París. EFE y AFP. La detención y expulsión de Francia a Kósovo de una adolescente gitana de 15 años durante una excursión escolar desató ayer una intensa polémica en Francia y volvió a colocar en el centro de las críticas la política de inmigración del ministro del Interior, el socialista Manuel Valls .
Ayer se conoció el arresto –el 9 de octubre– y la posterior deportación de Leonarda Dibrani, una joven quien residía en Levier (en el este de Francia) y que era objeto junto a sus padres y sus cinco hermanos y hermanas de una orden de expulsión. Ellos llevaban cinco años de vivir en Francia.
Según los docentes de su colegio, fue el alcalde de ese pueblo de menos de 2.000 habitantes, Albert Jeannin, quien dio la orden al autobús de detenerse en un aparcamiento, donde agentes de policía detuvieron a la menor.
Leonarda, quien cursaba tercer año en el colegio de la localidad, se dirigía con sus compañeros de clase y sus profesores a visitar la ciudad de Sochaux, cerca de la frontera suiza.
Según el blog Red de educación sin fronteras , que sacó a la luz la noticia, un profesor les pidió a los agentes que esperasen a que se alejara el autobús, para que el resto de niños no vieran a Leonarda entrar llorando en el coche de policía.
La niña fue expulsada al día siguiente con su madre y sus cinco hermanos. Su padre fue deportado a Kósovo –hasta hace poco una provincia de Serbia– un día antes.
“Ni siquiera hablo albanés”, exclamó Leonarda Dibrani desde los suburbios de Mitrovica, en el norte de Kósovo. Dibrani y sus hermanos mantienen la esperanza de volver.
La izquierda francesa ha criticado duramente al ministro del Interior, quien ha puesto en duda la capacidad y la voluntad de los gitanos de integrarse a la sociedad.
La controversia llegó a filas de la mayoría gubernamental y se produjo tras varias semanas de polémica sobre la situación de unos 20.000 gitanos en el país.
Valls se defendió al declarar que se había limitado a “aplicar con firmeza las medidas de expulsión velando escrupulosamente por el respeto del derecho de los extranjeros que son objeto de esas medidas”.
Sin embargo, el martes, a medida que aumentaban las críticas en filas de su propio partido, Manuel Valls lanzó una “investigación administrativa” sobre las “condiciones” de la expulsión de la adolescente kosovar.
El más rotundo en su oposición a la detención y expulsión de la adolescente fue el ministro de Educación, Vincent Peillon, quien exigió que “esa situación no vuelva a repetirse”.