La jueza de distrito Margot Coleman dijo que se interrogará a Johnson sobre las posibles faltas de conducta en la función pública, cuando dijo que Gran Bretaña aportaba semanalmente 350 millones de libras ($442 millones) a la Unión Europea (UE).
Johnson fue uno de los activistas más prominentes a favor de la salida británica de la UE. El equipo de campaña colocó un cartel en el exterior de un autobús afirmando que si Gran Bretaña abandonaba la Unión Europea, el dinero que gastaba para pagarle a la agrupación debería ir al servicio de salud británico.
El director de la agencia de estadísticas de Gran Bretaña calificó tales afirmaciones como engañosas y "un flagrante abuso de las estadísticas oficiales".
Los abogados que representan a Marcus Ball, un activista que busca demandar a Johnson, pidieron a la Corte de Magistrados de Westminster que convoque al político. Ball y sus abogados aseveran que Johnson tergiversó intencionalmente los hechos en la campaña para el referendo y en los días previos a las elecciones del 2017.
El caso llega en un momento incómodo para Johnson, un político prominente en la contienda por la dirección del Partido Conservador y quien se prepara para convertirse en primer ministro si gana esa batalla.
La jueza manifestó en una declaración escrita que las denuncias contra Johnson son “no están probadas”, pero que corresponde emitir una citación.
“Ello quiere decir que el acusado tendrá que acudir a este tribunal para una audiencia preliminar y el caso será remitido a un Tribunal Real para juicio”, declaró.
Por medio de sus abogados, Johnson ha negado haber hecho algo ilegal.
Ball ha recaudado más de 200.000 libras para pagar su litigio contra Johnson. No se ha fijado fecha para la audiencia.
