La Contraloría General de la República ordenó a la Municipalidad de Osa investigar si las concesiones de Punta Dominical y tres sociedades más de dueños norteamericanos se aprobaron sin cumplir algunos requisitos de ley.
En un documento calificado como “confidencial”, el ente contralor envió al municipio una lista de las concesiones que deben investigarse, y el alcalde de Osa, Alberto Cole, confirmó que en la lista se encuentran las de Punta Dominical.
Una investigación de La Nación reveló ayer que esa empresa utilizó bonos de vivienda para obtener concesiones en playa Dominicalito, en Osa.
Los hechos ocurrieron entre el 2000 y 2004, con participación de los diputados Olivier Pérez, del Partido Acción Ciudadana, y Jorge Eduardo Sánchez, de la Unidad Social Cristiana.
En el año 2004, la Municipalidad de Osa aprobó un total de ocho concesiones a favor de Punta Dominical S. A., Empresa Hotelera Dominical S. A., Playa Hatillo S. A. y Dieciocho Veintiuno S. A.
Sin datos. Cole informó de que, según la Contraloría, en los expedientes de las concesiones “no hay datos” sobre los socios de las sociedades ni la distribución del capital.
Según la Ley de la zona marítimo-terrestre (ZMT), no se pueden dar concesiones a sociedades cuyas acciones correspondan en más del 50% a extranjeros.
Además, pronunciamientos de la Contraloría y la Procuraduría indican que no se pueden otorgar concesiones a sociedades conformadas por personas que ya tienen una concesión.
No obstante, el gerente de Punta Dominical, Mario Pacheco, dijo ayer que su interpretación es que “no hay impedimento alguno” para dar concesiones bajo esos supuestos. Agregó que las concesiones de la firma “se han apegado a la ley” y que únicamente el 50% del capital de las cuatro sociedades ha sido de extranjeros.
El alcalde dijo que en el pasado las concesiones del municipio se manejaron “como una pulpería” y abrirá un proceso para determinar si se incumplieron los requisitos de aprobación.
Aclaró que difícilmente se cancelarían las concesiones. Según dijo, aún si el municipio hubiera cometido un error al aprobarlas, las empresas podrían alegar que tienen derechos adquiridos.
