EscucharDurante cuatro años, una operadora financiera en Escazú procesó pagos de apuestas electrónicas para un grupo de empresas que operan en Costa Rica.
Esto pese a que la Procuraduría General de la República dictaminó que es ilegal el ingreso al país de los fondos de apuestas.
La firma Vinir Financial Services (VFS), constituida en las Islas Vírgenes Británicas pero radicada en Costa Rica, movilizó poco más de $120 millones para 12 compañías de juego, según consta en estados de cuenta y copias de cheques y transferencias.
La operación, realizada entre marzo de 1998 y noviembre del 2002, fue confirmada por el dueño de VFS, Vinicio Esquivel Goicoechea, quien concedió una entrevista a este diario desde un sitio en Centroamérica al que se trasladó luego de que su empresa colapsó en noviembre del año pasado.
Esquivel no oculta su preocupación por la deuda de $4,2 millones que tiene con las casas de apuestas, la cual, afirma, pagará de alguna forma.
Los $120 millones transados en Vinir significan solo una parte de la operación total de los sportsbooks, de acuerdo con Esquivel.
Ante una petición del Ministerio de Comercio Exterior, la Procuraduría dictaminó, en 1997, que las casas de apuestas pueden operar aquí, siempre y cuando el negocio, y sobre todo el pago, no se concrete en el país.
De acuerdo con los documentos en poder de este diario, los fondos que recibían las casas de apuestas (por cheques o transferencias) eran depositados en cuentas que mantenían en Vinir.
Desde esas cuentas también se paga a quienes ganaban las apuestas o cerraban sus cuentas.
Vinir mantenía el dinero en una cuenta en el Amtrade International Bank, de Atlanta, Estados Unidos, y que cerró operaciones en setiembre del año pasado.
Niegan vínculo
Gary Austin, un operador de apuestas al que Vinicio Esquivel identificó como uno de sus acreedores, explicó que la mayoría de las cuentas en Vinir están a nombre de empleados suyos que tenían su dinero personal ahí.
En relación con una cuenta a nombre de Waterhouse Ltd., sostuvo que esa empresa no le pertenece (no identificó a sus dueños).
“Yo le compro servicios de mercadeo a esa compañía, si ellos recibieron dinero de apuestas tendrían que hablar con ellos”, dijo.
Carlos Alberto Echeverría Alfaro, abogado de Paradise, explicó que sus clientes no son una casa de apuestas ni un casino, sino un centro de póquer en Internet, donde los clientes juegan entre ellos.
“Hasta donde yo sé, los dineros entregados a Vinir no son producto de apuestas, sino devoluciones a los jugadores”, indicó.
David Carruthers, de BetOnSports (conocida como Nasa), respondió así a un cuestionario que se le envió: “Hay muchos negocios y empresas privadas que han sufrido los efectos del colapso de Vinir. El enfoque de cualquier pregunta debería ser cuándo Vinir va a cumplir sus obligaciones”.
En representación de Sportingbet, el abogado Ramón Chavarría dijo que hasta donde sus clientes tenían entendido, Vinir tenía sus cuentas en Panamá y el dinero nunca tocaba Costa Rica.
Robert Goldwasser, de First Fidelity, no respondió las llamadas.
Marco legal
En el año 2000, el entonces procurador general, Román Solís, aclaró que lo importante, desde el punto de vista legal, es determinar si el dinero de las apuestas toca o no suelo costarricense.
“Si se envían los cheques a Costa Rica y son recibidos aquí, el dinero de las apuestas entra en el país y el contrato se estaría ejecutando. Por lo tanto la operación sería ilegal”, dijo Solís a La Nación en ese entonces.
El procurador constitucional, Fernando Castillo, confirmó el viernes pasado esa interpretación.
Agregó que la responsabilidad de velar porque no se incurra en ilegalidad le corresponde a los ministerios de Seguridad Pública y de Comercio Exterior, en caso de que estén en zonas francas.
Le Ley de creación del Instituto Costarricense del Deporte, de mayo de 1998, establece que solo esa entidad puede procesar apuestas de eventos deportivos.
Castillo aclaró que la violación de esa norma no está tipificada como delito, pero sí cabría una sanción administrativa que implicaría el cierre del negocio.
El procurador agregó que la Ley de Contingencia Fiscal, que rige desde el 1.° de enero anterior, y que dispuso otorgar licencias a las casas de apuestas, confirma la tesis de la Procuraduría.
“Los legisladores se cuidaron al definirlas como empresas de enlace de llamadas de apuestas electrónicas. Se habla de recepción y procesamiento de datos, no de que se concreten aquí las apuestas, porque eso sería ilegal”, sostuvo el procurador.
El ministro de Seguridad, Rogelio Ramos, reiteró que va a tomar cartas en el asunto ante la posibilidad que se esté infringiendo la ley. “Iniciaré la investigación que corresponda”.
