Aparte de Rivas, las mismas sanciones afectan a un congresista guatemalteco, a un magnate dominicano y a otras 10 personas acusadas de violar derechos humanos y cometer actos de corrupción.
El presidente Donald Trump ordenó las sanciones para Rivas Reyes, el legislador guatemalteco Julio Antonio Juárez Ramírez, y el empresario dominicano Ángel Rondón Rijo.
Las medidas están amparadas en la Ley Magnitsky adoptada por el Congreso en el 2012.
“Hoy Estados Unidos adopta una postura enérgica contra el abuso de derechos humanos y la corrupción global al sacar a estos malos actores del sistema financiero estadounidense” , dijo el secretario del Tesoro Steven T. Mnuchin.
Estados Unidos dijo que funcionarios nicaragüenses han bloqueado investigaciones judiciales sobre la inmensa fortuna amasada por Rivas Reyes, pese a percibir un salario equivalente a $60.000 anuales. También lo acusa de perpetrar fraude electoral.
Las autoridades estadounidenses señalaron a Juárez Ramírez de haber ordenado un ataque que en marzo de 2015 dejó a dos periodistas muertos y a otro herido.
Según la Fiscalía General y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Juárez Ramírez habría contratado a sicarios para matar a un periodista quien, por medio de su trabajo, habría puesto en riesgo sus intenciones de postularse como diputado nacional. Un colaborador del periodista habría sido una víctima colateral.
Juárez, a quien le fue retirada la inmunidad y es investigado, ha mantenido que es inocente de los cargos.
Por su parte, Rondón Rijo ya fue arrestado y acusado por las autoridades dominicanas de recibir sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.Rondón ha sido desde el 2001 el representante comercial de Odebrecht en República Dominicana y es señalado de haber supuestamente distribuido millonarios sobornos entre funcionarios locales.
Es el principal acusado por la Procuraduría en el caso de corrupción de Odebrecht y está libre bajo fianza.
La legislación lleva el nombre del abogado ruso Sergéi Magnitsky, quien murió en prisión tras denunciar un fraude fiscal que involucraba a funcionarios rusos.
La ley Magnitsky fue ampliada el año pasado para permitir a Estados Unidos abordar violaciones a los derechos humanos en cualquier país, no solo en Rusia.
