Las difíciles condiciones de vida por las que atraviesan los haitianos han degenerado en una constante lucha por sobrevivir. Día con día, en esta nación que gira al borde del colapso, la alimentación, los servicios médicos y la seguridad penden de un hilo.

Entre tanto, el gobierno se ha mostrado incapaz de revertir el caos que golpea a todo el país.

Desde hace más de un año, la histórica crisis económica y social de Haití cobró nuevas dimensiones. Sus habitantes, quienes “sobreviven” con menos de $2 al día, han llenado las calles durante meses, en protesta por la corrupción gubernamental, la inflación y la crítica escasez de combustibles y de productos básicos.

El estallido social ha paralizado a un Haití ya de por sí desangrado por la pobreza, los desastres naturales y la injerencia internacional en sus asuntos. Los mercados, las escuelas, los centros de salud y las empresas están cerrados, los transportes públicos dejaron de funcionar hace semanas, las barricadas con piedras y llantas en llamas se han vuelto parte del paisaje cotidiano, mientras que el 49,3% de los habitantes no tiene qué comer, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

La inflación, que alcanza el 17,6%, ha elevado el precio de los bienes de consumo, especialmente en las principales ciudades donde los productos se venden a precios exorbitantes. Además, en las periferias, los agricultores no pueden comercializar sus cosechas por causa del desabastecimiento de los combustibles.

A la inflación se suma un ínfimo crecimiento económico del 0,1% contra una deuda externa de $2.122 millones y la caída de la moneda en un 27% respecto al dólar.

Durante la última ola de protestas que comenzó el 15 de setiembre, han fallecido 42 personas y resultado heridas más de 86. Según Naciones Unidas, 19 de los 42 muertos fueron responsabilidad de las fuerzas de seguridad.

Entretanto, policías y civiles se enfrentan en las calles de las ciudades, las pandillas y los delincuentes toman las zonas rurales donde los alimentos no salen y los productos básicos no entran a causa de los constantes robos a los camiones que los transportan.

En el país más pobre de América Latina, donde solo una de cada cuatro personas tiene acceso a servicios básicos de sanidad, piden la renuncia del presidente Jovenel Moïse y que se ponga un alto a la miseria.

Crisis política

Haití se encuentra sumida en una seria crisis política desde el 2015, cuando el actual presidente Jovenel Moïse fue declarado ganador en la primera vuelta de los comicios presidenciales que, como otros en esa excolonia francesa, estuvieron marcados por acusaciones de fraude y fueron anulados tras varias denuncias de ilegitimidad.

En febrero del 2016, la Asamblea Nacional estableció un gobierno interino a cargo del entonces senador Jocelerme Privert, quien asumió por un año a la espera de que se realizara el balotaje presidencial, el cual fue pospuesto en tres ocasiones por el estallido de multitudinarias protestas y el catastrófico paso del huracán Matthew en setiembre de ese mismo año.

El balotaje se llevó a cabo finalmente en noviembre del 2016, cuando Moïse fue electo con el 55,67% de los votos. Sin embargo, ese proceso también fue salpicado por denuncias de fraude y tardó tres meses en ser validado.

A lo largo de su mandato, Moïse ha enfrentado fuertes acusaciones de ilegitimidad y corrupción. Además, la falta de acuerdo entre los actores políticos ha dejado sin primer ministro al país ya que, el último nombrado, Fritz-William Michel, se encuentra a la espera de ser ratificado por el Parlamento.

Sin primer ministro y con el mandato de los senadores a punto de vencer el próximo enero, el impopular presidente haitiano gobernará por decreto, sin contrapesos.

Escándalo de corrupción

Pero no son solo políticas las penurias de ese país caribeño, con una superficie (27.750 km²) que es algo más de la mitad de la de Costa Rica.

La corrupción es otra fuente de discordia y un mal permanente.

En el 2005, Venezuela creó el fondo PetroCaribe, que permitió a Haití comprar petróleo a precio subsidiado, al tiempo que el dinero ahorrado por el beneficio se podía invertir en infraestructura, programas sociales, salud y educación.

Sin embargo, la crisis política, económica y social en el país suramericano puso fin a PetroCaribe en el 2018, por lo cual Haití se vio obligado a comprar los combustibles a precios del mercado internacional.

Por otra parte, en julio del año anterior, el gobierno de Puerto Príncipe anunció la eliminación de los subsidios a la energía, como parte de un paquete de reformas propuesto por el Fondo Monetario Internacional (FMI), condición para otorgar un préstamo de $96 millones.

Esa medida, aunada al aumento de los combustibles, fue la chispa de una protesta social generalizada que exigía la reposición de las tarifas eléctricas subsidiadas, a lo cual accedió el gobierno meses después.

Sin embargo, a finales de mayo de este año, un tuit volvió a encender la llama de las protestas. El tuit que preguntaba ¿dónde está el dinero de Petro Caribe? popularizado mediante la etiqueta #PetroCaribeChallenge, llevó a los haitianos nuevamente a las calles para exigir una auditoría gubernamental.

Tras semanas de protestas, el Tribunal de Cuentas rindió un informe en el que determinó que al menos 14 exfuncionarios malversaron $3.800 millones del fondo entre el 2008 y 2016. Además, indicó que la empresa Agritans, dirigida por Moïse durante esos años, fue adjudicataria de contratos para construir proyectos bananeros y carreteras que nunca se concretaron, a pesar de recibir el dinero para tales fines.

Injerencia extranjera

¿Y por qué pasó a ser Haití la colonia más rica (llamada entonces Saint-Domingue) de Francia al país más atrasado de Latinoamérica?

