Ciudad de Guatemala. Los dos aspirantes a la presidencia de Guatemala aseguran que continuarán la lucha contra la corrupción, sin el apoyo de una misión antimafias de la ONU que termina su mandato en setiembre, aunque analistas y opositores se muestran escépticos con la promesa.

El derechista Alejandro Giammattei y la socialdemócrata Sandra Torres, que se enfrentan en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del próximo domingo, han rechazado pedir la permanencia de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un ente que fue clave para revelar graves casos de corrupción en el Estado.

Entre ellos figura el que hizo renunciar al entonces presidente Otto Pérez (2012-2015), involucrado en una estafa en las aduanas.

A cambio de la Cicig, Torres y Giammatei ofrecen crear entes especiales anticorrupción con acompañamiento de la comunidad internacional.

Sin embargo, la interrogante es la independencia y el compromiso que tendrán para tocar las estructuras ilícitas de poder, indicó el analista Manfredo Marroquín.

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"Las dos propuestas son muy débiles. La verdad que esa pieza de lucha contra la corrupción, que es esencial, yo no la veo funcionando en ninguno de los dos candidatos", aseguró Marroquín, quien augura un retroceso en el combate a las mafias con cualquiera de los dos presidenciables.

"Si no hay persecución de los corruptos, la gente no va creer en ninguna otra iniciativa", agregó el analista, quien participó como candidato presidencial en la primera vuelta electoral, el pasado 16 de junio.

Los competidores fueron a un balotaje debido a que ninguno alcanzó el 50% más un voto para ganar en junio.

Las fibras del poder

La Cicig funciona desde el 2007 en Guatemala a petición del gobierno, con el objetivo de enfrentar a los cuerpos ilegales incrustados en las instituciones del Estado, herencia de la guerra civil que padeció el país entre 1960 y 1996, y que dejó más de 200.000 muertos y desaparecidos, según una Comisión de la Verdad.

No obstante, fue en el 2015 cuando la comisión provocó un terremoto político tras revelar, junto con la Fiscalía local, la operación de una red que cobraba sobornos en las aduanas para evadir impuestos de importación.

La investigación señaló como cabecillas del fraude a Pérez y a su exvicepresidenta Roxana Baldetti, quien también renunció al cargo en medio de protestas callejeras.

Ambos se encuentran en prisión preventiva a la espera de ser juzgados por ese caso, mientras acumulan otras acusaciones de corrupción.

El caso tuvo un efecto dominó con el destape de más fraudes, muchos de ellos acusando a empresarios, políticos y militares que eran considerados intocables.

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"No vemos un panorama muy claro en la lucha contra la corrupción" en los planes de gobierno de los dos candidatos, agregó Edie Cux, presidente de la organización Acción Ciudadana, capítulo guatemalteco de Transparencia Internacional.

Cux indicó a la AFP que "no está claro cómo se va abordar" el combate a la corrupción en la siguiente administración presidencial y previno de una posible continuidad de lo que estimó acciones de retroceso iniciadas en el gobierno del presidente Jimmy Morales.

Morales el año pasado se retractó de una promesa de campaña y declinó pedir a la ONU la ampliación del mandato de la Cicig para 2019-2021, después de meses de choques con la misión que pidió investigar al mandatario por sospechas de corrupción en su partido.

Reto y reformas urgentes

Samuel Pérez, diputado electo por el partido de centro-izquierda Movimiento Semilla, surgido de la protestas contra el expresidente Pérez, dijo que el ganador de los comicios enfrentará el “reto tremendo” de erradicar la corrupción sin apoyo de la Cicig.

Agregó que la falta de interés de Torres y Giammattei por la continuidad de la Cicig también pasa por la probabilidad de que los candidatos pueden tener vínculos con la corrupción, que podrían ser investigados por el ente internacional.

Ambos aspirantes han estado en la mira de la Cicig.

Torres enfrenta una petición para ser investigada por posible financiamiento electoral ilícito en el 2015, mientras que Giammattei estuvo en prisión en el 2010 señalado de haber participado en una matanza de reos cuando fungió como director del Sistema Penitenciario.

Samuel Pérez estimó que el país necesita "una reforma del Estado profunda que cierre todos los caminos a la corrupción", algo que "no se ve tampoco reflejado en los planes de gobierno" de los candidatos.

La Cicig cerrará sus puertas el próximo 3 de setiembre a menos que el vencedor del domingo cambie de parecer, una posibilidad bastante lejana.