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Los diputados finalmente cedieron a las presiones de los gremios del Poder Judicial y, la mañana de este martes, desecharon la reforma propuesta por la Superintendencia de Pensiones (Supén) al régimen jubilatorio de la Corte, para retomar el texto que habían presentado las organizaciones de trabajadores.
La decisión fue tomada solamente por los diputados del Partido Liberación Nacional, del Frente Amplio y de Renovación Costarricense presentes en la sesión de la Comisión Especial de Pensiones de la Asamblea Legislativa, cinco legisladores en total.
La propuesta de Supén había sido acogida para estudio, por encima de la gremial, a finales de marzo, cuando estaba a punto de cerrarse el plazo de trabajo de la Comisión de Pensiones.
En ese texto, la Superintendencia proponía aumentar la edad mínima para retirarse de 62 años a 65, cambiar la forma de calcular el monto de la pensión y fijar un tope de ¢3,9 millones a las jubilaciones judiciales.
De no haber modificaciones a ese régimen, el Instituto de Investigación en Ciencias Económicas (IICE) de la Universidad de Costa Rica calcula un déficit actuarial de ¢5,3 billones. Los actuarios universitarios aseguraron, ante la Comisión Especial de Pensiones, que la propuesta gremial sólo baja ese déficit hasta los ¢4,1 billones.
En cambio, la propuesta de la Supén dejaría la factura a futuro en cero, según aseguró el superintendente, Álvaro Ramos, a La Nación. La única factura que se mantendría es la de los 3.600 jub¡lados actuales, que la Supén pretendía facturarle al Estado, y que sería de ¢1,3 billones.
El principal impulsor de la moción para desechar la propuesta de la Supén fue Jorge Arguedas, del Frente Amplio, quien criticó duramente la intención de Ramos, por considerar que es lesiva para los trabajadores judiciales.
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Arguedas tuvo el apoyo de los liberacionistas Sandra Piszk, Ronny Monge y Julio Rojas, quienes quedaron obligados por un pacto que su candidato presidencial, Antonio Álvarez Desanti, había hecho con los gremios judiciales para que el único texto que se discutiera para reformar las pensiones judiciales fuera el de los gremios.
Adriana Orocú, vocera del Frente de Organizaciones Gremiales del Poder Judicial, explicó que ese pacto se tomó en la oficina de Álvarez Desanti como presidente legislativo, en junio del año pasado.
Johnny Leiva, Marcela Guerrero, Franklin Corella y Natalia Díaz, también miembros de la Comisión Especial de Pensiones, no estuvieron presentes en la sesión, porque alegaron desde el lunes que el texto de la Supén estaba en consultas, lo cual suspende el trámite legislativo.
Sin embargo, Ronny Monge alegó que, a las 8:50 a. m., aún no aparecían las consultas en el sistema legislativo, y adujo que eso los habilitaba a ellos a sesionar. La sesión se realizó, específicamente, para desechar el texto de la Supén.
Piszk alegó que apoyó la decisión de desechar la propuesta de la Superintendencia de Pensiones por la preocupación expresada por el Ministerio de Hacienda de que, en época de crisis fiscal, le endosen la factura de las pensiones judiciales.
La liberacionista añadió que no es posible imponer una contribución especial del 30%, pareja, a todos los jubilados actuales, como plantea la Supén para financiar el mismo régimen. Por ejemplo, si alguien tiene una pensión de ¢3 millones, se le deducirían ¢900.000.
