta directiva del Banco, antes de prestar dinero para una operación que tenía en medio la venta de esa hidroeléctrica al cliente bancario.
Ante todo esto, Raven no solo negó varias veces que hubiera incurrido en un conflicto de intereses por no informar sus vínculos con Holcim, ni con la compañía que intervino en la venta, O y R Trust Services, sino también por no informar que conocía de ese conflicto entre Ticofrut y la cementera por tierras.
Evita Arguedas, presidenta a.i. de la junta directiva del BCR, apoyó a Raven al decir que él no sabía del crédito hasta que llegó el informe de la Comisión de Créditos.
En el tema de los silencios, la directora Paola Mora echó leña al fuego en su conflictiva relación con Raven, cuando afirmó ante la Comisión Investigadora, bajo juramento, que el bufete Zurcher, Odio y Raven "participa en este (crédito a Coopelesca) y otros créditos, con la misma conducta de don Alberto Raven; se ausenta o no dice nada, y siempre son créditos grandes".
Inmediatamente, Raven encendió su micrófono en la Comisión Investigadora y dijo: "Lo que está diciendo doña Paola es absolutamente falso".
Minutos después, Mora añadió que tiene pruebas de que esos clientes del bufete de Raven tienen créditos grandes con el BCR, pero que por respeto a ellos, no los mencionaría en el foro investigador de los créditos.
El socialcristiano Alvarado añadió que no podía creerle a Alberto Raven que no conociera del conflicto por las tierras en que está la Hidroeléctrica Aguas Zarcas, que están en terrenos del Instituto de Desarrollo Rural (Inder) y cuyo contrato de arrendamiento vence en setiembre del 2016.
LEA: Inder analiza vender terrenos de hidroeléctrica a Coopelesca
"Contradicción" en valoración
Durante la intervención del exgerente del BCR, Mario Rivera Turcios, Ottón Solís, Julio Rojas y William Alvarado coincidieron en que el exfuncionario se contradijo al responder sobre el método de valoración de la planta hidroeléctrica, pues él había asegurado en la Comisión sobre el Control del Ingreso y el Gasto Públicos que la valoración de la planta generadora se basaba en los flujos de generación, pero hoy ante la Comisión Investigadora de los Créditos apuntó que se hizo con el método de la valoración de mercado, el valor de reposición.
Cuando los legisladores confrontaron a Rivera, corrió a asegurar que el avalúo del costo de la hidroeléctrica no se hizo con base en los flujos de generación, sino que era el análisis financiero el que se realizó con la proyección de cómo era el negocio.
Ante esto, Rojas le criticó directamente que cómo se hacían valoraciones con base en el flujo de la generación, con una planta que hoy prácticamente está varada, con una generación máxima de un megavatio, cuando la capacidad instalada de la planta es cercana a los 14,5 megavatios.
Mario Rivera alegó que el Comité de Créditos del BCR no revisó el valor en libros de la Hidroeléctrica y que se basó en los estudios peritales de CT Energías y le negó a Ottón Solís que el informe pericial estuviera malo, pese a que este informe afirmó en el 2014 que la planta estaba en perfectas condiciones y hoy está varada.
"Yo no soy perito. Las afirmaciones se basan en los informes periciales. (...) La preocupación principal del BCR es que el cliente tenga suficiente capacidad de pago. Había garantías suficientes para respaldar que todos los aspectos legales y reglamentarios se cumplan", dijo Rivera.
"Dígame que el informe pericial estaba malo", comentó Solís y añadió que la planta está parada, "no puede estar en perfecto estado".
Rivera adujo que tenían confianza en la firma de peritaje, porque es la que ha evaluado todos los proyectos que se le han financiado a Coopelesca.