Hay que empezar por decir que la independencia, en 1804, no solo se saldó con sangre de los esclavos negros que se levantaron contra la metrópoli y sus amos blancos. También tuvo que pagarla: Francia le impuso una deuda de $21 millones (en dinero actual).

Durante los dos siglos siguientes, los efectos de la deuda con Francia y los préstamos que Haití pidió a bancos franceses, alemanes y estadounidense para pagarla, empobrecieron al país y lo hicieron depender de las naciones que actuaron como sus acreedores, especialmente de Estados Unidos, que endeudó al país al darle préstamos de desarrollo extranjero con intereses que no podría pagar.

Esta dependencia monetaria desencadenó la ocupación estadounidense de Haití, que tuvo lugar después del asesinato del presidente haitiano, Jean Vilbrun Guillaume, en 1915.

El gobierno estadounidense, particularmente inquieto por la influencia económica alemana en la nación isleña y con el objetivo de “mantener la paz y estabilizar el gobierno haitiano”, estableció una ocupación entre 1915 y 1933, durante la cual, el gobierno norteamericano forzó la elección del candidato proestadounidense Philippe Sudré Dartiguenave y se aprobó un tratado por la fuerza, que permitió a los Estados Unidos tomar control de las finanzas haitianas, establecer una fuerza militar e intervenir en el país cuando lo considerara “necesario”.

Tres décadas después, Estados unidos envió $13 millones para reforzar el sector industrial en Haití; sin embargo, ese dinero fue usado por la dictadura Duvalier para financiar sus propias milicias (tontons macoutes), que aterrorizaron a los habitantes durante años.

En los años 1970, otra ola de injerencia estadounidense, impulsó un programa económico en Haití que incluía políticas neoliberales, las cuales basaban el futuro económico del país en la manufactura y el comercio.

Como parte del programa, se impuso una serie de políticas agrarias, como la reducción de las tarifas a los cultivos importados, las cuales terminaron por beneficiar a los granjeros norteamericanos y sacar a los haitianos de sus tierras.

Para el 2010 Haití, que en los años 1970 producía suficiente arroz para alimentar a toda la nación, importaba de Estados Unidos el 80% de ese grano.

Ese mismo año, después de que un devastador terremoto azotó el territorio, Bill Clinton, copresidente de la Comisión Interina para la Recuperación de Haití, y su esposa, Hillary linton, secretaria de Estado, prometieron al país un nuevo puerto que nunca se hizo realidad y un parque industrial que crearía 65.000 empleos, pero que en realidad desalojó 366 familias y logró habilitar tan solo 13.000 empleos.

Ayuda humanitaria

En el 2010, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) envió una misión de 7.000 soldados y policías para ayudar tras el terremoto. Tropas contagiadas de cólera contaminaron fuentes hídricas. Como consecuencia, se produjo un brote de esa enfermedad que acabó con la vida de 10.000 personas.

También salieron a la luz pública centenares de denuncias de abusos sexuales contra quienes fueron allí con el propósito de brindar “asistencia”.

La organización británica sin fines de lucro Oxfam también se vio envuelta en escándalos derivados de denuncias sexuales tras una publicación del diario The Times, donde se expuso que los enviados de Oxfam contrataron trabajadoras sexuales haitianas. En el informe presentado por la organización en el 2011 ‘no se descartaba que las trabajadoras sexuales fueran menores de edad’.

Por otra parte, el exdirector del Fondo de Asistencia Económico y Social (FAES) de Haití entre el 2012 y el 2015, Klaus Eberwein, indicó que solo el 0,6% de las donaciones internacionales por el terremoto fueron a organizaciones haitianas mientras que el 9,6% paró en manos del gobierno y el 89,8% restante fue enviado a organizaciones no haitianas, según un artículo del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag).

Ante la proliferación de organizaciones no gubernamentales para manejar los fondos por el terremoto, el Estado haitiano quedó poco a poco al margen. Quienes financiaron la asistencia, entre ellos Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional y empresas transnacionales, obtuvieron la eliminación de las barreras arancelarias lo que golpeó la producción interna y la economía del país.

De los 1.490 contratos adjudicados por Estados Unidos para reparar los daños por el terremoto, solo 23 se otorgaron a empresas haitianas, de acuerdo con el Centro para la Investigación Económica y Política (CEPR). Por ejemplo, un contrato entre la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y la empresa privada CHF para remover escombros en Puerto Príncipe fue por $8,6 millones.

Por otra parte, de los $379 millones donados por Washington a Haití tras el terremoto, 33 centavos de cada dólar retornaron a Estados unidos, 43 centavos de cada dólar se destinaron a organizaciones no gubernamentales como Save the Children. El gobierno haitiano no recibió dinero directamente, puntualizó la agencia de noticias Associated Press.

Además, la Cruz Roja estadounidense recibió donaciones por más de $500 millones, de los cuales, solo dos tercios del dinero se invirtió en esfuerzos de socorro y en la construcción de seis viviendas, según una investigación del medio norteamericano Pro Publica.

En cuanto a la ayuda internacional de otros países, la ONU para Haití informó de que de los $2.400 millones de financiación humanitaria por el terremoto, un 34% fue reembolsado a los organismos civiles y militares que donaron en respuesta al desastre, un 28% se destinó a las agencias de la ONU, el 26% fue adjudicado a contratistas privados, un 6% se presentó como servicios en especie para los beneficiarios. El gobierno de Haití solo recibió 1% y a las organizaciones haitianas no gubernamentales se les destino 0,4%.