Gobierno de Guatemala empieza diálogo con sectores, presionado por protestas

Ciudad de Guatemala. El gobierno de Guatemala comenzó este martes un encuentro de diálogo con diferentes sectores para definir el presupuesto del 2021, detonante de las protestas que exigen la renuncia del presidente Alejandro Giammattei y cuya aprobación fue suspendida por el Congreso.

“El objetivo de la reunión es escuchar propuestas provenientes de las asociaciones, centros de investigación y academia para una readecuación del presupuesto”, según la agenda presentado previo a la cita.

En la reunión, en el antiguo palacio de gobierno, también asistieron la cúpula empresarial, iglesias evangélicas y representantes de la estatal Universidad de San Carlos de Guatemala, aunque dos organizaciones declinaron participar por disconformidad con el formato del diálogo.

Giammattei inauguró el encuentro y luego se retiró del lugar, donde permanecieron otros altos funcionarios, incluido el ministro de Finanzas (Hacienda), Álvaro González, responsable del fallido proyecto de presupuesto que había sido aprobado por el Congreso la semana pasada antes de ser suspendido este lunes.

El proyecto presupuestario original desató indignación y rechazo en diferentes sectores, que reclamaron que el plan de gastos no tomaba en cuenta la lucha contra la pobreza -que afecta a 59,3% de los casi 17 millones de habitantes- y tampoco destinaba suficientes recursos a educación y salud.

Tras la aprobación del texto, miles de manifestantes abarrotaron el sábado las calles de la capital para exigir la renuncia de Giammattei, mientras otro grupo incendió oficinas de la sede del Parlamento.

La Policía reprimió las manifestaciones, incluidas algunas pacíficas y a las que asistían menores de edad, lo que provocó rechazo dentro y fuera de Guatemala.

Naciones Unidas, Amnistía Internacional, la Organización de Estados Americanos (OEA) y un grupo de países y organizaciones cooperantes con Guatemala lamentaron la represión y llamaron a un diálogo para buscar una salida a la crisis.

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Human Rights Watch criticó este martes la excesiva represión policial y pidió una investigación.

El Congreso unicameral, dominado por el oficialismo y partidos afines a Giammattei, había aprobado la semana pasada el presupuesto para el 2021 propuesto por el Ejecutivo por casi $12.800 millones, el más alto en la historia del país. Pero dio marcha atrás en su decisión ante la ola de rechazo popular.

Con la suspensión del trámite, los diputados tienen hasta el 30 de noviembre para aprobar un nuevo presupuesto, según la ley. De lo contrario, seguirá vigente el que rige en el 2020, por unos $10.390 millones.

Siguen protestas

Aunque las manifestaciones han bajado de intensidad, dirigentes indígenas se congregaron este martes frente a la Casa Presidencial, la antigua sede del gobierno y el Congreso, para exigir la renuncia del mandatario y los diputados.

“Que el presidente renuncie, ya hemos recibido tantos atropellos por parte de él, de todos los diputados (...) y que es lo que han hecho, burlarse de nosotros”, lamentó una dirigente indígena al dar un discurso en la manifestación.

“Tenemos que luchar y si ellos no nos van a escuchar el pueblo tomará otras decisiones, siempre nos tienen marginados”, comentó otro dirigente. Los indígenas representan más del 40% de la población.

También demandaron el cierre del llamado Centro de Gobierno, un “superministerio” creado por Giammattei y dirigido por un amigo personal suyo, que ha sido uno de los principales blancos de la inconformidad de los manifestantes.

En redes sociales circula otra convocatoria para este martes para criticar que el mandatario “solo hablará del presupuesto” y no de la precaria situación que vive el país por la pobreza, la pandemia del coronavirus y el azote de los ciclones Eta e Iota, que este mes dejaron una estela de muertos y desaparecidos en toda Centroamérica.

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La indignación de la población surge también por el manejo de la crisis sanitaria por parte de Giammattei, un médico de 64 años, así como el débil combate a la corrupción.

El mandatario ha sido criticado por su propio vicepresidente, Guillermo Castillo, la oposición y sectores sociales, que denuncian carencias en los hospitales y deficiencias para atender a los sectores más afectados por los confinamientos.

El Congreso aprobó en marzo préstamos por más de $3.800 millones para atender la pandemia, pero apenas 15% de esos recursos llegó a la población, según datos oficiales y de organizaciones fiscalizadoras.

Datos del Ministerio de Salud indican que el coronavirus ha dejado 4.099 muertos y casi 120.000 contagios en el país.